Por: Sebastián Mira Alzate
Estudiante de Ciencia Política
Un proyecto político es el conjunto de planteamientos y directrices que enmarcan una serie de procedimientos de carácter político y que presuponen la existencia de un grupo de personas con intereses similares, los cuales buscan el poder político para desarrollar su proyecto. Podríamos afirmar que este grupo de personas con uno intereses comunes, generalmente tienen una posición y un reconocimiento especial dentro de la sociedad. Hacen parte de las diversas esferas sociales y tienen una posición dominante en sus diferentes escenarios, llámese político, económico, militar, etc, ellos conformarían lo que técnicamente se denominan “élites”. Según lo expuesto por Saturnino Sepúlveda Niño “La élite colombiana se puede definir como un macrosistema sico-socio-político y clasista, cuyo objetivo es el control del poder como medio para mantener la sacralizad de las instituciones en provecho de sus miembros. Es por consiguiente una entidad social estructurada y operacionalizada en el comportamiento standarizado de los incumbentes de las altas posiciones de las instituciones que encarnan fuerte concentración de poder político, económico, militar, religioso y comunicación de masas”1.
En el caso particular del proyecto político de la Seguridad Democrática, nos queda clara su esencia absolutamente elital, al analizar las palabras de la ministra de defensa Marta Lucía Ramírez, quien afirma que en la redacción del texto del proyecto participaron activamente militares, políticos, empresarios2 y representantes de los distintos sectores dominantes del país. Del mismo modo el proyecto político de la Seguridad Democrática, surge como la necesidad de esas élites de recuperar el “statu quo” que venían perdiendo por la fuerte incursión de los grupos armados ilegales en el panorama nacional, quienes con la utilización de métodos violentos tenían en jaque la institucionalidad del país; en ese sentido el proyecto político “se erige como intento por recuperar el control del Estado que las élites tenían conciencia de haber perdido, por lo menos parcialmente”3.
Es así, como en la baraja de candidatos que se disputaban laprimera magistratura del país, para el período 2002-2006, aparece un controvertido personaje, provinciano de estirpe montañera, político recorrido, preparado en el exterior para ser presidente de los colombianos. Desde que fue gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, se destacó por su espíritu autoritario y por el carácter militarista de su gobierno, igualmente cuestionado por su simpatía con los “ejércitos privados” –las llamadas Convivir- que con todo ahínco y decisión respaldó. “Mano dura, corazón grande” fue su lema de campaña, que lentamente fue pegando en las masas, convulsionadas por la oleada violenta y que materializaron su respaldo al candidato del orden y la seguridad, quien con una propuesta contundente, acabar con la guerrilla, logró el favor popular.
De esta manera, el ungido presidente, aparece como un Mesías, rodeado de divinidad, era el enviado por Dios para acabar con los males del país. Este fenómeno es permitido gracias, gracias al irrestricto respaldo de los principales medios masivos de comunicación y de todo el manejo mediático que se hace en torno a la figura del presidente.
La anterior referencia, a la principal cabeza visible del proyecto político de la Seguridad Democrática, se hace fundamental, puesto que su figura ha generado toda una suerte de expectativas y sin duda cierta unanimidad entre la clase dirigente, hasta el punto de conformar un partido en honor a él y acuñar el término “Uribismo”, que de alguna manera nos trae a colación recuerdos de importantes líderes caudillistas y nos pone a pensar en Uribe como alguien que para bien o para mal dejará una huella imborrable en la “sui generis” historia política de Colombia.
Ahora bien, retornando al tema del proyecto político de la Seguridad Democrática, podríamos decir que “es un proyecto de estirpe conservadora en tanto que aspira a recuperar y entronizar en la dirección del Estado los valores que tradicionalmente han defendido las élites dominantes”4 y que de algan manera “llama la atención el interés hiperbólico por la persona del presidente”5, esto es innegable por lo que hemos venido comentando y aún más por las palabras del mismo presidente en el texto del proyecto político cuando afirma: “Recuperar el orden y la seguridad- requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este gobierno”6. Es indudable el carácter conservador de este proyecto, pues en todos los lugares y documentos, en que se hacen referencias al mismo, es natural encontrar términos propios de esta ideología7, como recuperar, conservar, seguridad, derrotar, etc, y no sólo eso, políticamente hablando la palabra “conservador” denota el pensamiento y actuar político de corte derechista, por lo que derechista y conservador los asumiríamos como sinónimos. En consecuencia, al revisar los acompañantes, asesores y defensores de esa política, encontramos básicamente adeptos de la ideología y postulados conservadores.
