Polo Democrático Alternativo

En el día de hoy, distintos medios de comunicación han anunciado que la Procuraduría General de la Nación inició indagación preliminar contra los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, y en algunas informaciones incluyen también al Senador Jorge Enrique Robledo y al Concejal de Bogotá Jaime Caicedo, con base en los archivos encontrados en los computadores de “Raúl Reyes”, en desarrollo de lo que han dado en llamar la “Farcpolítica”.

En realidad, se trata de un refrito, por cuanto, en mi caso, fui notificada desde el 27 de noviembre de 2008, mediante el oficio No. 1304, de que “El Procurador General de la Nación, a través de auto calendado el 13 de noviembre de 2008, ordenó la apertura de indagación preliminar en su contra”.

Resulta verdaderamente sospechoso que estos anuncios se hagan cuando está en Colombia el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y el Presidente de la República se encuentra en Canadá abogando por la aprobación de un tratado de libre comercio con ese país.

De igual manera, llama la atención que el refrito coincida con la justa inquietud que hay en amplios sectores de la opinión pública por la condena a Teodolindo Avendaño por el delito de cohecho, que constituye una nueva evidencia de que hay altos funcionarios del gobierno comprometidos con este delito, lo que hace aún más extraña la reciente absolución de la Procuraduría al Ministro Diego Palacio Betancourt.

Además, es indudable que la maquinaria del régimen está en pleno funcionamiento para imponer la reforma política y el referente reeleccionista, y que en medio de este panorama arrecia sus ataques contra la oposición para descalificarla como alternativa política y perpetuarse en el poder utilizando los más ruines procederes.

En consecuencia, tal como le he hecho en otros pronunciamientos, reafirmo que la indagación preliminar de la Procuraduría, como otros procesos que cursan en contra de dirigentes políticos de la oposición, hacen parte de un montaje del gobierno para tratar de ocultar su responsabilidad en la “parapólitica”, la “Yidispolítica”, los “falsos positivos”, las interceptaciones ilegales del DAS y otros hechos criminales, al tiempo que demuestran, una vez más la absoluta falta de garantías en que tendremos que adelantar la campaña electoral quienes ejercemos el derecho a disentir y a hacer oposición.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2009