Polo Democrático Alternativo

Apartadó.- El vocero de la Comunidad de Paz, ocho de cuyos miembros fueron masacrados hace poco menos de un mes, respondió a lo manifestado la víspera por Uribe.

"Algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista", dijo el Presidente al término de un consejo de seguridad en Carepa (Antioquia).

"Ofende a la conciencia ética de la humanidad, así como a la mayoría de la memoria de las víctimas, que el Presidente haya guardado absoluto silencio frente a la masacre y tan solo se haya ocupado de presentar públicamente nuevos mecanismos de agresión", según un comunicado de prensa de esa comunidad divulgado este lunes.

"Frente al comunicado del presidente no tengo nada que objetar. Se llegó a eso porque ha ido creciendo un clima de desconfianza entre el Ejército y la comunidad de paz. Yo hubiera preferido que se comenzara por el arreglo de carreteras, por la presencia del Estado, pero donde manda capitán, no manda marinero", opinó el obispo de Apartadó, monseñor Germán García.

Por su parte, Ana Teresa Bernal, presidente de la organización no gubernamental Redepaz, defendió el derecho de los campesinos a no estar vinculadas al conflicto y recordó que desde que era gobernador de Antioquia el hoy presidente Uribe se ha declarado en contra de las comunidades de paz.

"La acusación es inaceptable. Es clara la intención del Estado de destruir nuestro proceso de comunidad de paz", aseguró, por su parte, Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó.

En diálogo telefónico con la AFP, la fuente de esa Comunidad de Paz -que pidió no ser identificada- señaló que las declaraciones de Uribe evidencian la creencia de un sector de las Fuerzas Armadas de que toda comunidad que se declare neutral frente a sus tropas, "está a favor de la guerrilla".

"Lo positivo del hecho que el presidente considere que muchos de nosotros auxiliamos a la guerrilla es que ello es un indicativo de dónde salieron los asesinos de nuestros compañeros masacrados", añadió la fuente, en alusión a versiones que señalan a militares como los autores de la masacre.

La víspera Uribe fustigó, a través de un comunicado de prensa, a esta Comunidad de Paz al acusarla de obstruir la justicia, rechazar la (presencia de la) fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos y coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen".

Luego de la masacre de ocho campesinos de esa comunidad del noroeste de Colombia el pasado 21 de febrero, incluido el de su emblemático líder -y que según testimonios habría sido cometida por efectivos del Ejército colombiano-, los pobladores se han negado a declarar ante las autoridades judiciales.

Según el Gobierno, esta masacre fue "producto de la imposibilidad de la Fuerza Pública de hacer presencia en esas comunidades" y, en consecuencia, Uribe ordenó la víspera su presencia en la región antes de abril.

El 21 de febrero, el activista de paz Luis Guerra, su compañera y su hijo de 11 años, así como otros cinco campesinos -incluidos dos niños de 2 y 6 años- fueron asesinados por hombres vestidos de camuflado que irrumpieron en San José de Apartadó, una de las ocho Comunidades de Paz que existen en Colombia.

Delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que visitaron el sitio del asesinato, calificaron lo ocurrido de "inadmisible" y "vergüenza para la humanidad".

La semana pasada, el eurodiputado izquierdista francés Francis Wurst acusó las Fuerzas Militares de haber causado la matanza, pero el ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, rechazó el señalamiento en una carta envida a Wurst.

San José de Apartadó cumple ocho años de haber sido declarada comunidad de Paz

Sus pobladores no esperarán a que llegue la Fuerza Pública para comenzar a vivir en el pueblo nuevo. Temen por sindicaciones y capturas masivas.

Unas 400 personas de la población partirán desde las primeras horas de este martes en un recorrido por seis veredas del corregimiento para conmemorar el octavo aniversario, que aseguran es el peor desde que se declararon comunidad de paz.

La masacre de ocho personas, entre ellas cuatro niños, ocurrida hace exactamente un mes, sumada al inminente ingreso de la Fuerza Pública y a las palabras del presidente Álvaro Uribe, quien dijo que hay líderes, patrocinadores y defensores de la Comunidad de Paz señalados de auxiliar a las Farc, hicieron que la reunión ordinaria de cada año fuera cancelada.

El mandatario también advirtió que no pueden "obstruir la justicia, rechazar la Fuerza Pública, prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen".

La respuesta llegó mediante un comunicado leído ayer por la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, en el que la comunidad lamentó que el Presidente no se haya pronunciado por la matanza del 21 de febrero y en vez de eso haga señalamientos.

