Para lograr su objetivo, este Gobierno, de manera irresponsable, se ha negado a llevar una discusión profunda y documentada sobre los efectos de este acuerdo comercial, asumiendo el debate sin presentar estudios serios que fundamenten sus afirmaciones y acudiendo a un discurso patriotero y nacionalista, que trivializa el tema y no permite informar ni dotar de elementos de análisis a la población que se verá afectada, e ignorando las posiciones de los diferentes actores que han mostrado claramente reparos sobre las consecuencias nefastas que tendría la aprobación del Tratado.

El TLC es un tratado en contra de los trabajadores colombianos, su implementación se fundamenta en la posición del gobierno de mantener la competitividad del país a partir de la explotación de los trabajadores. El mercado de trabajo en Colombia ha castigado a la población de menos recursos, negando la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para un miembro de la unidad familiar, así, los trabajadores colombianos han estado sometidos a empleos de mala calidad que apenas los mantienen en niveles de subsistencia. Los sectores que ya están internacionalizados y que se fortalecerán con el TLC, tal como son la agroindustria dispuesta para la producción de biocombustibles, los textiles, y algunos servicios, son sectores con mano de obra altamente flexibilizada, en los cuales no se respetan los derechos mínimos del trabajador, por tanto la aprobación del acuerdo comercial, estandarizaría este tipo de trabajo precario para un alto porcentaje de la población marginada del país.

El Tratado Comercial fortalece e incentiva la apropiación privada de recursos naturales, pues permite comercializar y patentar información sobre la biodiversidad del país, patrimonio de todos los colombianos, llegando al despropósito de patentar la vida misma, sin ningún tipo de miramiento ético sobre los efectos que esto pueda generar para la sostenibilidad ambiental de la región y del planeta. Este gobierno se ha caracterizado por debilitar la legislación que concierne a la protección y defensa del medio ambiente y por mantener una política tendiente a fortalecer megaproyectos donde los beneficios son expropiados por grandes empresas multinacionales que participan en el negocio y que no tienen reparos morales en relación con los efectos ambientales y socioculturales que puedan generar tales proyectos. Con la aprobación del Tratado, sumada a esta macilenta política del Gobierno, el deterioro podría ser inminente y se agravarían problemas que ya son preocupantes para el país, tal y como son la escasez y contaminación del agua, la destrucción de bosques, y la extinción de especies naturales.

No es difícil prever que los bienes públicos de los colombianos, también sufrirán una tendencia a la privatización y al subsiguiente incremento de precios, lo que restringirá, aún más, el acceso de la población a servicios esenciales, como son la salud, la educación y los servicios públicos domiciliarios. El incremento de los precios en medicamentos a mediano plazo, conllevaría a un deterioro sistemático en la salud de los colombianos, y disminuiría la esperanza de vida de población vulnerable con enfermedades de alto costo, asimismo se debilitaría la ya debilitada política en Salud Pública, pues se requerirían más recursos para solventarla, y esta claro que este tipo de inversión no es algo prioritario para los Gobiernos neoliberales que han administrado al país durante las últimas décadas.

Con el TLC, ante la imperiosa estandarización y comercialización de todo servicio educativo se genera el espacio para la privatización total o parcial de la educación pública. Este gobierno piensa desfinanciar la educación pública profundizando la crisis en la que se encuentra, dentro de este contexto, la aprobación del Tratado Comercial, se consolidaría en una estocada que debilitaría el sistema educativo generando políticas públicas de cesión de la política a corporaciones nacionales y multinacionales privadas, aumentando los costos de la política educativa y restándole la autonomía e identidad necesarias para consolidar un proyecto educativo sostenible, auténtico y competitivo, anulando los objetivos esenciales de la educación.

Por tanto presento ante el Senado de la República, el Gobierno Nacional y la opinión pública, constancia de mi voto negativo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América porque en vez de presentarse como una solución para los problemas estructurales económicos y sociales, representa la continuidad de una política fracasada de internacionalización de nuestra economía, que empobrecerá y perjudicará la calidad de vida de la mayoría de los colombianos, y condenará a las próximas generaciones a un recorte de sus oportunidades, y sobre todo, a un país sin condiciones dignas para vivir.

Alexander López Maya Senador de la República