El refrán popular "no hay mal que por bien no venga" podría aplicarse a la grave crisis política y diplomática que tuvo lugar en la primera quincena de marzo de 2008 entre Colombia, de un lado, y Ecuador, Venezuela y Nicaragua, del otro.

" El mal ", el bombardeo y asalto de las Fuerzas Armadas colombianas ordenado por el presidente Uribe a un campamento de las FARC situado en territorio ecuatoriano, con el fin de eliminar a Raúl Reyes, causando la crisis regional que socavó las relaciones entre Colombia y los tres países hermanos y nos expuso al riesgo de un eventual conflicto bélico. Como es sabido, en el ataque, que se efectuó sin el consentimiento previo de Ecuador, las tropas colombianas dieron muerte a más de veinte guerrilleros que se encontraban durmiendo. El gobierno de Uribe intentó, sin lograrlo, justificar la violación de la soberanía de Ecuador con el falaz argumento de la "legítima defensa" y amañar un ambiente de suspicacia en torno al gobierno de Correa por su supuesta connivencia con las FARC.

" El bien ", las conclusiones finales de los tres principales episodios de esta crisis, que involucró a los países del continente: la declaración de la Cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, el informe de la Comisión de la OEA que viajó a la frontera con Ecuador y la Resolución de la reunión de cancilleres ante la OEA en Washington.

Un resumen de esas conclusiones convergentes y positivas, es el siguiente:

Se reiteró "la plena vigencia" del principio de la soberanía territorial "sin ninguna excepción", consagrado en la Carta de la OEA, "como un principio vital de la convivencia entre las naciones americanas". Se reiteraron los principios de la "abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza" y de la "no injerencia en los asuntos de otros Estados", consignados también en la Carta de la OEA.

Se expresó de manera explícita el rechazo a la violación de la soberanía ecuatoriana por parte de Colombia. Además el gobierno de Uribe tuvo que presentar disculpas y anunciar su compromiso de que hechos similares no se repetirán bajo ninguna circunstancia. Este punto y el anterior dejan ver la dificultad política que tendría el gobierno de Uribe para reincidir en este tipo de actos.

Se derrotó la tesis que defendían Colombia y Estados Unidos que pretendía legitimar la violación de la soberanía de Ecuador con base en el derecho a la legítima defensa y en la resolución de la ONU que condena el apoyo a terroristas (tesis inaceptable con la que Estados Unidos justificó sus agresiones en Afganistán e Irak).

Quedó en evidencia que el gobierno de Uribe intentó asaltar la buena fe de los gobiernos cuando le "informó" (léase desinformó) al presidente Correa sobre la incursión de las tropas colombianas y cuando las autoridades colombianas "deslizaron" deliberadamente al periódico colombiano El Tiempo la falsa versión de que la foto del computador de Reyes era la del Ministro de Seguridad de Ecuador.

Los países reiteraron "el firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad" en la región "por parte de organizaciones criminales, en particular aquellas vinculadas al narcotráfico", propuesta que el gobierno de Uribe presentó con la mira en las FARC. A su vez, no pasó el concepto de "la lucha contra el terrorismo" que, desconociendo el carácter de las FARC y del conflicto armado, el gobierno de Uribe quiso hacer aprobar.

Se normalizaron las relaciones de Colombia con Venezuela y Nicaragua. Se hicieron recomendaciones para restablecer un clima de confianza entre Ecuador y Colombia, entre ellas: crear una comisión especial de la OEA para que le haga seguimiento y verificación a los acuerdos fronterizos, desarrollar programas de integración y promover el diálogo entre la sociedad civil en las fronteras y fortalecer el comercio bilateral. El Secretario General de la OEA deberá presentar en la próxima Asamblea General que tendrá lugar en Colombia un informe sobre el cumplimiento de estos puntos y, salvo que se produzcan nuevos hechos -la situación sigue siendo frágil-, las relaciones entre ambos países deberán restablecerse a mediano plazo.

Se renovó la importancia de los foros multilaterales con base en el derecho internacional, se comprobó que los países de América Latina y Caribe tienen la capacidad de trabajar juntos y con autonomía frente a Estados Unidos, y se avanzó en la idea de crear la Organización de Estados Latinoamericanos.

Una vez mas quedó claro ante las naciones latinoamericanas que éstas deben ayudar decididamente a que termine el conflicto armado en Colombia y contribuir al tratamiento adecuado del fenómeno internacional del narcotráfico, pues ambos hechos afectan cada vez más la región. Se fortaleció la idea de crear un grupo de países amigos, al estilo Grupo de Contadora, que facilite el diagnóstico de soluciones conjuntas y la construcción de un escenario de paz.

De esta manera, la crisis regional causada por la decisión irresponsable del presidente Uribe de atacar a las FARC en territorio ecuatoriano, generó la reacción de los países de América Latina, quienes finalmente dejaron en firme el rechazo a la agresión del gobierno de Colombia y el principio de que las relaciones entre los países deben observar de manera estricta la soberanía y el derecho internacional.

Esta crisis regional -que aun no termina- también puso de presente que un Estado tiene el derecho legal de enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en su territorio pero con sujeción al derecho nacional e internacional, que es necesario persistir en una solución política del conflicto armado en Colombia -la solución no es ni será militar- y que alcanzar la paz en nuestro país requiere del respaldo activo de la comunidad internacional, hay que regionalizar la paz.

Mauricio Trujillo-Uribe

Miembro Comité Ejecutivo Nacional PDA Texto de opinión, marzo de 2008