Polo Democrático Alternativo

En una carta difundida el jueves, los concejales de esa colectividad dieron a entender que no quedaron muy convencidos con lo presupuestado por la Administración de Bogotá para el año 2007.

"Es importante que el Alcalde profundice el viraje hacia lo social en el 2007 y que le imprima un sello definitivo de justicia social y equidad a su gobierno, pues es el compromiso que adquirió con su electorado y su partido", dijo el concejal Carlos Vicente de Roux, vocero de la bancada.

Todo indica que los concejales del Polo no quedaron muy convencidos del énfasis social del presupuesto presentado por la Administración para el 2007.

Y para lograrlo, los concejales proponen redistribuir 513.545 millones de pesos del presupuesto distrital del 2007, y destinarlo a los siguientes programas: mejorar las condiciones de los desplazados ubicados en las localidades más pobres, "que resulta ser la más afectada por el deterioro de la malla vial"; más dinero para vivienda social; para pagar a buen precio los buses de sobreoferta de los pequeños propietarios y para lograr una educación de calidad en los sectores más pobres.

El texto completo de la carta es el siguiente:

Bogotá, noviembre 30 de 2006

Doctor
LUIS EDUARDO GARZÓN
Alcalde Mayor
Ciudad

Apreciado señor Alcalde:

Nos dirigimos a usted como concejales del Polo Democrático Alternativo, en el marco del proceso de discusión del proyecto de presupuesto presentado por su administración al Concejo Distrital para la vigencia de 2007. Por su magnitud y por corresponder al último año de su Gobierno, este presupuesto representa un instrumento y una oportunidad muy importantes para profundizar el viraje hacia una ciudad más humana, que usted y nuestro partido le prometieron al electorado.

Con el propósito de aprovechar esa oportunidad queremos proponerle varias adiciones al presupuesto de 2007. Parten de una identificación de las líneas de intervención pública distrital que pueden tener un impacto más contundente en materia de construcción de equidad social. Y tan solo representan un 5.18% del monto de dicho presupuesto.

Agrupadas en nueve bloques, nuestras propuestas son las siguientes:

Calidad de la educación para los pobres

A medida que la ciudad se ha ido acercando a la plena cobertura en educación básica y media (actualmente esa cobertura es del 98%) el desafío que tiene que enfrentar se ha desplazado hacia la cuestión de la calidad. La inequidad por superar tiene que ver ahora con el hecho de que los niños de los estratos 1, 2 y 3 reciben una educación de calidad inferior a la de los estratos altos.

El Plan de Desarrollo vigente incluye inversiones significativas en factores que se relacionan con la calidad, pero con énfasis en los soportes materiales y sociales de la actividad educativa (construcción de colegios, dotación de bibliotecas y ludotecas, alimentación, transporte escolar, entre otros). La cualificación de los docentes y de los procesos pedagógicos ha recibido, en comparación, poca atención y pocos recursos.

Estimamos que a estos últimos propósitos deben destinarse en 2007 partidas no inferiores a los $ 31.800 millones. Con esos recursos se cubriría la totalidad de los docentes distritales, habida cuenta de que el costo de los programas de cualificación por docente es de $ 1.4 millones, y de que 4.300 de ellos ya se han beneficiado recientemente de tales programas.

Finalmente, creemos indispensable fortalecer programas de educación técnica y tecnológica para jóvenes que deseen acogerse a esa opción y responder, con base en la correspondiente formación, a las demandas del aparato productivo. Calculamos en $30.000 millones el monto necesario para comenzar a dar a esos programas las dimensiones que se requieren.

Atención primaria en salud

La atención primaria ha venido siendo identificada como el terreno en que se debe trabajar prioritariamente en los países cuya población presenta grandes déficits en la satisfacción del derecho a la salud. Bajo su administración, lo realizado al respecto se ha concentrado, básicamente, en el programa Salud a su Hogar.

En orden a colocar esa modalidad de atención en el nivel que correspondería a la prioridad aludida, deben asignársele en 2007 recursos del orden de los $ 52.700 millones.

