Polo Democrático Alternativo

Es una propuesta que interfiere unos procesos judiciales en curso. Uribe vuelve por la idea de una ley de impunidad. Ya no le sirve la ley de justicia y paz, con las clarificaciones que introdujo la Corte Constitucional para hacer obligatoria la confesión.

La propuesta muestra algo evidente: la divulgación de la verdad incomoda al poder. Parafraseando al político francés del siglo XIX que decía: la legalidad nos mata, aquí se puede afirmar que para el régimen colombiano: “la verdad nos mata”

Uribe ofrece soltar unos guerrilleros el 7 de junio, sin ofrecer explicación alguna. No dice ni una palabra de los secuestrados, ni del Acuerdo Humanitario. No se trata, por lo tanto, de un canje.

Al contrario, reafirma que “la liberación no significa renunciar al rescate militar”. No podemos aceptar semejante propósito real.

El objetivo de esta confusa propuesta es la excarcelación de los paramilitares y narcoparapolíticos que confiesen, aunque no se les levanta la responsabilidad penal y tendrán “muerte política”.

La muerte política los inhabilita, pero la excarcelación los convierte en activistas para las elecciones de octubre y para las del 2010, cuando Uribe intenta su segunda reelección.

Esta propuesta se inscribe en la estrategia uribista de legalizar los aparatos y activistas de la narcoparapolítica. Pero ahora se trata de blindar, frente a la incómoda verdad, a los empresarios, “Cacaos”, transnacionales, jerarcas militares, parlamentarios uribistas y altos funcionarios del régimen, vinculados al financiamiento y organización del paramilitarismo en las confesiones de Mancuso y otros.

¿Que pueden ganar la verdad, la justicia, las garantías de no-repetición? Nada.

Esta propuesta diversionista y distractora no puede hacer perder de vista la urgencia de llegar al fondo de todo lo que ha ocurrido. Se necesitan garantías reales para que la plena verdad sea establecida, los responsables castigados y la víctimas reconocidas y dignificadas.

No basta saber la verdad. Deben producirse cambios políticos. Depurar el DAS, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Desmontar el fraude electoral estructural, apuntalado en el narcoparamilitarismo y la complicidad oficial. Establecer un estatuto de garantías a la oposición.

Se necesita un gobierno democrático en capacidad de responder afirmativamente por los derechos y libertades, por la búsqueda de la paz, por la solución de las necesidades populares. No es el caso del actual gobierno, enredado y sucio en su propia corrupción y criminalidad.