Polo Democrático Alternativo

En medio de los aciagos de la corrupción política y administrativa empotrada en el Estado, las revelaciones y vínculos del paramilitarismo con funcionarios de alto nivel y un grupo importante de parlamentarios del gobierno Uribista, de la barbarie de la guerra que trunca vidas inocentes y la de quienes se atreven a la denuncia y a la elección de alternativas por la vía de la democracia, se yerguen manifestaciones y expresiones de movilización y protesta popular que auguran un leve resurgimiento del movimiento de masas a nivel nacional en contra del unanimismo y el embelesamiento uribista.

Las jornadas de movilización de los educador@s, sectores de la comunidad estudiantil y de los padres de familias, las centrales obreras y los Partidos políticos de oposición, además de sentar y mostrar sus voces de protesta contra la arremetida neoliberal engendrada en los proyectos de ley mal denominados Plan de Desarrollo y de Transferencias de recursos, demuestra que se ha iniciado una etapa de resurgimiento de la lucha popular que de saberse encausar, podrá ser promisoria en sus alcances y objetivos.

LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS

Esta gran jornada de movilización que los colombianos acaban de observar, obedece a la lucha de la comunidad educativa por preservar los recursos para educación y pretendidamente recortados por el gobierno Uribista con el Acto Legislativo 011/06.

El Título XII de la carta o Constitución Política Nacional reafirma en varios de sus artículos, la prioridad del gasto social en los servicios públicos básicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Los artículos 356, 357 y 358 de la CPN dan cuerpo al derecho de los municipios, distritos y departamentos de participar en las rentas nacionales y les asignan competencias en la ejecución del gasto social mediante la prestación de esos servicios; también previeron, inicialmente, que la participación de los entes territoriales debería aumentar hasta llegar a algo más del 42 por ciento en el 2001.

Recordemos que dos años antes de llegar a ese nivel, el gobierno del señor Andrés Pastrana Arango, con el argumento de garantizar el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica del país, modificó el anterior sistema por medio del Acto Legislativo 01 de 2001 que creo el Sistema General de Participaciones, desató las transferencias de los ingresos corrientes de la nación y en ese orden, determinó expresamente que el nuevo sistema crecerá en el mismo porcentaje de la inflación causada, más 2 puntos porcentuales en los 4 primeros años y 2.5 puntos porcentuales en los tres años siguientes, a partir de allí se regresaría a la fórmula anterior, lo cual ha significado que durante estos siete años se ha limitado el crecimiento de las participaciones o sea el gasto social, de tal forma que la mayor parte del aumento de los ingresos nacionales va para el gobierno central.

En este orden de ideas, la razón de ser de esta nueva reforma se origina en el no cumplimiento por parte del gobierno del mandato constitucional contenido en el parágrafo transitorio número 3 del artículo 357 de la reforma del 2001, el cual dice que, al terminar el período de transición el porcentaje de los ICN destinado para el SGP debe volver al nivel del 2001 o sea, a más del 40%.

EL ESTADO ACTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS

El pasado 30 de mayo, la Comisión primera de la Cámara de Representantes, al calor y en medio de una de las más grandes movilizaciones populares realizadas en nuestro país, aprobó en séptimo debate el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones o proyecto de A.L. 011/06 – Ley de Transferencias.

Esta aprobación, con una votación de 21 contra 11 a favor de la ponencia favorable de la coalición de gobierno, se sustenta en el espurio “ACUERDO NACIONAL POR LA EDUCACION” y que desconoce a varios de los actores principales de la problemática que representan las transferencias como lo son los educadores, los padres de familia, la comunidad estudiantil, los gobernadores y los alcaldes, quienes en últimas son los grandes afectados por el recorte de los recursos económicos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico; es decir, el pueblo colombiano.

Finalmente, la propuesta que se aprueba y pasa al último debate, adiciona un porcentaje diferencial al 1% para educación, sin que éste haga parte de la base de cálculo:

Valga resaltar, que si bien en este séptimo debate el gobierno y su coalición de gobierno con la anterior fórmula modificaron mínimamente la propuesta inicial adicionando algo de dinero para el sector educación (1.3%,1.6% y 1.8%), al final el resultado es nefasto, no sólo porque dichos puntos adicionales no hacen parte de la base de cálculo, se sigue en la línea del Acto Legislativo 01 de 2001 en el sentido de que las transferencias sigan dependiendo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación y no de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), sino que también, definitivamente se rompe la transitoriedad y no se manifiesta en ninguno de sus apartes que en el 2017 se regresa a la fórmula establecida en la Constitución del 1991..