De ellos, $ 32.700 millones deberían destinarse, fundamentalmente, a lo siguiente: adelantar las obras de adecuación de la infraestructura de las Unidades Básicas de Atención en Salud, UBAS, y las Unidades Primarias de Atención en Salud, UPAS, incorporadas a la red hospitalaria que dispone de equipos de Atención Primaria en Salud, APS, Salud a su Hogar; la construcción de cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud, CAPS, institucionales; la dotación de estos centros y unidades y, por último, la conformación y colocación bajo condiciones laborales de estabilidad, de los equipos de trabajo de salud comunitaria y familiar.

Los otros $ 20.000 millones (para completar el monto de los $ 52.700 señalado) deben orientarse a consolidar los niveles de avance logrados hasta el momento en la estrategia de APS Salud a su Hogar, y a responder a las exigencias del Programa de Atención Básica, PAB, en los ámbitos familiar y escolar (Salud al Colegio) de los territorios en que se desarrolla esa estrategia.

La búsqueda de la equidad en salud requiere disminuir las barreras económicas de acceso que se le atraviesan a la población no asegurada. A tal efecto, y como mínimo, se deben eliminar las cuotas de recuperación que tienen que pagar determinadas poblaciones (menores de 5 años, mayores de 59, discapacitados, etc.) y disminuir las que deben cancelar otras poblaciones. Esto representaría un importe aproximado de $5.000 millones en 2007.

Finalmente, es pertinente adicionar $ 1.500 millones al programa Salud para la vida digna, en cuanto tiene que ver con las poblaciones indígenas de Bogotá, que son muy vulnerables y requieren ser objeto de políticas públicas generadoras de entornos favorables en salud y ajustadas a sus particularidades socio culturales.

Vivienda de interés prioritario

El déficit de viviendas de interés social de Bogotá fue calculado en 2003, en 590 mil unidades. Para paliar ese déficit es urgente avanzar hacia la meta del Plan de Desarrollo, fijada en la generación de 500 hectáreas de suelo urbanizado y en la construcción de 70.000 viviendas nuevas.

En pos de esas metas debe comenzarse por asegurar la financiación de la Operación Usme, prevista en el POT. En el proyecto de presupuesto elaborado por la Administración no se señala con claridad qué recursos se van a destinar a dicha operación, pero hemos inferido que se le asignan unos $2.500 millones. Estimamos que se requerirían unos $ 25.000 millones para garantizar la financiación del programa en una primera etapa. Esto arroja un faltante de $ 22.500 millones, que deben ser apropiados en los presupuestos de diversas entidades.

Consideramos, por otra parte, que el esquema de subsidios directos a compradores de vivienda de interés prioritario debe ampliarse hasta alcanzar en 2007 los 5.500 subsidios, que a un valor promedio de $ 7,9 millones de pesos, arroja un monto de $43.450 millones. El proyecto de presupuesto contempla apropiaciones por $ 11.900 millones, de lo que emerge un faltante de $ 31.550 millones.

Por otra parte, la asignación de microcréditos inmobiliarios, que buscan financiar a la población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, ha sido ínfima. Para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo (otorgar 10 mil microcréditos) deberá contarse con recursos del orden de $ 32.800 millones en 2007, los cuales no están presupuestados.

Para los programas de mejoramiento de vivienda, reasentamiento de hogares y mejoramiento de barrios el proyecto de presupuesto de 2007 prevé partidas por $ 49.000 millones. Estos programas son de alto impacto social y creemos que su financiación debe ser reforzada en unos $ 30.000 millones. Sólo así se alcanzarían a cubrir las metas previstas en Plan de Desarrollo en relación en esos tres programas.

Subsidios en las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

El pago de servicios públicos domiciliarios pasó de representar el 4% de los gastos de los hogares de estratos 1, 2 y 3, en 1997, al 11% de esos gastos en 2004. El caso de acueducto, alcantarillado y aseo es especialmente grave, porque constituye el 33% de la canasta de tales servicios, para los mismos estratos.

Estimamos que Bogotá debe aplicar integralmente las previsiones legales (Ley 142 de 1994, artículo 99.6; Ley 812 de 2003, artículo 116), que le permiten destinar recursos del presupuesto distrital a subsidiar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, hasta por el equivalente al 70%, al 40% y al 15% del costo de los mismos, respectivamente.

