Polo Democrático Alternativo

La ciudad de Bogotá ocupa un lugar singular entre las metrópolis del continente. Durante los últimos tres lustros que coinciden con la nueva Constitución y la introducción de la elección popular de alcaldes, su tasa de homicidio se ha reducido a la cuarta parte, desde un máximo de 80 por 100.000 habitantes en 1993 a 18,1 en la actualidad. Durante el mismo lapso, muchas de las capitales americanas registraron aumentos sustanciales y otras, avances apenas marginales. Sao Paulo, por ejemplo, pasó de 48,5 a 55; Santiago de Chile, de 2 a 6; Caracas, de 76 a 133 y Lima, de 25 a 22.

En materia de hurtos y otros delitos de alto impacto social como lesiones personales, la comparación internacional también le es favorable a Bogotá. Después de un análisis comparado, en su último número, la revista de la Fundación Seguridad y Democracia calificó a Bogotá como "Una de las ciudades más seguras de América Latina". Con todo, debemos redoblar los esfuerzos comoquiera nos falta un importante trecho por recorrer para llegar a estándares avanzados como el de Chile con su tasa de 6 por 100.000 habitantes.

¿Qué ha hecho Bogotá para lograr semejante resultado, particularmente notable en el contexto del conflicto armado prolongado y la guerra del narcotráfico del que se han escapado nuestros pares en el continente? En la explicación intervienen varios factores. Entre ellos figura, sin duda, la construcción colectiva de una política pública integral de seguridad y convivencia ciudadana que ha tenido continuidad y desarrollo progresivo, la cual ha sido complementada, en el último lapso del periodo de comparación, por el anillo protector exterior con que la política de seguridad democrática ha podido blindar, hasta ahora, a la Capital de la República.

Desde la administración de Jaime Castro se sentaron las bases para la sostenibilidad de la política con el otorgamiento de recursos propios y crecientes al Fondo de Seguridad y Vigilancia de la ciudad. Las administraciones de Mockus aportaron el componente civilizador de la cultura ciudadana con su enunciado, "La Vida es Sagrada", apropiado por el grueso de los capitalinos. Enrique Peñalosa, no solamente mejoró la infraestructura física, sino que haciéndolo, recuperó el concepto de la monumentalidad del espacio público compartido como patrimonio ciudadano. Lucho Garzón atacó la indiferencia y proclamó la inclusión social como elemento esencial de la seguridad y convivencia. Son todos elementos que se han integrado con el uso disuasivo de la fuerza pública para incorporar la prevención desde la perspectiva de la defensa de las libertades y de la convivencia ciudadana que le imprimió al cuerpo policial la Constitución de 1991 (Art. 188).

Se trata, como bien lo afirmaba Hugo Acero (El Tiempo, Oct. 2/08), de una política de ciudad o de Estado que no pertenece a ninguna parcialidad política sino que convoca al consenso ciudadano. En el Plan de Desarrollo de la Bogotá Positiva de la administración de Samuel Moreno, le apostamos a ese modelo integral de seguridad y convivencia ciudadana que es patrimonio de la ciudad, buscando consolidarlo mediante una gestión territorial cercana al ciudadano y articulada, con criterios de participación, descentralización y corresponsabilidad entre las autoridades distritales, la Policía Metropolitana y las comunidades.

Uno de los programas más novedosos consiste en realizar intervenciones integrales en 31 zonas críticas donde ocurre el 40% de los delitos pero que abarcan menos del 10% del territorio urbano de la ciudad. Allí están llegando las autoridades de la mano de las comunidades con programas en varios frentes de prevención social, situacional y de control policial.

De manera simultánea, se continúa el fortalecimiento de la Policía Metropolitana y del sistema distrital de justicia, incluido un importante componente complementario de concertación, mediación y conciliación de conflictos, con una inversión de $1.2 billones que duplica la del cuatrienio anterior. Ni la Policía sola, ni las autoridades administrativas trabajando de manera aislada pueden ofrecer el potencial de sostenibilidad que ofrece este enfoque integral de la política de seguridad y convivencia a la cual da continuidad, con aporte de nuevos desarrollos, el Gobierno de la Ciudad.