En síntesis, podemos decir que el recorte a las transferencias partiendo de lo que está preceptuado en la Constitución Política de 1991 y lo establecido en los Actos Legislativos, es monumental:

EL URIBISMO DESCARNADO

Cada día que transcurre el presidente Uribe destapa más claramente sus cartas: Los colombianos nos enteramos y pasamos de las “chuzadas” indiscriminadas y escandalosas, al huracán noticioso de la parapolítica (son ya 14 los parlamentarios detenidos, también cuatro diputados, dos gobernadores y más de veinte personas llamadas a rendir cuentas ante la Fiscalía General de la Nación; en el mismo sentido, se avizoran nuevos datos y nuevos implicados en las versiones libres de los jefes paramilitares, como también comienzan a aflorar la vinculación de sectores de las Fuerzas Armadas y sectores empresariales con los grupos paramilitares), y de éstas a las propuestas de excarcelación, paz y acuerdos humanitarios.

En medio de todo este escenario grotesco, también el señor Uribe falta a la verdad una vez más y en esta ocasión frente a un aspecto bastante sentido por la sociedad: La ley de transferencias, él y su ministra de educación señalaron en medio de la lucha que realizábamos los educadores y por todos los medios de comunicación que “Es mentira que el gobierno vaya a recortar los recursos de educación”, “Con la aprobación de la ley de transferencias el sector va a ganar plata”.

Frente a este último aspecto, no se requieren hacer mayores esfuerzos para demostrar que el presidente Uribe y su ministra de educación mienten descaradamente, pues las cifras nos demuestran que no hay equívocos, los estudios señalan que a partir de 2007 los ICN aumentan 6% por año, en términos reales, crecimiento muy inferior al reciente (cercano al 8%) y menor que el promedio de los últimos 25 años (6.6%); y que el SGP crece 3.5% en 2009 y 2010 y 2% de 2011 en adelante.

En igual sentido, mienten el presidente Uribe y su ministra de educación frente al caso de las universidades públicas, por cuanto a través del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo –PND- trasladan por medio de la figura de la “concurrencia” parte de la obligación del gobierno central de atender los pasivos pensionales a los débiles presupuestos de las instituciones de educación superior, dándoles así un recio golpe.

Como se ve, la propuesta gubernamental marchita a perpetuidad la participación de los entes territoriales en los ICN y también el porcentaje de gasto social en educación, salud, agua potable y saneamiento ambiental. Atenta contra vértebras fundamentales de la Constitución Política Nacional, como la autonomía de las entidades territoriales y el gasto social; y subestima la gravedad de la situación de los servicios públicos básicos de educación y salud.

Según la propuesta del gobierno, en 2030 al SGP le correspondería sólo el 13.7% de los ICN y el compromiso constitucional con la educación habrá bajado a 7.7% de los ICN, mucho menos que lo aprobado en el plebiscito de 1957; en otras palabras, el gobierno central retiene y se embolsillará para su estado comunitario, su seguridad democrática y las repartijas en los consejos comunitarios, todos los recursos que le quita a educación y salud y de contera seguirá avanzando más y más en el proceso de recentralización del gasto y con ello, lógicamente, el cambio del modelo de Estado descentralizado.

ENTORNO Y CONTEXTO DEL PARO

El movimiento huelguístico del magisterio, fue organizado por la Federación en medio de una situación compleja y de crisis del movimiento sindical y social, que sin desconocer las acciones esporádicas de los indígenas, la gran jornada contra el Referendo Uribista y las protestas contra la aprobación del TLC, todos conocemos y vivimos el reflujo del movimiento de masas por el que estamos pasando. A lo anterior no escapa el sector del magisterio organizado en la FECODE y de lo cual todos –en sus justas proporcionalidades- somos corresponsables.

En particular, esta lucha magisterial se desarrolla también en un marco complejo: un gobierno neoliberal, caudillista y mesiánico, entregado al gran capital y al narcoparamilitarismo, considerado por tirios y troyanos como uno de los más clientelistas, politiquero y postrado a la diestra del imperio norteamericano, débil con sus secuaces y cómplices y represivo con las exigencias y peticiones de los sectores populares. En este contexto, se “decretó” el Paro Nacional Indefinido. Señalo “decretar” por cuanto todos éramos conscientes del grado de dificultades que teníamos que afrontar tanto al interior como externamente. Nadie puede desconocer que las condiciones objetivas con creces estaban dadas, pero que la situación subjetiva, particularmente en la base gremial era endeble e insostenible a corto y mediano plazo.

