“Lo que estamos haciendo aquí es luchar por la legalidad (...) y lo único que sé es que tengo que asumir la responsabilidad que me compete, y que no puedo permitir que se sobreponga el interés particular sobre el interés general”, declaró Garzón 24 horas después de que la resistencia civil de los vecinos de Floresta de la Sabana, más una serie de acciones jurídicas de sus abogados, hicieran fracasar una diligencia de la alcaldía de Usaquén para demoler dos casas y la portería de la citada urbanización.

El Alcalde dijo que la única preocupación jurídica que tiene el Distrito en este momento es que “no haya un fuego amigo” entre la Fiscalía y la Personería Distrital en el punto de que se pueda producir “una intervención que atente contra la población”.

La Personería sostuvo la tesis de que entrar a los predios para demoler construcciones ilegales sin previo aviso constituye allanamiento. Mientras que para la Fiscalía fue un intento de ejecución de un acto administrativo por parte de una autoridad competente.

Ayer el personero Distrital, Herman Arias, le envió una carta al Alcalde en la que dice “respaldar la demoliciones de viviendas ilegales, pero no violando los derechos y poniendo en peligro la integridad de las personas” que viven en ellas.

Y en esa misma comunicación, Arias exige la adopción de un “protocolo de actuación” para que este tipo de diligencias “no se vuelvan a realizar en forma improvisada”.

Abogados de la Alcaldía Mayor analizaban anoche la petición de Arias. No obstante, Garzón reiteró que “los que construyeron sin licencia saben que actuaron de forma ‘non santa’ y que tienen que asumir su responsabilidad”.

Tras lo cual hizo una diferenciación con las invasiones a los cerros de personas sin recursos. “No es lo mismo un pobre o un desplazado que llega a vivir en un cambuche en unos predios sin saber si tiene o no licencia, que una persona que le mete 1.500 millones a una casa y que construye sin licencia, a sabiendas de que no puede hacerlo”.

“Por eso -agregó- yo no voy a demoler casas de personas que no tengan alternativas de vivienda”.

Arias “rechazó” este planteamiento de Garzón destacando “la obligación que nos asiste de respetar los derechos de todos los sectores de la sociedad, independientemente de su condición socioeconómica”.

En Floresta de la Sabana hay al menos 89 casas sin licencia de construcción, y la mayoría sobre la reserva forestal de los cerros orientales.