La situación actual, en cuanto se refiere al porcentaje del costo de los servicios que se subsidia a los distintos estratos, es la siguiente:

 Ver tablas en archivo adjunto

Como resultado de la aprobación, por parte de la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital, de los proyectos número 504, de iniciativa del alcalde mayor, y número 507, de iniciativa del concejal Fernando Rojas y otros 41 concejales, se dio recientemente un firme paso en la dirección de llevar los subsidios al tope de ley. En efecto, la Comisión aprobó, con el visto bueno de la administración, aumentar los subsidios hasta los siguientes niveles:

 Ver tablas en archivo adjunto

Según estimaciones de la propia administración, el paso dado por la Comisión de Presupuesto tendrá un costo (adicional) de $ 13.000 millones en el año 2007. Esperamos que los proyectos mencionados sean aprobados por la plenaria de la Corporación y como concejales contribuiremos a ello.

Sin embargo, tal como dejarían las cosas los dos proyectos aludidos si se convierten en acuerdo del Concejo, el estrato 3 seguiría encontrándose por debajo del nivel de subsidios que autoriza la ley. En consecuencia, hubiera sido muy de desear llenar esa brecha asignando partidas adicionales, por un monto aproximado de $ 18.600 millones, a subsidiar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a dicho estrato. No se nos escapa que ya es imposible dar este salto en el marco del presupuesto de 2007, si se tiene en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nacional 1013 de 2005. Sin embargo, dejamos planteada la necesidad de proceder a ello con ocasión de la expedición del presupuesto de la vigencia de 2008.

Por otra parte, diversos expertos sostienen que las tarifas de la Empresa de Acueducto de Bogotá están sobredimensionadas. De allí que sea menester promover un serio proceso de evaluación de la tarifa que convoque a los centros académicos de investigación, a los expertos de los entes públicos con responsabilidades en el tema, incluyendo los de los órganos de control, a consultores independientes, nacionales e internacionales, y a veedores comunitarios calificados. A ese proceso deben asignarse recursos del orden de los $ 2.000 millones.

Equidad ambiental

Los problemas ambientales de la ciudad son particularmente agudos en las localidades y zonas en las que habitan los pobres. El mapa de la pobreza y el del deterioro y la vulnerabilidad ambientales coinciden en alta medida.

Planteamos, a la luz de eso, realizar apropiaciones en el presupuesto de 2007 por un monto que no debe ser inferior a $ 22.000 millones, con destino a las zonas de los estratos 1, 2 y 3 de las diferentes localidades de Bogotá que sufren los efectos de los problemas ambientales más agudos de la ciudad −problemas como los relacionados con el manejo de residuos líquidos y sólidos, la contaminación del aire, los malos olores, los focos de generación de enfermedades infecciosas vinculada a problemas ambientales y la contaminación sonora y visual, entre otros−.

Equidad vial

La situación de la malla vial en Bogotá es mala y la de los sectores donde viven los más pobres, es crítica. Las localidades más pobres son, de hecho, aquéllas cuya infraestructura vial se encuentra en peor estado.

Para dar un viraje significativo en la dirección de la equidad vial partimos de tomar las diez localidades que cumplen las siguientes dos condiciones: que su población pertenezca, en promedio, a un estrato socioeconómico inferior al 3, y que más del 50% de su malla vial total se encuentre en mal estado. Las localidades de que se trata son (en orden ascendente de estrato promedio): Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San Cristóbal, Tunjuelito, La Candelaria, Rafael Uribe, Kennedy, Antonio Nariño y Los Mártires.

Proponemos hacer en esas localidades las inversiones necesarias para poner en buen estado la malla vial por la que circula transporte público (“corredores de movilidad local”, “rutas alimentadoras”, “zonas atractoras-otros”). Dichas inversiones demandan recursos del orden de $ 515.700 millones.

El proyecto de presupuesto presentado por la administración al Concejo involucra partidas para el proyecto Desarrollo y Sostenibilidad de la Infraestructura Asociada a la Red de Centralidades Distritales por un monto de $ 598.000 millones. De otro lado, cursa en la Corporación un proyecto de acuerdo de ampliación del cupo de endeudamiento del Distrito por la suma de $ 362.000 millones, con destino al IDU.