Sobre los autores de ese crimen aún no hay claridad: la comunidad señala al Ejército, mientras que otras versiones indican que podrían haber sido las Farc o los paramilitares.

"Está claro para nosotros como comunidad que seguiremos resistiendo pacíficamente y mientras exista esta determinación nuestro proceso seguirá vivo a pesar de los asesinatos, las masacres, los montajes", dice el texto.

Desde el 22 y 23 de marzo de 1997, cuando empezaron, cada aniversario los pobladores hacían una marcha en honor a las 152 personas de la comunidad que han sido asesinadas en todo el período. También preparaban un almuerzo comunitario, una misa, juegos y una rumba.

"Este es el único año que no vamos ni a bailar", dijo uno de los líderes que permanece en Apartadó.

En vez de la tradicional conmemoración, visitarán las llamadas zonas humanitarias en las veredas Mulatos, Arenas Altas, Bellavista y Miramar, donde vive buena parte de las 1.800 personas que conforman la Comunidad de Paz -entre ellos 50 líderes-, pues el corregimiento tiene 32 veredas más.

Presencia internacional

A pesar de que hicieron invitaciones a las agencias internacionales y entidades que los apoyan, como las Brigadas Internacionales de Paz, creen que en esta ocasión no vendrán por temor a las declaraciones del Presidente.

"Esperemos que lleguen porque sentimos que si no fuera por esas entidades internacionales, no estaríamos aquí. Del Estado no hemos recibido sino ataques", reiteró el líder.

Y es que hoy la Comunidad de Paz parece alejada de quienes la acompañaron en sus comienzos. La Iglesia, que apoyó iniciativa por medio de monseñor Isaías Duarte Cancino, hoy ya no tiene relación con ellos.

"Ha ido creciendo un clima de mutua desconfianza desde la sociedad civil del eje bananero y la Comunidad de Paz. No es que no haya problemas, hay ciertas faltas de libertades y esa matanza horrorosa volvió a levantar las heridas", dijo el actual obispo de Apartadó, monseñor Germán García.

Otra que también intenta estar alejada de San José de Apartadó es la Defensoría del Pueblo. Según algunas fuentes, la salida del anterior defensor regional Miguel Ángel Afanador obedeció a "corregir" la cercanía que se tenía con la Comunidad de Paz.

Pese a esto, algunas voces de Urabá piden que a San José no solo lleguen tropas sino que el Estado haga presencia de otras formas.

De todas formas los habitantes de San José de Apartadó, que hace diez días comenzaron la construcción de un nuevo pueblo para trasladarse, aseguraron que no esperarán a que llegue la Fuerza Pública y algunas familias "van a empezar a moverse".

En 20 días, la fuerza pública deberá entrar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La orden la dio el presidente Álvaro Uribe en un consejo de seguridad, durante el cual acusó a algunos habitantes de auxiliar a las Farc.

Uribe dio la orden de movilizar a la fuerza pública al comandante de la Policía de Urabá, coronel Yamilk Moreno, durante un consejo de seguridad en la Brigada 17, en Carepa (Antioquia).

Lo hizo frente a unas 60 personas de distintos sectores de esta región antioqueña, que participaron de la reunión.

Así lo confirmó Ornedys Martínez, presidente del sector Cooperativo y Solidario de Urabá (Codesu), que participó del encuentro.

Pese a esta directriz, al final del consejo (que inició a las 9:20 a.m y terminó a las 3:00 p.m.), el presidente Uribe sólo leyó un comunicado respecto a las comunidades de paz, donde no daba fecha de ingreso de la fuerza pública, pero en el que reiteraba sus condiciones.

"En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista, a las Farc", leyó Uribe.

Ante esta acusación, un líder de la comunidad de paz aseguró: "Esto es siempre lo que han dicho para justificar las masacres y todo lo que han hecho acá. No tienen otra forma de justificar las cosas".

El Presidente agregó que "las comunidades de paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen".

Los habitantes de San José recordaron que desde el año pasado le propusieron al Gobierno crear una comisión de seguimiento que viviera por lo menos un mes con ellos para saber realmente cómo es la comunidad, pero que nunca obtuvieron respuesta.

Mientras tanto, este domingo continuaba el traslado de habitantes hacia el nuevo pueblo, a 15 minutos a pie de la cabecera urbana de San José de Apartadó, a un lado de la vía principal. El terreno donde se construyen las nuevas viviendas se conoce como la Cooperativa, pero hay otros predios privados donde también se ubicarían ante la inminente llegada de la fuerza pública.

