Algo queda absolutamente claro, después de escuchar la lapidaria intervención del sicoanalista Luis Carlos Restrepo, en desarrollo de su papel como Alto Comisionado de Paz del Gobierno, en el debate del pasado martes 27 de Noviembre en la plenaria del Senado sobre la mediación fallida del intercambio humanitario; para la administración Uribe los secuestrados no importan. Su propuesta de intercambio dirigida a las FARC luego de haber cancelado la mediación del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba es un acto de soberbia inexplicable en medio de un conflicto armado que esta lejos de ganarse o un gesto de impotencia increíble, dada la enorme responsabilidad del Estado en el caso de la integridad de las víctimas del secuestro. Pues si bien, el Estado no los secuestro, el Estado si tiene la obligación de procurar por todos los medios a su alcance, incluyendo la salida negociada de un acuerdo humanitario, su retorno sano y salvo a sus hogares. El Comisionado terminó proponiendo a la guerrilla, o mejor, a los mandos medios de la misma, que se desmovilicen, renuncien a su organización, entreguen sus armas y de paso, entreguen los secuestrados que se encuentren bajo su poder bajo la promesa de beneficiarse de los beneficios de la ley de Justicia y Paz. La propuesta resulta increíble y hasta risible, si no fuera, porque además de inaceptable para una organización que ha demostrado unidad de mando, una agenda de negociación uniforme y que difícilmente se encuentra a punto de desplomarse internamente, semejante iniciativa no es otra cosa, que una condena gubernamental a los secuestrados y sus familias a perpetuar su cautiverio hasta nueva orden. La oferta del Gobierno deja en manos de la guerrilla de las FARC y de la descomposición de sus jerarquías internas el retorno de los secuestrados a sus hogares, magro destino nos espera entonces. Lo anterior mientras se canceló una mediación internacional que comprometió a dos jefes de Estado, que además había logrado remover asuntos de tanta trascendencia, como el involucramiento del propio Departamento de Estado a través del tema de los guerrilleros Sonia y Simón Trinidad, que estaba conduciendo a las FARC ó sus emisarios a escenarios de negociación, tanto en Colombia como en el exterior… en fin, que estaba abriendo caminos bajo el entusiasmo piadoso de una negociación que se veía posible en el mediano plazo. Pero este escenario resultó de un voltaje demasiado alto para el Gobierno Nacional que prefirió evitar una llamada telefónica a sus generales, importunados por la pregunta de un mediador internacional, que además es el jefe de Estado de Venezuela, que resolver la verdadera y humillante angustia de las familias de las víctimas de este conflicto. De este tamaño es la nobleza y el sentido de responsabilidad de este Gobierno, que es capaz de delirar con la entrega unilateral de los secuestrados, con el sólo propósito de no ver mancillado su orgullo, ligado a la tranquilidad de sus oficiales, sin importar el costo. No sobra señalar que igualmente las FARC, seguramente bajo el fuego de la guerra aérea de la Seguridad Democrática, igualmente se entierran una vez más con sus cautivos en la selva, bajo el inaceptable e inhumano postulado de negociar con rehenes vivos ó muertos, la redención de una causa que se desconfigura inevitablemente bajo la lógica de un prolongado crimen de guerra.