Polo Democrático Alternativo

El Plan Nacional de Desarrollo para el segundo mandato del Presidente Uribe no solo representa la continuidad de una política equivocada, sino profundiza de manera dramática un modelo que en vez de solucionar los problemas endémicos de la sociedad colombiana, los va a deteriorar de forma agravada. El esquema es el mismo, búsqueda de una estabilidad institucional artificial para forjar un crecimiento forzado basado en la financiarización de la economía y la entrega total de los recursos estratégicos del país al modelo extensivo de explotación a manos de las transnacionales con consecuencias nefastas para la precarización laboral, acceso a educación y salud, y demás servicios necesarios para la vida. Política que se expresa en la entrega de todos los recursos minero –energéticos y no renovables, como es el caso del agua, las áreas de reserva natural, los resguardos indígenas, los territorios de comunidades negras, los megaproyectos tales como los alcoholes carburantes, la palma africana y la infraestructura portuaria, además de la cesión de la explotación directa de los recursos petroleros y mineros al control transnacional. En un plan de gobierno diseñado para el desarrollo de una hoja de ruta hacia el libre comercio con EE.UU. el Plan Puebla Panamá, la renovación del Plan Colombia y el Plan Patriota y bajo la orientación estratégica del plan 2019.

Continúa la política de Seguridad Democrática, fortaleciendo la capacidad militar en cuanto a armamento y pie de fuerza y manteniendo programas que incentivan la violación a los derechos humanos y el DIH, por otro lado el PND no presenta ningún tipo de política específica para la población desplazada ni, en general, para las victimas de delitos atroces en el marco del conflicto armado, así se mantiene la tendencia de señalar a las víctimas y favorecer a los victimarios. Política que se expresa en las reclamaciones de la Corte Constitucional para el caso de la atención a los mas de 3.5 millones de desplazados en el país y el creciente espiral de denuncias por el agravamiento de la situación humanitaria por ocasión del conflicto armado.

El Plan aprobado por el actual Congreso implica triplicar la inversión del gobierno central en materia de seguridad y defensa para el periodo (cifra que asciende a más de 10 billones de pesos, respecto del plan del primer gobierno), sin sumar los gastos de funcionamiento de un aparato militar y de defensa que se ha duplicado en estos años. Lo cual implica que el gasto total en defensa y seguridad podría duplicarse en este nuevo periodo de gobierno, llegando a cifras estimadas que podrían ascender a los 90 billones de pesos, sin contar con los recursos aportados por las ayudas militares de EE.UU.

El plan supone en este marco de incremento del gasto militar, la aprobación de la reforma a las transferencias y el gasto que la C.P. obliga para educación y salud, además de la aprobación del TLC, ajustando además nuevos incentivos institucionales para favorecer a los inversores norteamericanos, cuando dicho tratado que aún está en discusión en ambos países, sobre todo por los efectos, en términos ambientales, laborales y macroeconómicos. Así mismo se fortalece la política de búsqueda de competitividad internacional a partir de la articulación de la educación a la formación para el trabajo, y de la precarización de la mano de obra, tal como sucede para los trabajadores de sectores que ya se encuentran internacionalizados.

Las metas de igualdad y disminución de la pobreza, no muestran sino la falta de compromiso de la política del Gobierno Nacional con la población más vulnerable. El gobierno espera que al final del período existan, 17 millones de pobres, 4 millones en la indigencia, y espera bajar el coeficiente de Gini del 0,55 al 0,50 aún cuando la desigualdad en Colombia es de las peores del mundo. Además pretende financiar gran parte del PND con los recursos que pretende recortarle a las transferencias, mediante el acto legislativo 011 de 2006, que por mandato constitucional pertenecen a los departamentos y municipios, y que debería ser invertida en acceso a salud, educación, agua y saneamiento básico. Esto sucede mientras la última misión de pobreza nos muestra resultados a todas luces reprochables: Uno de cada dos colombianos puede considerarse pobre, con ingresos inferiores a $ 7.500 diarios, casi uno de cada seis es indigente, con ingresos inferiores a $3.000 diarios.

El PND Afecta directamente la estabilidad y futuro financiero de las universidades públicas, obligándolas a pagar los pasivos pensionales de sus recursos propios e ingresos ordinarios, y reafirmando la necesidad de una reestructuración financiera, que continua con el proceso de flexibilización laboral, aumento de matrículas y privatización de la educación superior de carácter estatal.

Para revertir en temas muy sensibles para la población los efectos de esta política, presenté 22 proposiciones a la plenaria del Senado de la República. En el marco de los servicios públicos se propuso acabar con el cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1 2 y 3, así como rebajas en las tarifas para grupos vulnerables como lo son las madres comunitarias. También se presentó proposición para que el Gobierno Nacional asumiera el faltante de la inversión en sistemas de transporte masivo, para que este faltante no tuviera que ser pagado por los ciudadanos a través de impuestos locales y tarifas. Proposiciones que fueron negadas el día 2 de mayo en la Plenaria del Senado de la República

Se propuso también el fortalecimiento de la red pública hospitalaria para todo el país y la búsqueda de una cobertura integral con calidad y pertinencia en educación, para garantizar condiciones dignas de la población, asimismo se buscó proteger las condiciones laborales de los trabajadores portuarios y los trabajadores del sector azucarero que son atropellados por los empleadores (caso que se presenta para las nuevas concesiones portuarias y que se vive con especial dramatismo en Buenaventura) e igualmente una política social especifica para las victimas del conflicto armado y para regiones de alta vulnerabilidad como el departamento del Chocó. Por último se propuso el fortalecimiento de la economía campesina y del sector frutícola en el país para que fuera protegida por el Estado en la búsqueda de la seguridad alimentaria. Propuestas que también fueron archivadas y que no contaron con el respaldo ni de las bancadas mayoritarias en el Senado de la República ni con el aval del Gobierno Nacional.

