¿La tierra de Carimagua es apta para la explotación? Si es de mala calidad, ¿por qué se considera que los empresarios la pueden explotar y los campesinos no? Son algunas de las dudas”
Periódico El Tiempo.com/Justicia. 13 de febrero de 2008

Consideran el presidente Uribe y su ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias que a los predios Carimagua pueden dar el mismo trato que a la finca El Ubérrimo, ampliamente conocida en los medios de comunicación por los afectos y cuidados que da el Presidente a sus predios, sobre los que acepta, seguramente, algunas recomendaciones de sus más cercanos amigos. Estas afirmaciones podrían ser la mejor demostración de posiciones de un autócrata (un sólo hombre con todos los poderes): “Hablé esta mañana por teléfono con el señor Ministro de Agricultura y con el señor Procurador. Esa es una finca de 17 mil hectáreas, Carimagua, en los Llanos Orientales. Yo la visité. Pensamos que se podía allí hacer un gran sentamiento (sic) de desplazados. ¿Qué ha ocurrido? No hay desplazados cerca. Esas son unas tierras ácidas. Tememos que, si simplemente se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo y rancherío de pobreza e improductivo”[1]. Así de sencillo, el amo determinó a su libre albedrío las características físico-químicas de esas tierras; convertido en adivino, pronosticó la suerte que podrían correr esos centenares de harapientos, según él, alejados del emprendimiento y sin iniciativas.

En contrario y sobre los mismos predios, el año inmediatamente anterior, la Fundación FUNDES, contratada por el mismo gobierno, dijo que eran predios aptos para sembrar maíz, arroz y soya o para ganadería, incluso para proyectos agroindustriales (palma, madera y caucho); esto último volvió agua las bocas del Ministro y del presidente Uribe. Fundes conceptuó sobre esa viabilidad por contar con “vías internas de buen estado, puesto de salud, equipo de maquinaria, bajo costo de la tierra, baja densidad de la población”[2], además del acompañamiento eventual para un adecuado desarrollo de FINAGRO, Banco Agrario, Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, ICBF, INVÍAS, SENA, Cormacarena, Gobernación del Meta, Ministro de la Protección Social, Bolsa Nacional Agropecuaria, ONG, Universidades y Corpoica. No fueron ellos (Presidente y Ministro) los únicos sorprendidos de las potencialidades de unos predios en donde, quizás, se pretendían despegar de “esos desplazados”; también fueron sus amigos quienes, en obscuros contubernios, calcularon las inmensas posibilidades de negocios, claro está, previas exigencias adicionales al aparato de Estado, en procura que sus empresas allí instaladas fueran más exitosas.

En ese regateo estaban dentro de ese proceso licitatorio (GG 2007 INCODER iniciado el 7 de diciembre con cierre el 1 de febrero), cuando la opinión pública nacional, por la entrevista al Ministro publicada por el periódico El Tiempo el pasado 10 de febrero, filtró la malévola intención de haber cambiado la destinación (Resolución 1791 del 10 de julio/05 del ICA): en lugar de cederlas a “ordas famélicas de desplazados” según ellos, entregarlas a algunos pocos pero prósperos empresarios para que, en el término de 50 años, las exploten en siembras de caucho, madera o palma y, con el producto de los exiguos arrendamientos, se calme la “miseria de esos estorbozos desplazados”, dirían ellos. Tres días antes del destape, el Procurador olfateó el negocio e hizo las advertencias, con el desafortunado incidente que le impidieron conocer parte del expediente, en particular el informe de Fundes que contenía consideraciones diferentes a las planteadas por el Presidente y su Ministro.

Estos eran, cuatro años atrás, los elogios al proyecto productivo de 17 mil hectáreas de Carimagua, ubicado en Puerto Gaitán (Meta), en el propósito de quedar bien con la comunidad internacional, sorprendida por el fenómeno del desplazamiento forzado de miles de campesinos, instigado por políticos, terratenientes y empresarios, de mano con los militares y paramilitares: “En Carimagua, el Gobierno posee, además, 15 mil hectáreas aptas para la explotación agrícola y ganadera, donde, en breve, emprenderá, con dicha base productiva, otro asentamiento humano de al menos 500 familias campesinas. Este asentamiento se sumará al de las 200 que habitan y trabajan en Gaviotas, a quienes se les asignará la propiedad de la tierra dentro del marco de la actual política de reforma agraria del Gobierno de Colombia”[3]. Resulta que a Fundes también la han comisionado para verificar el alcance de proyectos, no sólo para desplazados (víctimas), sino para desmovilizados (victimarios), de quien se dijo: “La Alta Consejería para la Reintegración y la Organización ‘Fundes’, firmó este lunes [tres años atrás] un convenio que busca beneficiar a las comunidades donde viven los desmovilizados […]. El objetivo del convenio es realizar un trabajo orientado, perfilando y reconociendo las posibilidades de inversión y de negocio para el desarrollo económico local, la convivencia y la reconciliación”[4]. Estudios o recomendaciones sujetas al capricho presidencial.

