A comienzos de 2007 el gobierno colombiano presentó la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social 2007-2013 (EFDDS), más conocida como la fase II del Plan Colombia. Esta estrategia está dirigida a buscar el apoyo de la comunidad internacional con el objeto de consolidar lo que el gobierno considera como los logros del Plan Colombia I (1999-2006) y de la Política de Seguridad Democrática.

Tal como sucedió en su momento con la primera fase del Plan Colombia, la segunda se discute actualmente en el Congreso de los Estados Unidos, sin que haya sido conocida siquiera por el Congreso colombiano. Sin embargo, al igual que en el caso del TLC, su aprobación se ha visto en serias dificultades, por la oposición de los demócratas, como consecuencia de las persistentes violaciones de los derechos humanos, en especial a los sindicalistas en Colombia, y del escándalo de la parapolítica, que tiene a un importante número de congresistas amigos del gobierno de Uribe bajo proceso judicial o en prisión, por sus vínculos con los grupos paramilitares.

El PDA saluda la posición de diversos sectores políticos, sociales y de la opinión pública de Estados Unidos, que se vienen oponiendo a la aprobación de estos planes para Colombia. Con respecto a la fase II del Plan Colombia, queremos llamar la atención sobre sus puntos fundamentales que, de ponerse en práctica, contribuirán a incrementar la crisis social y humanitaria, alejando las posibilidades de obtener una solución negociada al conflicto que vive el país desde hace varias décadas.

El Plan Colombia contempla nueve objetivos y seis componentes principales, que son: lucha contra las drogas y el terrorismo; fortalecimiento de la justicia y promoción de los derechos humanos; apertura de los mercados; desarrollo social integral; atención integral a la población desplazada; y desmovilización, desarme y reintegración. De acuerdo con el documento oficial del Plan, presentado por Planeación Nacional, su objetivo central consiste en “consolidar los logros obtenidos, y extender la autoridad efectiva del Estado y el nuevo modelo de justicia a todo el territorio nacional, con el fin último de proteger a la población e impulsar su bienestar” (p.41). Sin embargo, los componentes mencionados se pueden sintetizar en dos políticas centrales, acordes con las estrategias de Estados Unidos en Colombia y con la Política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe: primero, la lucha contra las drogas y el terrorismo, y segundo, la profundización de las políticas neoliberales, mediante la aprobación y puesta en marcha del TLC.

El primer componente del Plan contempla la fusión entre la lucha antinarcóticos y la estrategia contrainsurgente, bajo la denominación de “amenaza narcoterrorista”. En torno a este componente, el documento define dos líneas de acción: la política de consolidación de la Seguridad Democrática y la política de lucha contra las drogas. En este punto, hay que destacar que la llamada lucha contra el terrorismo del gobierno incorpora la Doctrina de Acción Integral, basada en la nueva doctrina del Comando Sur para la Américas, y busca la armonización de las acciones militares, policiales y de seguridad y defensa, con las acciones civiles del Estado.

Tal como ha sido ampliamente documentado y denunciado, la aplicación del Plan Colombia y de la Política de Seguridad Democrática ha representado violaciones permanentes a los derechos humanos de las comunidades expuestas a la erradicación forzada de los cultivos, principalmente en lo que tiene que ver con salud, medio ambiente y seguridad alimentaria. Miles de personas se han visto abocadas al desplazamiento forzado hacia los países vecinos, en especial Ecuador, como consecuencia de las fumigaciones aéreas. Ello agrava la crisis humanitaria del país, expresada en tres millones de desplazados internos, la cifra más alta de todo el hemisferio occidental. En ese contexto, las políticas oficiales de atención a los desplazados, contempladas en el Plan, no son más que paliativos, por completo insuficientes para atender la magnitud del problema.

En lo que respecta a la lucha antinarcóticos, diversos informes, tanto nacionales como internacionales, muestran que la erradicación de los cultivos de uso ilícito ha sido un fracaso en cuanto a la disponibilidad de la droga en los mercados internacionales. No ha habido una variación sustancial de la oferta de droga que esta saliendo del país.

Por otra parte, las organizaciones del narcotráfico, lejos de desmantelarse, se afianzaron en los grupos paramilitares, que bajo los dos mandatos de Uribe Vélez han obtenido un mayor control político, económico y social de diversas regiones del país, como se puede deducir del descubrimiento de las tumbas masivas y del resultado de las recientes elecciones regionales. En ese contexto, la estrategia de desmovilización, desarme y reintegración de la fase II del Plan Colombia plantea dos fallas estructurales: la imposibilidad de la reconciliación nacional basada en la impunidad y en el menosprecio de los derechos de las víctimas y la idea de que esta estrategia se mueve en un escenario de posconflicto, por cuanto el problema ya fue supuestamente superado. Las denominadas bandas emergentes o de “nueva generación” no pueden considerarse fenómenos colaterales al proceso, sino más bien como la consecuencia de la institucionalización de la estrategia paramilitar. La negociación con los grupos paramilitares, al amparo de la Ley de Justicia y Paz, está contemplada en la nueva fase del Plan Colombia y es el asunto en torno al cual se suscita mayor polémica internacional.

Coherente con la posición del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el componente antiterrorista del Plan niega de plano la existencia del conflicto armado interno en Colombia, lo que trae graves implicaciones para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y, por ende, dificulta el logro del Acuerdo Humanitario. El conflicto armado, lejos de resolverse, tiene expresión en diversas regiones del país, con consecuencias muy graves sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes y la población campesina en general.

Por su parte, el componente económico, presentado como “apertura de mercados”, se concentra en la promoción del TLC y en la preparación de la economía colombiana para su entrada en vigencia. Se articula con una serie de reformas, entre ellas la que recientemente se hizo al Sistema General de Participaciones, más conocida como Reforma a las Transferencias, que recortará notoriamente los recursos para inversión social de las entidades territoriales. Con esta estrategia se busca privatizar, entregar los recursos naturales a las multinacionales, facilitar el saqueo del trabajo nacional y también legalizar el despojo de amplias zonas del territorio nacional, mediante el cual poblaciones enteras han sido víctimas de grupos paramilitares que se apropiaron de sus tierras.

Por último, el Plan Colombia fase II tendrá un costo de $43,836 millones de dólares, la mayor parte de los cuales será asumida por Colombia, y con recursos del presupuesto nacional que se permite sean manejados por los Estados Unidos y realizar una operación clientelista. El Plan se presenta en momentos en que Washington anuncia un recorte a la ayuda militar al país, lo que llevará a un mayor esfuerzo por parte del Estado y, por ende, a una mayor reducción del gasto público y social.

Así, el Plan Colombia fase II, en lugar de contribuir a la solución del conflicto y a la búsqueda de la paz en el país, aparece como un plan de guerra que contribuirá a fortalecer las dinámicas del conflicto, marcado por una intervención cada vez más abierta de los Estados Unidos en los asuntos del país.