De la misma manera, el Plan propuesto mantiene una tendencia reaccionaria y profundamente lesiva en materia de política de gobierno en los servicios públicos domiciliarlos. Se desmontan los subsidios para el gas domiciliario en el país, lo cual implica un alza nominal del 20%, solo por este concepto en los costos de este servicio esencial para la población usuaria. A la vez, que se dispone en el plan favorecer de forma directa a las empresas privadas electrificadoras de la Costa Caribe, con beneficios directos por vía de la entrega de los recursos de los subsidios del Fondo de Energía Social a las empresas mencionadas, lo cual implica un favorecimiento de las entidades que no se ve revertido sobre las poblaciones usuarias. Se le entregan igualmente facultades a la administración central para determinar los sitios de disposición final de los residuos sólidos, usurpando las facultades para tal efecto de las Corporaciones Autónomas Regionales y las entidades territoriales. Lo cual configura una intromisión inaceptable del gobierno central en la política local en materia ambiental y de servicios públicos domiciliarios, que solo se explica con la intención de favorecer grandes negociados en el marco de la privatización de este sector. El plan igualmente pretende modificar la ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, para entregar facultades a las Comisiones de Regulación para facilitar la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Así mismo, se le entregan herramientas de orden legal y Fiscal a la Superintendencia de Servicios Públicos para la formulación de planes de despidos voluntarios en las empresas de servicios públicos oficiales, que apalancan la entrega de estas al sector privado, con graves consecuencias de orden laboral para los trabajadores y su estabilidad laboral, así como la preservación de las convenciones colectivas que aún subsisten en el sector.

Se trata de una verdadera ofensiva legislativa en materia de regulación a favor de un proyecto regresivo de entrega corporativa al capital privado de un sector esencial para la calidad de vida de los colombianos, consolidando la tendencia del primer gobierno Uribe. La cual ya ha golpeado duramente a la sociedad, con incrementos sustanciales en los costos de estos servicios, ocasionando durante el pasado cuatrienio, un impacto severo sobre la calidad de vida de los hogares. Panorama que solo será profundizado con este Plan.

Pero quizás lo más grave, es el atentado contra el patrimonio público representado en el Instituto de los Seguros Sociales, ISS, cuya liquidación fuera de forma aleve incluida en el Plan de Desarrollo, en las comisiones de conciliación, luego de que fuera negada en las plenarias del Congreso. En una verdadera conspiración contra el régimen de prima media en materia de jubilaciones, la atención de más del 22% de la población del régimen contributivo en el país, que es atendido por el SEGURO SOCIAL y que asciende a casi Tres millones de pacientes, el 70% de ellos de alto riesgo, ó de franjas vulnerables en materia de salud. De esta forma se consolida un propósito inconfesable de la administración Uribe y del actual ministro de la “Desprotección Social”, Dr. Diego Palacio, que de manera rastrera y de espaldas al país, consolidan su larga tarea liquidacionista, a favor del capital privado, la especulación financiera y los grandes negocios de la salud y contra del patrimonio público de los colombianos y el último reducto de una política de Estado orientada a una concepción pública garantista de la salud, la seguridad social y el bienestar colectivo.

Sin embargo y a la par que se permite la liquidación del ISS, se negocian partidas de inversión para favorecer los intereses de los congresistas en las regiones, a cambio de su apoyo al plan, por un valor en obras civiles que podría superar la cifra de los tres billones de pesos. Lo cual no es otra cosa, que la reedición de la inveterada práctica clientelista, politiquera y corrupta de sobornar de forma velada al Congreso Nacional para que se apruebe un Plan de Desarrollo. Práctica de la cual no participo, rechazo y denuncio por sus gravísimas consecuencias para el país.

Por tanto presento ante el Senado de la República, el Gobierno Nacional y la opinión pública, constancia de mi voto negativo al Plan de Desarrollo 2006- 2010 porque da la espalda a los problemas estructurales que consolidan la desigualdad, la exclusión y violencia que se presenta en el país, porque abre nuevas ventanas para la apropiación de recursos públicos estratégicos a favor de los privados y para acrecentar el clientelismo y la corrupción del Gobierno Nacional y sus bancadas oficialistas en el Congreso y porque se mantiene en la vía de la desinstitucionalización y recentralización del Estado Colombiano. Tendencia estructural que solo conduce a la agudización del conflicto, la desolación del territorio y sus recursos, el empobrecimiento de la nación y el camino de la ruina económica y social del pueblo colombiano.

Firmado.

Alexander López Maya
Senador de la República

Vea en el archivo adjunto las proposiciones del Senador Alexander López al proyecto de Ley por medio del cual se reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010: