Polo Democrático Alternativo

1. No al proyecto de reforma judicial del gobierno

El Polo Democrático Alternativo rechaza la propuesta de reforma judicial del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez por inoportuna, oportunista, improvisada e insustancial. La pretendida reforma no responde a los anhelos del pueblo colombiano en materia de acceso a la administración de justicia, de respeto a los derechos fundamentales y de celeridad en la resolución de los conflictos judiciales. Por el contrario, busca favorecer a parlamentarios cuestionados por sus vínculos con grupos armados ilegales y cuestionar la valiosa y seria labor que actualmente adelanta la Honorable Corte Suprema de Justicia en contra de los vínculos entre políticos –mayoritariamente de la coalición de gobierno– y la criminalidad organizada, así como aumentar el poder presidencial en desmedro de la independencia de la rama jurisdiccional del poder público.

2. El contenido conocido de la propuesta de reforma judicial

Aun cuando la opinión pública no conoce el proyecto definitivo de reforma judicial del gobierno, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha dejado conocer varios de sus contenidos, con la pretensión manifiesta por el mismo ministro de concertar la reforma con todos sus destinatarios. De lo conocido hasta ahora, es posible enumerar las siguientes propuestas de reforma: a. Reintroducción del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por el sistema de cooptación; b. Establecimiento de la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, siendo la primera instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia la Sala Plena de la misma Corporación; c. Establecimiento de la doble instancia para el juzgamiento de congresistas por pérdida de la investidura, siendo la primera instancia la Sala Quinta Electoral del Consejo de Estado y la segunda instancia la Sala Plena de la misma corporación; d. Eliminación de las facultades de las altas cortes de postular candidatos a Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Auditor General y contralores a nivel territorial; e. Postulación exclusiva del Presidente de la República de terna de candidatos al Congreso para Procurador General de la Nación; f. Atribución a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de la facultad de investigación a los congresistas; g. La decisión de no reformar constitucionalmente la acción de tutela sino promover una reforma legal concertadas entre los magistrados de las altas cortes; h. Reelección del Fiscal General de la Nación; i. Extensión del fuero constitucional de juzgamiento al Vice-presidente, al Procurador General de la Nación y Contralor General de la República.

3. La propuesta de reforma es inoportuna

Mientras el país está a la expectativa por los resultados de los procesos que se adelantan por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación contra más de setenta congresistas en su gran mayoría que apoyan al gobierno, así como de los procesos cuya terminación afecta directamente al gobierno –cohecho de altos funcionarios del ejecutivo por compra de votos para la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial; complot contra el gobierno por parte del magistrado auxiliar Velásquez denunciado por Tasmania, el cual luego se retractó de sus acusaciones presuntamente promovidas por el primo y el hermano del Presidente de la República – el Ministro del Interior y de Justicia pretende que el Congreso de la República, gravemente cuestionado en su legitimidad, apruebe una reforma a la administración de justicia cuyo principal propuesta es introducir la doble instancia en el proceso de investigación y juzgamiento de los congresistas.

La inoportunidad de la propuesta de reforma no puede ser más evidente en momentos en los cuales al hermano del Ministro del Interior y de Justicia y actual Director de Fiscalías de Antioquia, se le ha abierto investigación preliminar por presuntos vínculos con el narcotraficante “Don Mario”. Este solo hecho hace que el Ministro Valencia Cossio deba declararse impedido para presentar en estos momentos una reforma a la administración de justicia.

4. La propuesta de reforma es oportunista

La anterior propuesta de reforma a la justicia no sólo se revela como inoportuna, dada la cuestionada legitimidad del actual Congreso de la República, sino como oportunista, puesto que por aplicación del principio de favorabilidad penal todos los congresistas investigados podrían impugnar las decisiones en su contra adoptadas por la máxima instancia de la justicia penal ante la Sala Plena de la Corte Suprema, organismo no especializado en materia penal. Se sacrifica así el principio de especialidad penal y la garantía del fuero especial de juzgamiento por parte de la más alta Corporación Judicial en lo penal por un sistema antitécnico y oportunista, donde la Sala Plena de la Corte Suprema, con magistrados especializados en otras disciplinas del derecho pueden revocar las decisiones penales adoptadas. Por otra parte, la propuesta gubernamental busca poner en entredicho las decisiones adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consistentes en la detención preventiva de los congresistas investigados cuando encuentre méritos para ello, mediante la asignación de facultades de juez de garantías penales a la Corte Constitucional. Esta Corporación, sin tener competencias en la penal, podría revocar las providencias privativas de la libertad de los congresistas, pese a haber sido dictadas por la máxima Sala especializada en materia penal de la Corte Suprema de Justicia. Se revela claramente la intención de favorecer a los congresistas actualmente privados de la libertad ante las sindicaciones por concierto para delinquir en el caso de la parapolítica.