Al consejo de seguridad asistieron el ministro de defensa, Alberto Uribe; el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina; el comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos, y el director de Policía, general Jorge Daniel Castro.

A pesar del fuerte hermetismo con que el Presidente condujo el consejo de seguridad -hizo apagar hasta las cámaras de la Presidencia- trascendió que el propio Gobierno solicitará a la Corporación Jurídica Libertad que suministre información sobre el manejo de la comunidad. Esta Ong es la que se encarga de representar a la comunidad de paz ante tribunales internacionales.

Preocupación

Previo al consejo de seguridad con los mandos policiales y militares, unas 60 personas de los gremios bananero, palmero y cooperativo de la zona , así como los alcaldes del eje bananero, manifestaron sus preocupaciones por los últimos hechos de seguridad ocurridos en la región y pidieron un helicóptero permanente para la Birgada 17 que permita mayor maniobrabilidad .

"Le insistí mucho al Presidente que hoy más que nunca hay que buscar diversificación. Urabá tiene proyectos, como la siembra de 3.000 hectáreas en Bajirá, la siembra de mil hectáreas de yuca y unas mil más de cacao, pero para que todo eso sea viable necesitamos seguridad", dijo el presidente de Augura, Roberto Hoyos.

Luis Eduardo Guerra, líder de Apartadó, habló un mes antes de su muerte

Hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos

El 15 de enero del 2005, aproximadamente un mes antes de ser asesinado (junto con siete personas más), Luis Eduardo Guerra, líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, advirtió sobre la muerte y el desplazamiento como una posibilidad siempre latente en la región.

La edición 44 de la revista Número, que empieza a circular mañana, publica la entrevista inédita que el líder concedió a la televisión valenciana (España). Los siguientes son apartes de las contundentes declaraciones.

Emilia Bolinches: ¿Por qué se constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Luis Eduardo Guerra: Fue como consecuencia del conflicto que hubo en la región desde el 95, todo el desarrollo del proyecto paramilitar, el exterminio de la Unión Patriótica, del Partido Comunista y en general de todas las organizaciones populares que había en la región. Con todo este exterminio por parte de las fuerzas militares y los paramilitares, las comunidades campesinas de San José de Apartadó quedamos completamente solas y sufriendo las agresiones del ejército y los paramilitares.

La gran mayoría de las 32 comunidades que existían se tuvieron que desplazar y nosotros, los que estábamos todavía en 11 comunidades, decidimos buscar apoyo en la Iglesia para ver qué podíamos hacer: si nos dejábamos matar ahí, si nos teníamos que ir... porque la gran mayoría no teníamos para donde irnos.

E.B.: ¿En que situación se encuentran estas comunidades ahora?

L.E.G.: Actualmente vemos una nueva estrategia para atacarnos a través del bloqueo económico, con amenazas abiertas de paramilitares y militares. Porque en este gobierno, Uribe se ha caracterizado por paramilitares que se sienten totalmente parte del Estado y hacen los controles como si fueran el Estado, y aunque esto es denunciado a nivel nacional e internacional no pasa nada.

A pesar de mantener una posición neutral frente a la insurgencia, dicen que nosotros recibimos órdenes directas de ésta para desprestigiar al Estado y decir que es el único que viola los Derechos Humanos. Eso es una mentira a todas luces porque hemos dicho públicamente que dentro de estos asesinatos la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos.

Es una situación difícil porque económica y políticamente el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra San José de Apartadó.

E.B.: ¿En esta situación, qué van a hacer las comunidades? ¿Cómo se plantean el futuro?

L.E.G.: Hasta el día de hoy estamos resistiendo. No sabemos hasta cuando porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos. Hoy estamos en San José de Apartadó, mañana puede estar desplazada la mayoría de la gente por una masacre de 20 ó 30 personas. Aquí en esta región todo es posible.

Pero mientras estemos, nuestros proyectos de vida siguen, por eso estamos proponiendo la construcción de espacios comunitarios para que la gente no tenga que desplazarse a San José de Apartadó.

También estamos hermanándonos con otras comunidades a nivel nacional, que también están resistiendo. Está lo de la Universidad de resistencia, pero una resistencia no armada.

Queremos defender nuestra Constitución y decirle al Estado: es que el usted la está violando. Nosotros estamos legitimando al Estado no atacándolo. Económicamente para estas comunidades es muy difícil resistir pero seguimos teniendo propuestas para desarrollar proyectos que nos garanticen la alimentación y una mínima dignidad como personas, porque hay un dicho muy claro: mientras el estómago esté lleno, pensamos, podemos hacer mucho, pero cuando el estómago está vacío ahí se acaba todo.