Polo Democrático Alternativo

Así lo explicó Gustavo Petro, presidente del Polo Democrático, quien afirmó que el apoyo del partido a este proyecto se da por un mandato de la Junta Nacional del PDI.

Durante la exposición ante los medios de comunicación, Petro Urrego explicó que no se debe acondicionar la juridicidad del país a lo que proponen los paramilitares que empiezan a desmovilizarse. “Lo que debemos es garantizar la verdad y la reparación de las víctimas”, anotó.

Al respecto, el presidente del PDI dijo que “cuando el gobierno plantea mecanismos de verdad y reparación le está haciendo caso a las perspectivas de los paramilitares”.

Petro dijo a la opinión pública que el proceso que viene organizando el gobierno con las Auc no es en realidad una negociación de paz. “Hasta el momento vemos que puede haber desmovilizaciones, pero no desparamilitarización, en tanto los recursos financieros, la capacidad social, técnica y política para organizar el paramilitarismo queda intacta”, explicó el dirigente de la oposición democrática y agregó que “en esa misma perspectiva, habría impunidad, habría engaño, mentira y ocultamiento y no habría reparación a las víctimas, en ese caso la Corte Penal Internacional o cualquier juez en cualquier lugar del mundo estaría facultado para procesar, juzgar, condenar a todos los jefes paramilitares de Colombia”.

El líder del PDI dijo que se debe plantear un proceso claro, de cara a la comunidad internacional para evitar que sucedan las anomalías del Cono Sur. “Si, para usar las palabras de Luis Carlos Restrepo, lo que se pretende es ‘bloquear’ a la Corte Penal Internacional, eso no se hace con engaños, eso se hace es con un proceso serio de justicia en Colombia, de verdad y de reparación de las víctimas”, explicó Petro y agregó: “Nosotros en el Polo Democrático no entendemos por qué el presidente Uribe no está interesado en que esto se garantice en el proceso de negociaciones, en que no haya confesión, en que no haya listados, en que no haya nombres propios con fechas de ingreso al paramilitarismo, con estatus dentro de la organización, con relatos de los hechos que cometieron a través de una confesión judicial y de delación de bienes”.

Y continuó: “Desde el punto de vista político, si este proyecto se aprueba como marco jurídico de las negociaciones nos garantiza un mínimo de verdad, justicia y reparación, si eso se realiza al interior de Colombia, en mi opinión, no vamos a tener problema con la justicia internacional, con los tratados internacionales, con la humanidad y entonces el proceso puede transcurrir seriamente. Si no se hace, pasará lo de Pinochet, tarde que temprano, a pesar de que se puede engañar a la opinión pública, los ‘pinochet’ colombianos terminarán en las cárceles y habremos perdido una oportunidad histórica para una construcción de convivencia nacional”.

Ante esto, Petro Urrego dijo que la mejor opción para que esto se consiga es que se realicen delaciones individuales. “Esta es la otra alternativa, que no es el punto de vista paramilitar, hasta ahora es el punto de vista de varias organizaciones políticas, algunos partidos políticos, que lo están poniendo en discusión con la sociedad colombiana”, aclaró al respecto.

El proyecto, según el presidente del PDI, se diferencia de lo que presentó el gobierno inicialmente en que construye mecanismos concretos para garantizar la verdad y la reparación. “Mi opinión personal es que el mecanismo concreto es la confesión. Supeditar los beneficios jurídicos que recibe cada paramilitar a la confesión”, anotó.

Frente a este mecanismo propuesto por el líder de la oposición democratica explicó: “La confesión se debe hacer sobre básicamente dos cosas: hechos y bienes. Cualquiera diría ingenuamente que pueden decir mentiras, no, porque son confesiones individuales que se van a convertir en 15 mil o 20 mil, que es el número que ellos mismos manejan, que se van a cruzar en un organismo del Estado, que se cotejan, y que pueden perfectamente garantizar la materia prima de la verdad y el establecimiento de contradicciones; si hay contradicciones, si hay engaños, se pierden los beneficios jurídicos”.

Petro recordó que este mecanismo hizo parte del proceso que se generó en forma práctica en Sudáfrica. “Si uno condiciona los beneficios jurídicos a la confesión, garantiza la verdad. En cuanto a los bienes, si son seis millones de hectáreas, son la garantía de la reparación de las víctimas. Si no hay esa entrega de tierras y dineros por voluntad propia de los paramilitares lo que tendríamos es un lavado de activos que alcanza la cifra de 30 billones de pesos, el lavado de activos más gran de la historia del país. Por lo tanto, el mecanismo concreto de la confesión como prerrequisito para tener beneficios jurídicos es indispensable si se quiere reparación, si se quiere verdad y si se quiere justicia”, concluyó.