El oportunismo de la propuesta gubernamental se hace igualmente patente ante el intento de dejar exclusivamente en manos del Presidente de la República la presentación de la terna para elegir Procurador General de la Nación, cabeza de uno de los órganos de control y encargado, entre otras funciones, de adelantar los procesos disciplinarios contra los servidores públicos, incluso altos funcionarios de la rama ejecutiva. De esta forma, se pretende debilitar la independencia y autonomía de la Procuraduría a favor de una mayor concentración del poder en manos del Presidente de la República.

5. La propuesta de reforma es improvisada

El Ministro del Interior y de Justicia, so pretexto de consultar ampliamente la propuesta de reforma judicial antes de su presentación al Congreso de la República, ha cambiado radicalmente su primera propuesta de hace dos semanas por una nueva presentada sorpresivamente ante el Congreso de la ANDI en Cartagena. En la primera propuesta se proponía, entre otras cosas, “despolitizar la justicia” mediante la reintroducción del sistema de cooptación incluso para la elección de magistrados de la Corte Constitucional; en la más reciente propuesta se opta por no modificar el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional, renunciando al propósito de “despolitizar la justicia”, por lo menos en lo que respecta a la Corte Constitucional. Algo similar sucedió con la propuesta inicial de abolir la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarla por un gerente administrativo. En la actual propuesta se conserva dicha Sala, pero cambia su integración, dándole cabida a los Presidentes de las Altas Corporaciones y a tres magistrados por ellos designados, sin atender a que dichos cargos son renovados anualmente, lo que crearía una permanente inestabilidad en la administración de la rama jurisdiccional. En efecto, sostuvo el referido Ministro ante los industriales en Cartagena que la nueva Sala Administrativa se le atribuirán funciones encaminadas a hacer más eficaz el funcionamiento de la administración de justicia que hagan plausible la descongestión y la pronta y cumplida justicia. Pero para tal fin diseña una Sala Administrativa que la mitad de sus miembros es sustituida anualmente por ser el cargo de Presidente de cada una de las Altas Corporaciones de la Justicia rotativo, lo que claramente no contribuye a la descongestión sino al retraso, ante la necesidad de los nuevos magistrados de la Sala Administrativa cada año de familiarizarse con los proyectos en ejecución.

Prueba de que la improvisación ha reinado en la presentación del proyecto de reforma judicial es la decisión de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de devolver al gobierno su propuesta por no tener ella respaldo alguno en estudios que la justifiquen y por ser claramente insuficiente e incompleta.

6. La propuesta de reforma es insustancial

Como ya lo ha puesto de presente el Procurador General de la Nación, Edgardo Mayo Villazón, el “borrador” de reforma judicial del gobierno no propone cambios sustantivos ni estructurales al sistema de administración de justicia que permitan solucionar problemas tan graves como la congestión y la demora en la administración de justicia; la ausencia de condenas en la jurisdicción especializada de Justicia y Paz luego de tres años de iniciados los procesos judiciales contra los autores de graves violaciones a derechos humanos; la condena a personas inocentes; la impunidad en el juzgamiento y condena de graves delitos contra el patrimonio público como en el caso de Dragacol; la ausencia de recursos presupuestales para poner en ejecución el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Uno de los problemas más graves de la administración de justicia es la tardanza en la resolución de causas ordinarias en materia civil, laboral y contencioso-administrativa, cuya resolución puede tardar hasta quince años. El proyecto de reforma judicial del gobierno no propone cambio alguno para enfrentar esta situación. La introducción de la posibilidad de reelección del Fiscal General de la Nación o la extensión del fuero especial para su juzgamiento al Vice-presidente de la República, el Procurador General de la Nación o el Contralor General de la República, nada aportan a la solución del problema de congestión y tardanza, denunciada por diversos sectores de la opinión pública, entre ellos ex ministros y especialistas en la materia.

En el proyecto de reforma judicial del gobierno brilla igualmente por su ausencia una propuesta clara para evitar la impunidad de los paramilitares y guerrilleros desmovilizados y entregados en extradición, en los procesos que contra ellos se adelantan por delitos de lesa humanidad ante los jueces nacionales. Los derechos de las víctimas de las peores violaciones a los derechos humanos no son contemplados en la tan anunciada propuesta de reforma judicial del gobierno Uribe. Las manifestaciones de inconformidad del Presidente por las bajas penas a las cuales serían condenados los jefes paramilitares por la justicia norteamericana se revelan como una nueva cortina de humo del favorecimiento permanente a criminales confesos y políticos corruptos que han ayudado decisivamente a su elección y reelección. El país merece un cambio profundo y estructural a la administración de justicia que, además de basarse en estudios académicos y profesionales, busque adoptar las reformas de fondo necesarias para garantizar el goce efectivo y la realización de los derechos de todos los colombianos.