Polo Democrático Alternativo

La Ley de Justicia y Paz que, según el gobierno Uribe, permitió superar el paramilitarismo en Colombia, fue concebida en realidad como un instrumento de impunidad de las masacres y miles de asesinatos y desapariciones cometidas por estos actores paraestatales del conflicto armado durante los últimos 20 años, y como un mecanismo de legitimación de las riquezas acumuladas con la violencia y el narcotráfico en manos de las AUC y sus promotores. Sólo la presión de las organizaciones sociales y de víctimas, de la sociedad civil, de la opinión nacional e internacional, y la intervención de la Corte Constitucional lograron adecuar las previsiones de la Ley a los marcos de la Constitución de 1991.

Ello ha permitido develar el fenómeno de la parapolítica que actualmente compromete a más de 40 legisladores y dirigentes políticos de la coalición de Gobierno, muchos de ellos en la cárcel por la acción de la Corte Suprema de Justicia y últimamente por la Fiscalía General de la Nación. Los ataques del propio Presidente contra la Corte y el afán desaforado del Gobierno por beneficiar judicialmente a quienes contribuyeron a su propia elección en 2002 y 2006, afectan la separación de poderes del Estado colombiano y siembran dudas sobre la existencia de compromisos previos e ilegales con la mafia paramilitar para “refundar la nación”. Todavía el presidente Uribe le debe explicaciones al país.

De acuerdo con la evidencia cotidiana y con la Misión de la OEA, el paramilitarismo no sólo no ha desaparecido con las AUC sino que se ha reciclado en múltiples grupos de asesinos que mantienen el control social de amplias regiones mediante la violencia y el crimen, no se han desmontado las estructuras mafiosas ni se ha disminuido siquiera la producción y exportación de cocaína, se mantiene su interferencia nociva en las elecciones regionales y los jefes paramilitares recluidos en prisión siguen ejerciendo el mando de sus organizaciones mafiosas supuestamente desmovilizadas,

El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación no puede ser limitado por la voluntad gubernamental de beneficiar a los victimarios, ocultar sus propias responsabilidades y utilizar a la CNRR para agenciar su política de Seguridad Democrática. La verdad judicial es necesaria pero no suficiente para que la sociedad colombiana encuentre los caminos de la reconciliación, la justicia transicional debe aplicarse de manera que fortalezca y no deslegitime nuestro Estado social de derecho, la reparación no puede con fórmulas administrativas vulnerar las exigencias internacionales de resarcimiento, restitución, memoria histórica y no repetición.

La voluntad del Gobierno Uribe de recoger apoyos para la proyectada segunda fase del Plan Colombia e involucrar a la Unión Europea en la financiación de su estrategia de guerra y el fortalecimiento de su proyecto autoritario de Seguridad Democrática, nos obliga a advertir a la comunidad internacional de la seria amenaza para la Democracia que significa la continuidad de estas políticas y por ello acudimos a la Cláusula Democrática de la UE para que la Cooperación internacional fortalezca la búsqueda de acuerdos humanitarios y de la solución negociada al conflicto interno, se aboque a la resolución de la grave crisis humanitaria y contribuya a consolidar la democracia colombiana y el Estado social de derecho de que nos dotó la Constitución de 1991 .

Desde las ciudades y campos de Colombia, las miles de mujeres, niñas y niños afectados por el conflicto, sindicalistas, y las desarraigadas comunidades de indígenas, campesinos y afrocolombianos, esperan por fin la Paz con justicia social. Y nosotros, los emigrantes, cuatro millones de colombianos y colombianas que debimos abandonar el país por la miseria y la violencia, aspiramos a que el logro de la verdad, la justicia y la reparación, abonen los caminos de la reconciliación y del retorno al país de nuestros sueños.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO- PDA EUROPA

Madrid, 13 de Noviembre de 2007