Polo Democrático Alternativo

Por: Camilo González Posso

El viernes 11 de julio a las 2 de la mañana los habitantes de varias veredas del municipio de El Bordo – Patía, en el sur del Cauca, fueron despertados por un grupo armado ilegal sin identificación visible que estaba de ronda haciendo detenciones de campesinos “sospechosos de colaborar con la subversión”. Esa noche se llevaron a Manuel Garcés, Rusbell Gómez y Edilmo Papamija y los trasladaron a un campamento ubicado en la vereda La Mesa. “Vamos a investigarlos”, dijeron los integrantes de ese grupo que según algunos dirigentes agrarios es parte de la “nueva generación de paramilitares” que operan en la cordillera occidental y en la costa pacífica caucana y nariñense.

La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta sobre esta situación que involucra a otros municipios. En las últimas semanas se llevaron a 6 campesinos de Argelia y hay permanentes informes del aumento del control de grupos similares en Guapi, Timbiqui, El Charco y veredas de Tumaco. La Misión de la OEA ha visitado la región y se ha llamado a organismos internacionales humanitarios y defensores de derechos humanos a actuar para defender la vida de los campesinos secuestrados. Desafortunadamente ni la alerta previa ni la alarma ante la gravedad de los hechos han motivado medidas efectivas.

La MAPP/OEA, que tiene buena gente en terreno, se torna inoperante porque Caramagna y sus superiores están ocupados en vericuetos diplomáticos para no molestar al gobierno con hechos que muestran la reproducción y emergencia del fenómeno narcoparamilitar. Los hechos de la vereda El Convenio no caben en la tesis que acoge el último informe del Secretario General de la OEA, señor Insulza, según la cual desaparecieron los paramilitares y solo quedan bandas emergentes de narcotraficantes. Lo cierto es que ahora como antes estamos ante grupos armados cuyo objetivo central son los negocios ilícitos, cuidado de laboratorios, rutas y de procesos de apropiación de tierras y de lavado de activos en macroproyectos. Y ahora como antes, aunque en forma diversa según la zona, esos grupos prestan servicios de “orden” persiguiendo especialmente a los líderes y a comunidades que no se ajustan a sus planes de control territorial. Además, si en la década anterior a las desmovilizaciones masivas un objetivo militar de los narcoparas era la población civil acusada de “guerrilla con traje civil”, en esta nueva ola tampoco la pauta es el combate entre neoparas y guerrilla.

En las regiones del Cauca y Nariño donde se están presentando los patrullajes y retenciones, el objetivo es atemorizar a los campesinos y también a comunidades afrodescendientes e indígenas para subordinarlas a sus proyectos y de paso ofrecerles a las autoridades una colaboración en la guerra a cambio de favores en otros negocios. Como antes, esos tratos con algunos agentes estatales y parapolíticos en un lado, no impiden que en otro tengan pactos pragmáticos con frentes guerrilleros.

Pero dejando de lado reflexiones sobre el fenómeno en general, lo urgente es que se requiere una respuesta que contenga lo que está pasando y que tiene entre el secuestro y la muerte a campesinos inocentes como los de la vereda El Convenio en el corregimiento de Bello Horizonte.