La Federación viene en un proceso de desgaste, durante el cual, en los últimos tres años, no hemos podido enfrentar y golpear al gobierno neoliberal, ganándole y/o deteniendo sus políticas represivas; en donde la educación pública y el magisterio lo han vivido en carne propia a través de la aplicación de los nefastos contenidos de la Ley 715 de 2001 y su andanada de decretos reglamentarios; entre otros aspectos vale resaltar:

 Estancamiento del desarrollo e implementación de la Ley 115 o Ley General de la Educación.
 Reforma al escalafón nacional docente contemplado en el decreto 2277 de 1979.
 Implementación de un sistema de evaluación sanción.
 Recorte de la jornada nocturna en los establecimientos educativos oficiales.
 Conversión y supresión de cargos docentes-directivos.
 Fusión de instituciones educativas.
 Congelamiento del servicio educativo de orientación escolar.
 Desprofesionalización de la carrera docente, creando condiciones de inestabilidad laboral para los nuevos educadores a través del Estatuto de la Profesionalización Docente o Decreto 1278 de 2002.
 Restricción de los traslados a los docentes con el Decreto 3222 de 2003.
 Eliminación de los estímulos de tiempo doble con el Decreto 1171 de 2004 que golpea la asignación de zonas de difícil acceso.
 Entrabamiento de los ascensos de los educadores a través del cambio en los efectos fiscales para la obtención de la retroactividad de los mismos y su dependencia a las disponibilidades presupuestales con el Decreto 1095 de 2005.
 Y como si fuera poco lo anterior, determinación de los incrementos salariales anuales por decreto gubernamental y a su arbitrio.

PROYECTO SINDICAL PERTINENTE

Si partimos de que “todavía existe la posibilidad de arrebatarle la victoria a las garras de la derrota” , lo primero que debemos entender y aceptar autocriticamente es que hay una crisis y que tenemos que enfrentarla de la mejor manera. En tal sentido, requerimos que nos preguntemos si los métodos de trabajo y los diseños táctico-estratégicos seguidos fueron los acertados. Si por ejemplo, sigue siendo válido que la toma de una decisión tan trascendente para la vida de la Federación pero particularmente, para la base magisterial y el conjunto de la comunidad educativa, como lo es la aprobación de un PARO NACIONAL INDEFINIDO, se lleve a cabo simple y llanamente a través de la opinión –importante pero no representativa en estos casos- de las juntas directivas de los sindicatos regionales y en algunas casos sólo del presidente, la cual, muchas de los veces obedece y responde más al sentir y posición del grupo político que se represente, que al magisterio de donde proviene.

Creemos que es particularmente significativo todo lo acontecido durante la realización de esta importante jornada de lucha y en ese orden de ideas, nos corresponde hacer unas notas a manera de balance de sus resultados con el único objetivo de aportar y asimilar esta valiosa experiencia.

Consideramos que la fase de preparación del paro fue demasiado incipiente y en parte, los directivos y activistas fueron sordos frente a algunas voces disonantes que aparecieron y que se debían sopesar y canalizar, especialmente en regiones de suma importancia a la hora de impactar y tener presente como referente en la opinión ciudadana y magisterial, entre esas se destacan los casos de Bogotá (a pesar de las condiciones particulares que se viven en materia gubernamental –Alcaldía de Lucho y Secretaria de Educación con Abel), Antioquia y Cundinamarca.

De igual forma, hay que presentar una opinión en cuanto hace a los objetivos del paro, tal cual como estaban diseñados, poco era el margen de movilidad que permitían para una posible negociación; parecería que se estaba jugando nuevamente a la política del todo o nada, desconociendo la realidad objetiva que se presentaba no solo en la misma base magisterial que respaldaba y participaba en la huelga, en el movimiento de masas, la comunidad educativa, la correlación al interior del Congreso de la República, sino también la actitud y posición del gobierno Uribista.

Ha llegado el momento para que los dirigentes, activistas y la base magisterial nos preguntemos ¿Que tipo de Federación necesitamos los maestros en el actual periodo, pero también que tipo de Federación exige la sociedad colombiana? Pregunta pertinente tanto desde la lógica sindical y educativa como desde el ámbito social, ávido por la recuperación del liderazgo de los movimientos sociales para que asuman su papel transformador de este modelo socio-económico y político en crisis.

