Polo Democrático Alternativo

LA COMUNIDAD DE PAZ de San José de Apartadó han recuperado un poquito de esperanza y fe en la Justicia. Tres años después de que hombres armados irrumpieron en dos veredas y mataron a machete a ocho personas, tres de ellas menores de edad, el caso y otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en esa comunidad de desplazados, están en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y luego pasarán a la Corte Interamericana, en Costa Rica, que deberá fallar en abril.

En la masacre, cometida el 21 de febrero de 2005, estarían comprometidos miembros de la Brigada XVII del Ejército que habrían actuado con la complicidad del Bloque Bananero de las Auc. Así lo denunció la comunidad y así lo confirma un desmovilizado del Bloque Bananero, José Adriano Cano, Melaza, que en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín contó que había servido de guía a algunos miembros de esa brigada en algunas incursiones armadas a ese corregimiento, razón por la cual la Fiscalía investiga a 69 militares.

Pero las cosas no son fáciles. La masacre de febrero de 2005 es apenas un de los crímenes de lesa humanidad, cometidos desde 1997, que involucran a algunos miembros del Ejército, las Auc y las Farc. Además, y a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó hace 10 años medidas provisionales de protección por los asesinatos, amenazas a líderes de la comunidad y el riesgo de más ataques, las muertes no han parado.

El último crimen fue denunciado por el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Ocurrió el 23 de diciembre pasado, cuando la vivienda de la familia Jiménez -Alberto, su mujer Margarita Giraldo y dos hijos- fue atacada con granadas y proyectiles por un grupo armado. Margarita desapareció y su cadáver fue recuperado dos días después por la familia cuando fue presentada por el Ejército como guerrillera dada de baja.

El pasado 15 de febrero el sacerdote envió un derecho de petición al Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el que dice que en los últimos 30 años ninguna de las investigaciones adelantadas por la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la Procuraduría han dado resultados, "a no ser la eliminación de testigos y denunciantes, o amenazas contundentes, como la del caso presente, que han causado centenares de desplazamientos forzados".

El documento fue publicado en Internet con fotografías de la vivienda, y tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, el Parlamento Europeo, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y varios organismos de derechos humanos, tienen una copia.

Brígida González, una de las líderes de la Comunidad de Paz, lo mismo que los pocos habitantes que allí quedan -menos de 400-, confían en que la Justicia Internacional les devuelva la confianza que la colombiana les robó, y esclarezca la verdad de tantos crímenes. "Esperamos que haya resultados, porque los crímenes de niños y de civiles no pueden quedar en total impunidad", dice Brígida. El 26 de diciembre de 2005 asesinaron a su hija Elicenia Vargas y a su nuera Uberlina Delgado, y desde entonces y con el apoyo de ONG internacionales ha recorrido el mundo denunciando el caso.

No sorprende que tras tantos crímenes y años de impunidad, y ante la indiferencia de las autoridades nacionales y de la sociedad, la Comunidad de Paz sólo confíe en la Justicia Internacional. Porque la colombiana no sólo cojea. Parece paralizada.

UNAS DE CAL...

No todo está perdido para el Estado colombiano en las cortes internacionales. En el caso del bombardeo a Santo Domingo, Arauca, en noviembre de 1998, donde murieron 15 personas, la defensa logró consolidar pruebas que contradicen la versión según la cual la Fuerza Aérea colombiana se excedió.

Tres guerrilleros desmovilizados que participaron en los combates que dieron lugar a los bombardeos, están dispuestos a rendir testimonio ante la Corte Interamericana sobre la misión que cumplieron.

"A la escuadra de la que yo hacía parte le ordenaron dinamitar la estación de gasolina y arrojar entre los escombros restos de una bomba cluster para inculpar a los pilotos de la FAC", dijo uno de ellos.

Testimonios como este coinciden con los resultados de otras pruebas técnicas practicadas en los laboratorios del FBI, en Estados Unidos.

Según la ONG Verdad Colombia este sería el primer caso en el que el Estado saldrá limpio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Nación ha sido condenada la mayoría de las veces.

* Tomado de la revista Cambio.