No disponemos de información sobre el porcentaje de estos montos que se asignará a las vías locales por las que se moviliza el transporte público. Si suponemos, no obstante, que se van a destinar a esos propósitos el 10% del proyecto mencionado en el párrafo anterior así como el 60% de la ampliación del cupo de endeudamiento, se contaría al efecto con unos $ 277.000 millones. Esto implica que habría un faltante de $ 238.700 millones. Y ese faltante, a nuestro parecer, debe cubrirse con apropiaciones adicionales a las previstas en el proyecto de presupuesto.

Un expediente realista ante el desafío de que se trata consistiría en dividir en dos anualidades la tarea de enfrentarlo. En consecuencia, podría pensarse en asignar en el presupuesto de 2007, a las intervenciones viales señaladas, los recursos necesarios para cubrir no el 100% sino el 50% del faltante de $ 238.700 millones determinado en el párrafo anterior, es decir, la suma de $ 119.350 millones.

Debe buscarse, por último, que las obras de intervención de las vías a que se viene haciendo referencia sirvan de oportunidad de generación masiva de empleo para la población en situación de desplazamiento. Así se conseguiría un doble impacto social, el relacionado con la equidad vial y el apoyo a los desplazados.

Apoyo a los pequeños transportadores

El Distrito debe encarar con un enfoque social el problema de la sobreoferta vehicular en el transporte público colectivo. Los 7.500 pequeños propietarios de buses que deben abandonar la actividad transportadora tienen que ser objeto de un plan de salvamento y rehabilitación económica y social. Para ello es necesario comenzar por pagarles con generosidad los vehículos que serán chatarrizados. Consideramos que el Distrito debe proceder a ello con cargo al presupuesto, mientras se resuelve la cuestión de a quién es del caso devolverle el factor de calidad retenido por las empresas afiliadoras. A tal efecto debe introducirse una apropiación de unos $ 130.000 millones en el presupuesto de 2007, que permitiría adquirir a precios adecuados el 50% de la sobreoferta.*

Adicionalmente, deben dedicarse recursos del orden de los $ 5.000 millones a la promoción de procesos de organización y capacitación de los pequeños propietarios del sector, en orden a que constituyan empresas democratizadas que accedan a macro negocios de transporte, como la operación de las troncales de la fase III de Transmilenio.

Descentralización

El diseño contenido en el Decreto Ley 1421 de 1993 en relación con la inversión descentralizada de recursos, está orientado por criterios de equidad. En efecto, según el artículo 89 del decreto, las partidas por asignar a los fondos de desarrollo local se distribuirán en función de las necesidades básicas insatisfechas de la población.

Usted le planteó a la ciudadanía, en su campaña electoral, que el suyo sería un gobierno descentralizador. Teniendo en cuenta que las apuestas descentralizadoras son profundamente democráticas y que, según lo expuesto, están muy ligadas a la construcción de equidad, proponemos aumentar en un 2% de los ingresos corrientes del Distrito, el monto de las partidas por apropiar para los fondos de desarrollo local en el presupuesto de 2007 (lo que equivale, en números redondos, a asignarle a esos fondos una suma de $ 63.000 millones, adicional a la prevista en el respectivo proyecto). Así se comenzaría a romper la cota del 10% como porcentaje de los ingresos distritales que se destina a las localidades, la cual parece haberse constituido en una barrera infranqueable en la ruta de la descentralización.

Quinquenio para los trabajadores del Distrito

Finalmente, haremos referencia a un tema de equidad laboral. En virtud de lo establecido en el Decreto Distrital 1919 de 2002, los trabajadores del Distrito dejaron de percibir el quinquenio que les concedieron los Acuerdos Nos. 35 de 1933 y 44 de 1961. Recientemente, varios concejales presentaron un proyecto de acuerdo que busca restablecer esta prestación, proyecto que se encuentra en trámite. Estimamos que ese restablecimiento se justifica plenamente y que requeriría una apropiación de $ 6.600 millones en el presupuesto de 2007.

Presentamos en anexo un cuadro síntesis de las propuestas de modificación presupuestal expuestas:

Con un cordial saludo,

 Carlos Vicente De Roux Rengifo
 Álvaro Argote Muñoz
 Bruno Alberto Díaz Obregón.
 Alejandro Martínez Caballero
 Ati Quigua Izquierdo
 José Fernando Rojas R.
 Carlos Arturo Romero J.
 Orlando Santiesteban M.

 - Ver anexos en archivo adjunto