En este sentido, habrá que empezar por el principio: explorar la real situación de los sindicatos y ello significa nada mas ni nada menos que investigar INTERESES Y NECESIDADES de los afiliad@s, cómo se han modificado esos SATISFACTORES, en virtud de algunas variables como percepción sobre la dirección y la eficacia actual de la lucha, edad y retiro por pensión, rol de los pensionados, nuevas expectativas en razón familiar, condiciones materiales e ideológicas, relación con el entorno. Significa dar respuesta a las demandas objetivas de los afiliados, articular intereses de la base y la dirección. Significa diseñar consensualmente nuevas estrategias de lucha, es adecuar nuestra estructura organizativa a las mismas, es recuperar la iniciativa frente al estado y la sociedad, es asumir la dinámica política y social como líderes de la comunidad para abanderar en su entorno social el trabajo cívico y cultural, es construir convivencia y ciudadanía, todo ello en un diseño de nuestra acción en términos de un PLAN DE DESARROLLO SINDICAL ESTRATEGICO, que rebase el coyunturalismo, supere el reflujo sindical, el economicismo como paradigma de lucha y recupere la credibilidad. La estructuración de este plan, debe desarrollarse en el marco de un proyecto de investigación social seria y rigurosa con la asesoria de expertos pero con la participación del colectivo de docentes del movimiento pedagógico (CEID) en una metodología de IAP, pero también de una Constituyente Sindical que concite la atención de la inmensa mayoría del magisterio, que de por sí generaría una dinámica y movilización positiva. ¡Es tiempo de revisarnos por dentro!

CONSTITUYENTE PEDAGÓGICA SINDICAL

Repensar a FECODE exige un evento de pensamiento colectivo, con dos objetivos fundamentales: precisar un verdadero diagnóstico y diseñar un proyecto sindical pertinente. Un evento con la dimensión de una constituyente pedagógica-sindical, podría contribuir en este propósito, pedagógica por razón tanto metodológica en la realización de talleres rigurosos y descentralizados como por la profundidad y objetividad en el análisis sindical.

Se hace necesario programar desde el último rincón del país hasta su capital, el encuentro de docentes en un sincero examen de la percepción sobre nuestra organización, nuestros dirigentes, sus tácticas y en general consensuar entre todos, la verdadera situación de FECODE y sus perspectivas hacía las próximas décadas.

No se trata ni de un encuentro más ni tampoco de un congreso extraordinario, se trata de un alto en el camino, de una reflexión colectiva, con la exigencia de un sistema de investigación social, con espíritu constructivo, que permita a los educadores participar del diseño de un nuevo proyecto político-pedagógico-sindical que necesita nuestra Federación.

Mas allá de un evento pedagógico cerrado, lo que aspiramos con la realización de estos eventos cívico-políticos es generar una nueva forma de movilizarnos al lado de la comunidad, es salir de las aulas a un espacio público sin perder la lógica de la acción pedagógica, es avanzar a una protesta inteligente con mayores indicadores de impacto; es dictar clases de ciudadanía a los estudiantes y padres de familia, a los líderes comunitarios en convenio con las organizaciones sociales, en la plaza pública, en la calle, en el polideportivo, es el desarrollo de una pedagogía crítica pero, también la protesta abierta con el consentimiento de la comunidad; esto es “Aula Abierta”.

Creemos que es la hora de hacer una reflexión, como decíamos líneas anteriores, para evaluar objetivamente todos los aconteceres de la Federación, en una mirada macro que posibilite extraer y resaltar lo positivo que se tiene y se hace, pero también lo negativo.

Consideramos que la Federación no puede quedarse rezagada en el tiempo, hoy estamos viviendo momentos diferentes, si bien es cierto que el gobierno del señor Uribe y sus políticas neoliberales, fondo monetaristas y de genuflexión ante al gran capital y el gobierno norteamericano, han pauperizado más y más a la población, también es cierto que nuevos escenarios han aflorado en la geografía nacional que vale tener en cuenta y aprovechar, Vg., el surgimiento del Partido Polo Democrático Alternativo, el rol de oposición que juega –convenientemente- el Partido Liberal, el resurgimiento del movimiento estudiantil en su conciencia de lucha ciudadana y la opinión favorable en el contexto internacional a favor de la verdad, contra el narcoparamilitarismo y la parapolítica, por un acuerdo humanitario, la solución política al conflicto colombiano y la paz.