Un hecho que me parece contradictorio con lo expuesto por el presidente de la República cundo dice que “la Seguridad Democrática…. no hace suyas concepciones de otras épocas…. que partían de considerar a un grupo ideológico o partido político como enemigo interno…”8, es la sistemática y reiterada acusación, además infundada, que el presidente hace a miembros de la oposición, especialmente del Polo Democrático, a los que tilda de guerrilleros vestidos de civil, apátridas o comunistas disfrazados, lo que deja en evidencia la intolerancia política del mandatario y el carácter hegemónico de la Seguridad Democrática, en la que de alguna manera “el que no está conmigo, está en mi contra”, dejando por el suelo lo democrático de este proyecto político. Otro suceso preocupante, que es importante resaltar, va en dirección del desconocimiento que se ha tenido en la formulación del proyecto político, de dos factores trascendentales para las democracias contemporáneas como lo son el Estado Social de Derecho y la supremacía constitucional, pues pareciese que los ilustres redactores del manifiesto de la Seguridad Democrática, estuvieran olvidando los incipientes avances que en materia social se lograron con la constitución del 91 y su consolidación como un Estado Social de Derecho. Deberían atender a lo sentenciado por la Corte Constitucional, en el sentido de que “el término social agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del Derecho y del Estado”9. Igualmente ocurre cuando dicen que el “imperio de la ley, garantizará la participación activa de los ciudadanos”10, pasando por alto el importante logro de los Estados modernos al asumir la supremacía constitucional como garante de las libertades reales y del respeto por la independencia de los poderes. Son dos elementos de juicio que aparentemente pueden no significar mucho, pero que pueden tener un trasfondo político muy importante.
Por otra parte, un aliado significativo para la Seguridad Democrática en particular y para las políticas del presidente Uribe en general, ha sido el manejo mediático que se ha hecho de todas las actuaciones y realizaciones del gobierno, claro está, con el acompañamiento permanente de los principales medios masivos de comunicación del país, quienes atendiendo a la petición del presidente de “actuar con responsabilidad a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la seguridad de todos”11, prefieren ocultar, antes que denunciar, con lo que no haría falta imponer alguna clase de censura, pues los medios pro-gobierno han asumido una actitud de autocensura. Prueba del manejo mediático de los hechos, inclusive de los más lamentables y que podrían poner en tela de juicio la Seguridad Democrática, tiene que ver con el dominio que dio el propio presidente, con el acompañamiento de los asesores de prensa, del intento fallido de rescate del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri, quienes perecieron en el fatídico suceso. María Jimena Duzán lo plasma contundentemente: “luego de una breve introducción hecha por el presidente, uno a uno los oficiales fueron saliendo a explicar lo sucedido, en una alocución que bien podría parecer un reality teledirigido por el presidente”12 y que de no haber sido por la presentación mediática del presidente, “ese día, la política de Seguridad Democrática hubiera podido quedar irreparablemente golpeada”13, pero la realidad dice otra cosa.
Por último y para hacer una evaluación objetiva de los hechos concretos podríamos decir, que si bien, el incremento del pie de fuerza se ha extendido a casi la totalidad de los municipios del país, los ataques contra la población civil y los homicidios han reducido en número, los secuestros y las masacres; pero hay otros hechos que hablan por sí solos y nos ponen a pensar si verdaderamente es efectiva la política de Seguridad Democrática, como el caso del aumento de los atentados contra la infraestructura energética y el número de personas extorsionadas, así como el dominio guerrillero imperante en departamentos como Putumayo, Caquetá, Nariño y Cauca, entre otros14 y que si nos vamos a analizar con detenimiento los resultados, nos encontraremos con hechos polémicos que desdicen de la panacea que han querido hacer de la Seguridad Democrática, como que “gruesas franjas del territorio colombiano continúan bajo el dominio o la influencia de los grupos guerrilleros y paramilitares”15, que incluso se ha extendido en el caso de los paramilitares especialmente, al dominio de entidades públicas y a una gran influencia en los asuntos públicos.
En conclusión, se puede decir como lo afirma Daniel Pécaut que para poder que la Seguridad Democrática sea creíble debe estar acompañada de inversiones económicas y sociales, y en ese mismo sentido, hay que resaltar la importancia de la legitimidad de las acciones del gobierno dentro de una democracia, la misma que se alcanza con la participación ciudadana en el logro de los objetivos y sólo de esta manera, se edifica la seguridad en sí misma.
Bibliografía
Atehortúa Cruz, Adolfo León. Las Banderas del Presidente Uribe
ACOSTA VALENCIA, Gladis Lucía y BOTERO TORRES, Raúl Alberto. La Seguridad Democrática en el Contexto de los Proyectos Políticos de las Elites en Colombia.
DUZÁN, María Jimena. Así Gobierna Uribe.
SEPÚLVEDA NIÑO, Saturnino. Elites Colombianas en Crisis.
Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.
VILLA CASADO, Iván. Derecho Constitucional Contemporáneo.
Notas:
1. Élites colombianas en crisis. Saturnino Sepúlveda Niño.
2. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.
3. La Seguridad Democrática en el contexto de los proyectos políticos de las Élites en Colombia. Gladis Lucía Acosta Valencia y Raúl Alberto Botero Torres.
4. Ibídem
5. Ibídem
6. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.
7. Entendemos ideología como el conjunto de “creencias fundamentales de un grupo y sus miembros”. Tomado de: La Seguridad Democrática en el contexto de los proyectos políticos de las Élites en Colombia. Gladis Lucía Acosta Valencia y Raúl Alberto Botero Torres.
8. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.
9. Sentencia T-406 de 1992, MP Ciro Angarita Barón. Tomado de Derecho Constitucional Contemporáneo, de Iván Villa Casado.
10. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.
11. Ibídem
12. Así gobierna Uribe. María Jimena Duzán.
13. Ibídem
14. Datos tomados de Las Banderas de Uribe. Adolfo León Atehortúa Cruz.
15. Las Banderas de Uribe. Adolfo León Atehortúa Cruz.