Retomando la historia, el ICA (Corpoica) en el año 2004, aturdido por las voces de denuncias y protestas de los desplazados, decidió ceder al INCODER 17.095 hectáreas de cuatro predios, de las 22 mil hecáreas que posee en Carimagua, para sus labores de investigación, las cuales serían adjudicadas a desplazados. Pero, fríos calculadores dejaron pasar tres años para hacer efectiva la entrega a los desplazados, hasta que se les apareció el año pasado, casi milagrosamente, la Ley 1152 por medio de la cual se faculta al INCODER a “adjudicar baldíos con vocación productiva a particulares” y, como dice la Revista Semana, fue el momento preciso para experimentar la aplicación de una Ley que, por demás, la bancada del Polo Democrático Alternativo fue radical oponente. Así, se pretende “entregar baldíos” en arrendamiento a ricos empresarios, previa licitación que tres años antes habían sido comprometidos para los desplazados por la violencia. Porque, al decir del Presidente, en los alrededores de Carimagua no hay desplazados, éstos no se presentarían a la licitación. Desde Bogotá se hicieron presentes los que sí saben del negocio y de las ventajas que da la cercanía al Gobierno. Ganó la licitación la firma Estructuras en Finanzas S.A., que no sólo está en puja por estas tierras, sino por el Tercer Canal de Televisión. Algo deben saber de mezclar cultivos de palma aceitera con un canal de televisión.

La adjudicación ha sido aplazada, por el escándalo desatado y, en su lugar, ahora sí, después de metidas las patas o cometido el abuso, se ha designado una comisión para que, en el término de dos meses, evalué la conveniencia de entregarla a empresarios o a desplazados. El autócrata, tapando sus torpezas.

Más aún, el proceso de traspaso de dichos predios (El Tomo, Mapiria, Yopare, La Alegría) ubicados en Carimagua y el cambio de destinación o uso, es algo muy dudoso. El ICA, por Resolución No. 1134 de abril de 2005, los transfirió, de manera expresa, para que el INCODER los destinara al desarrollo del “programa de asentamiento de desplazados reincorporados, orientado a brindar opciones productivas y de futuro a familias afectadas por la violencia”. Con este objeto fue registrada la escritura pública ante la Superintendencia de Notariado y Registro de Puerto Gaitán (antes Puerto López) el día 2 de julio de 2007 (dos años después de su escritura pública); pero ante ese mismo despacho, a los ocho días siguientes (julio 10), el INCODER, modificó la destinación en los siguientes términos “para adelantar programas y proyectos para la implementación y desarrollo de cultivos de tardío rendimiento”, según modificación introducida por la Resolución No. 1791 del 10 de julio, registrada al otro día (julio 11) según radicación No. 1311[5]. Es evidente que el negociado estaba andando, para entender la premura o celeridad que, ahora sí, había que imprimirle. Pero más aún, la Ley 1152, por medio de la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural y se reformó al ICA y al INCODER, fue sancionada y publicada el 25 de julio, es decir, 15 días antes de su vigencia; el INCODER utilizó parte de sus directrices, aún sin haber recibido las competencias, y, a través de su Gerente, en lugar de su Consejo Directivo, tomó decisiones que hoy debieran estar revisando en lugar de los notables de última hora.

Extrañas coincidencias en tiempo y circunstancias; en los días en que se cambió la destinación de los predios de Carimagua, la Ley que podría haber regulado estos asuntos estaba pendiente para su sanción. La Licitación no fue abierta de inmediato, en espera de la reglamentación de la Ley y de ahí el por qué la fecha de diciembre (cuatro meses después) para esta licitación seriamente cuestionada.

Estas son algunas de las razones por las cuales me adherí a la constancia del Representante del Meta Miguel Alfonso Galvis Romero, del Movimiento de Integración Regional (IR), puesta a consideración de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 13 de febrero, en procura de citar al Ministro de Agricultura y al señor Procurador General de la Nación, por la controversia suscitada al cambiar una destinación de unos predios de Carimagua a favor de los empresarios cultivadores de la palma aceitera, en lugar de las familias de desplazados como posibilidad de resarcimiento de los múltiples atropellos padecidos por esta brutal violencia que recorre la geografía nacional.

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2008

[1] http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/febrero/11/13112008.html.
[2] http://www.eltiempo.com/politica/2008-02-12/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3955419.html
[3] http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/septiembre/10/04102004.htm
[4] http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/octubre/08/06082007.html
[5] http://www.incoder.gov.co/contratacion/aAdministrativos.asp. Ver cronograma Licitación Pública GG 2007