Polo Democrático Alternativo

Ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Náder, dijo que el juez de primera instancia para los autores de delitos atroces debe ser el Tribunal Superior de Bogotá y no los Tribunales Superiores de Distrito.

También precisó que la segunda instancia para esos casos no debe ser la Sala Penal de la Corte, sino la Plenaria de la corporación por tratarse de delitos que tienen implícitos ingredientes jurídicos y políticos.

Náder hizo la afirmación ayer al salir de una conferencia con el presidente Alvaro Uribe, en la Casa de Nariño, a donde asistió por invitación del mandatario para informarse sobre el curso del proyecto en gestación.

Uribe, al parecer, respaldó la observación de Náder y se comprometió a incluir su recomendación en la iniciativa que se llevará a consideración del Congreso dentro de una semana.

La idea de entregar el juzgamiento de ex combatientes autores de delitos graves a jueces regionales había recibido la crítica del senador Rafael Pardo Rueda, quien advirtió que con esa fórmula la cúpula de las Autodefensas de Santa Fe de Ralito sería juzgada por un juez de Montería, lo que a su juicio, no tendría garantías de plena justicia.

El presidente del alto tribunal advirtió, de otra parte, que la ley que servirá de marco jurídico a las negociaciones con los grupos armados "no puede ser una ley de punto final". En el breve diálogo que sostuvo con los reporteros después de hablar con el presidente Uribe, Náder se declaró partidario de lograr un justo equilibrio entre "sometimiento sin impunidad", precepto defendido por el Gobierno.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Estado, Germán Rodríguez, quien también asistió a un encuentro similar con el presidente Uribe, dijo que la reparación a las víctimas de la violencia debe ser "total" y para todos los afectados.

Las visitas de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Uribe forma parte de las consultas de Uribe con el propósito de conseguir el mayor respaldo alrededor del proyecto que debe servir de guía para las negociaciones con los paramilitares.

Terminadas las consultas, el presidente Uribe, quien asumió el reto personal de sacar adelante la iniciativa, la enviará definitivamente al Congreso para su discusión.