En razón de lo anterior tenemos que reformular el movimiento pedagógico como estrategia político pedagógica de los educadores que permita fortalecer ideológicamente y determine la activación de la movilización, desarrollando los componentes de ciudadanía, derechos humanos y convivencia, bajo un nuevo esquema táctico y que redunde en acciones efectivas al lado de la comunidad educativa.

Transformar el espacio interno de la institución escolar, dirigido a los estudiantes como núcleo fundamental de nuestro quehacer pedagógico y como potenciales lideres sociales, recuperando una vieja estrategia de organización política de la juventud.

El trabajo con los padres de familia será el escenario de mayor impacto social, el cual a través de la estrategia de escuela de padres, permitirá proyectar nuestra acción hacia la comunidad, captando el apoyo y el reconocimiento de los líderes sociales y comunitarios.

Los convenios o acuerdos con las instituciones de educación superior se constituyen en el puente entre la escuela y la comunidad académica universitaria, tan necesaria para darle calidad y el énfasis investigativo a la cultura escolar.

Todo lo anterior tiene la doble intencionalidad de fortalecer una conciencia crítica y, sobre todo, generar una amplia movilización de los actores educativos y sociales en un proyecto de largo aliento que redundará por supuesto en efectos reorganizativos de nuestro gremio como su proyección política y social.

CONCLUSION FINAL

Se suspendió o se levantó el paro (al final es lo mismo), y corresponde seguir desarrollando las tareas programadas en la perspectiva de buscar el diálogo con el gobierno para mirar la posibilidad de una negociación. Sin embargo, pensamos que ésta no está a la vuelta de la esquina y que la decisión del señor Uribe y su Ministra de Educación al no propiciar un acercamiento con la Federación –entre ello las propuestas de los puntos adicionales-, sólo tiene como propósito desconocer y tratar de quebrar el sindicato, en tanto y por cuanto, a pesar de la crisis que viva hoy, saben que esta organización gremial sigue siendo un bastión de lucha.

Reconocer que dicha suspensión y/o levantamiento se dio en su justo momento, antes que se golpeara al magisterio y se deteroriora más la base que sostenía el movimiento. En este sentido creo que las declaraciones dadas por el presidente de FECODE, Witney Chávez, hablan por si solas: “Quedamos en una posición relativamente débil, pero el país sabe que las marchas pueden volver en caso de que el gobierno no acepte negociar”

Uno de los aspectos a mirar con la suspensión-levantamiento del movimiento es lo correspondiente a las no represalias, particularmente en cuanto hace a los descuentos, aunque también sabemos que dado el proceso de certificación, este asunto tendrá que trabajarse en muchas regiones con los gobernadores y los alcaldes de los municipios certificados.

Y no puede faltar, lo del principio constitucional que la educación es un derecho fundamental y entonces, entendiendo que el interés de los niños y las niñas está por encima de los demás, se requiere organizar y concertar conjuntamente con el magisterio y las autoridades gubernamentales respectivas, un plan de reposición del tiempo dejado de laborar, no como una visión administrativista y/o formal, sino como una situación de convicción con nuestros principios.

De igual forma, resaltar una vez más el papel jugado por los estudiantes de secundaria y las universidades públicas que nos recuerda en su contundencia, decisión y civilidad a las recientes gestas realizadas en Santiago de Chile por el movimiento estudiantil de los “pingüinos.”

Así mismo, esta grandiosa movilización nos deja como lección el que la lucha sindical para que gane en protagonismo y alcance, debe estar ligada y soportada en la lucha por un proyecto social y político amplio (PDA), que se plantee rescatar y dignificar la política como un servicio social ciudadano, cuyo fundamento principal sea fortalecer la expresión social en lo político; en razón de ello, nos corresponde que entendamos que la lucha continua y tiene que trascender en y más allá de la coyuntura política electoral del próximo 28 de octubre, en donde debemos posicionarnos.

Con el anterior entendido, definitivamente queda claro que la defensa de la educación pública es un problema social que involucra a la sociedad toda a través de la comunidad educativa, y como tal nos exige y compromete en el propósito de generar un gran movimiento social a favor de ésta causa.

Finalmente, lo atinente a hacer un reconocimiento al magisterio que a pesar de todos los obstáculos, respaldaron y decidieron participar en el paro y las gloriosas marchas en las capitales de los departamentos y hacia Bogotá.

* Rafael Cuello fue directivo de Fecode. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Polo.