Polo Democrático Alternativo

Por: German Enrique Reyes Forero

Presidente Comisión de Derechos Humanos y Audiencias

Cámara de Representantes

E-mail: germanreyescamara@yahoo.es

La aparición de 19 cadáveres, ó 23 según otras fuentes, en fosas comunes en los municipios de Cimitarra (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), ha sido la noticia de distintos medios nacionales y extranjeros de los últimos diez días del mes de septiembre del presente año. El Ejército colombiano se ha responsabilizado de dichas muertes en seis eventos diferentes (la Brigada Móvil #15 dio de baja a 5 en la Región del Catatumbo; el Batallón Santander a 4 en los municipios de Ocaña, Teorema y Hacari; el Batallón Rafael Reyes a 2 en Cimitarra1); las han justificado como “muertos de bandas emergentes en combate”; el General Paulino Coronado es enfático en sostener que ninguno fue muerto fuera de combate, que estaban “vestidos de civil y portaban pistolas y escopetas”2. Hechos fáciles de investigar si es que hay voluntad gubernamental y política y decidida lucha contra la impunidad. De algunos de los desparecidos y muertos, se dijo que uno perteneció al ELN; los demás fueron reclutados por las FARC, otras veces por las “Águilas Negras” (grupo paramilitar y narcotraficante) o por las “Autodefensas Campesinas Nueva Generación”, o que simplemente estaban al servicio del narcotráfico.

El hecho, hasta ahora claro, es que fueron jóvenes reclutados o hechos cautivos en Ciudad Bolívar (Bogotá) y el municipio de Soacha; eran desempleados u obreros de la construcción; sucedió entre los meses de enero y agosto del presente año y 24 ó 48 horas después o, a lo sumo, cinco días, fueron muertos por el Ejército y luego depositados en fosas comunes por la morgue del Hospital de Ocaña porque “no dio abasto para conservar los 12 cuerpos”3 (“los cuerpos fueron depositados unos sobre otros como animales” dijo un campesino). Las sospechas no se dejaron esperar. La Secretaria de Gobierno de Bogotá, doctora Clara López, dijo que “estamos frente a una modalidad de desaparecimiento forzado con fines de Ejecución”4, y el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ha dejado entrever que se está trasegando por los campos de la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al comentar “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea cierto”5. Está haciendo carrera en las Fuerzas Armadas eso de “legalizar el muerto” (delincuentes, drogadictos o pertenecientes a grupos al margen de la ley), con los famosos “falsos positivos”, con el supuesto de mejorar resultados operacionales por parte de las tropas del Estado, que no es más que una despiadada carrera u orgía de la muerte. Así, algunos militares “mide[n] los resultados en litros de sangre”6. Una comisión de las Naciones Unidas lo advirtió, por casos recientemente ocurridos en Montería y Toluviejo (Córdoba) y Medellín y Remedios (Antioquia) de la siguiente manera: “Las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o, incluso, ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos dados de baja en combate”.

Estos mismos hechos, y por la misma época (9 de enero de 2008), se repitieron en Risaralda con 18 jóvenes muertos procedentes de La Virginia, Pereira y Dosquebradas7; posteriormente, 3 aparecieron en Santa Rosa de Osos (Antioquia), 2 en Sabana de Torres (Santander), 3 en Calarcá (Quindío), 2 en Montebello (Antioquia), 4 en Manzanares (Caldas), 4 en el Río Otún (Pereira) y, según la Octava Brigada del Ejército “todos los operativos fueron enfrentamientos y ajustados a los procedimientos militares”8, como coincidencia con lo denunciado por Naciones Unidas.

La explicación e investigación de estos hechos no sólo las reclaman los familiares. También las reclaman desde el Congreso de la República, en particular desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes; las exigen las ONG y los organismos internacionales. Instamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo y en especial al Ministerio de Defensa, a dar a conocer los avances y resultados de sus investigaciones; de lo contrario, seguirá registrando Colombia las espeluznantes cifras de los crímenes de guerra que mantienen espantada a la comunidad internacional.

Llamamos a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como Internacionales, a que estén atentas al desenlace de tan macabros acontecimientos.