No obstante, en el tramo que ahora se recorre, mientras los candidatos analizan y proponen, el poder central del gobierno se ha concentrado en rematar el patrimonio público, o lo que resta de él, “las joyas de la corona”, como las calificó un reconocido medio oficial. Parece que la competencia electoral se ha convertido en cortina de humo para el bazar de privatizaciones que esta administración emprendió. Mientras al pueblo se le abruma con variopinta propaganda del Presidente-candidato, el Ejecutivo subasta.

Aunque el desenfreno privatizador de 2006 empezó con MEGABANCO, al parecer golpeando los intereses de los pequeños accionistas, el caso más grave es el de TELECOM. No obstante haberse demostrado que la principal empresa de telecomunicaciones podía con sus propios recursos enfrentar el porvenir, con argucias se le presentó al país la necesidad de contar con un “socio estratégico”. Y hoy, mediante una licitación con la que se llenan las formalidades que en un principio se omitieron de manera escandalosa, todo lleva trazas de que se le va entregar la mayoría de la empresa al mismo postor escogido a dedo hace seis meses, solo que podría ser por una suma menor a la irrisoria que en ese entonces se le ofrendó. Para colmo, si tal es el caso ya se insinúa culpar del desafuero a quienes sensatamente propusieron ante el primer intento que se procediera acorde con la ley.

Y como la razón para privatizar ahora no es la quiebra de las entidades sino todo lo contrario: sus buenos resultados, despropósitos similares se van a cometer con una empresa estratégica como ECOGAS, que valorizó sus activos y su patrimonio en 18% en el ultimo año; con el costosamente saneado BANCAFE, que emitirá papeles para su enajenación entre Abril y Mayo; con 30 empresas del sector agropecuario, incluida una importante participación en VECOL; con la quinta parte de la principal generadora de energía, ISAGEN, así como otras electrificadoras regionales, y la Refinería de Cartagena por la cual, entre otras multinacionales, parece que tiene apetito hasta la filial en Colombia de la rapaz y desprestigiada ENRON. En todas ellas los inversionistas extranjeros contarán además con las gabelas exorbitantes que les concedería el TLC si es que entra en vigencia.

Carece de congruencia que mientras el actual gobierno propaga el bienestar de la patria como su interés supremo, a la vez en almoneda a la baja, remate empresas de importancia estratégica para el desarrollo social y económico; lo que, además, el sector privado adquirente se aprestará a convertir en exorbitante lucro al recargar sobre los colombianos el mayor costo del acceso a servicios básicos como telecomunicaciones, energía y gas, entre otros.

En aras de superiores intereses nacionales, el gobierno debe suspender en todos los frentes la venta de tan importantes empresas. Quien resulte como ganador en los comicios presidenciales, sobre todo en el caso del Polo Democrático Alternativo, que coincide con la opinión de casi todos los colombianos en rechazar por nefastas las privatizaciones de las áreas de bienestar social, se podrá conservar como pilares de nuestro país activos tan valiosos y empeñarse en colocarlos al servicio de las mayorías necesitadas de Colombia y no de la voracidad del capital financiero como viene sucediendo.