En la medida en que las investigaciones sobre los nexos de los políticos con los grupos paramilitares revelan nuevos elementos probatorios que comprometen a un número cada vez más creciente de dirigentes y congresistas, en su inmensa mayoría afectos al gobierno, conniventes con el paramilitarismo o elegidos con sus votos, el Presidente de la República y sus voceros más caracterizados convierten sus justificados temores en ataques perversos e insensatos a quienes, con independencia y valor civil ejemplares, vienen cumpliendo la función que el ordenamiento jurídico les atribuye, aunque de sus actuaciones se siga el desenmascaramiento de lo que el Presidente Uribe ha llamado, sin asomo de vergüenza una “democracia profunda”.

Que al administrar justicia se cumpla a la vez esa tarea de desvelamiento de una realidad que el Gobierno y sus epígonos pretenden escamotear, hay que registrarlo y aplaudirlo como altamente benéfico para una sociedad que necesita ser consciente de los males que la aquejan para poder reclamar, con conocimiento informado, el tratamiento eficaz adecuado, así resulte ingrato para los grupos elitistas, eternamente beneficiarios del ejercicio perverso del poder.

Cuando el Gobierno, con arrogancia inexcusable, le pide ‘objetividad’ a la Corte y se pronuncia sobre pruebas y elementos procesales que sólo a los jueces les compete evaluar, revela inequívocamente su necesidad de que la justicia se sacrifique a sus propósitos políticos inconfesables, para que la opinión pública, nacional e internacional, no quede atónita ante los horrores de una vergonzosa desnudez.

Que se pretenda confundir a la ciudadanía asimilando el descubrimiento del crimen incrustado en los más altos círculos oficiales con la desinstitucionalización del Estado, equivale a clamar porque prevalezca la estrategia encubridora sobre el esclarecimiento de la verdad, para mantener ‘legitimado’ un estado de cosas atroz.

Cuando se prefiere, de manera cínica, el encubrimiento del delito a su revelación, ‘algo hay podrido en Dinamarca’.

El momento exige de toda la ciudadanía honesta un respaldo decidido a los jueces y una defensa de la Corte Suprema de Justicia, símbolo venerable de un desmesurado esfuerzo por defender lo que queda del Estado de derecho.

Carlos Gaviria Díaz
Presidente
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO