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Defender la independencia de la justicia frente al Ejecutivo


- "Tesis como la expuesta por Uribe en Pereira de que “ya no se puede alegar la independencia de las instituciones” y la que se desliza en los medios del Palacio de Nariño sobre la “Unidad del Estado”, según la cual la separación de poderes y la autonomía de éstos ya no existe en el caso colombiano, son contrarias a las conquistas del derecho constitucional y penal, a la jurisprudencia y doctrinas tanto nacionales como internacionales."

- Declaración del Colectivo del PDA Bélgica.


Jueves 16 de agosto de 2007

“Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho”

(Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo)

La cruzada iniciada por el presidente Alvaro Uribe Vélez para convertir el delito común de “paramilitarismo” en una infracción política de “sedición”, lo ha enfrentado a la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, también a los conocedores del Derecho Constitucional y Penal y ha puesto al descubierto que el Presidente está transitando desde tiempo atrás sobre las arenas movedizas de la consolidación de una abierta y peligrosa dictadura de corte neo-fascista.

Ante estos hechos, no pocos tratadistas, respaldando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, le han recordado al Presidente Uribe que “Los beneficios que implica el delito político están contemplados para los enemigos del Estado. Para quienes toman las armas contra él, no para sus amigos.” Pero además de enfrentar los fallos de la Corte Constitucional y los de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente Uribe trata de revisar los principios sustanciales del Estado social de Derecho en Colombia, como el de la división de las ramas del poder público y su colaboración armónica. Tesis como la expuesta en Pereira de que “ya no se puede alegar la independencia de las instituciones” y la que se desliza en los medios del Palacio de Nariño sobre la “Unidad del Estado”, según la cual la separación de poderes y la autonomía de éstos ya no existe en el caso colombiano, son contrarias a las conquistas del derecho constitucional y penal, a la jurisprudencia y doctrinas tanto nacionales como internacionales. Intenta el reelecto presidente llevarse por la borda las instituciones democráticas surgidas de la Revolución Francesa y adoptar el mismo camino del fascismo en Europa negando de plano las instituciones de la democracia burguesa. En el terreno ético el presidente, según declaraciones de sus propios socios como Ernesto Báez, (Jefe paramilitar), trata de cumplir una promesa pactada con ellos a espaldas del país y se la juega a fondo defendiendo la llamada Ley de Justicia y Paz hecha a medida y gusto de sus socios paramilitares.

Es de público conocimiento en Colombia y en el exterior, que el actual poder legislativo de este país ha sido manipulado desde la Presidencia a favor de los paramilitares, mantiene una mayoría donde los narcotraficantes y paramilitares constituyen una base fundamental (véanse investigaciones que salpican la familia presidencial e involucra a congresistas y altos funcionarios del estado en el escándalo de la para-narco política). Desde ese escenario se atenta contra los principios fundamentales de la República, con reformas constitucionales como la que estableció la reelección del propio Uribe Vélez y ahora se pretende mediante operaciones de verdadera alquimia jurídica y política, darle cuerpo visible a la, hasta ahora no muy clara concepción del “estado comunitario”: Una dictadura fascista soportada económicamente en el capital trasnacional y en las clases emergentes del narcotráfico y políticamente en un aparato de control ciudadano, tipo “GESTAPO” en manos de los bien entrenados paramilitares convertidos por el presidente Uribe en una especie de “ángeles protectores del Estado”, por lo tanto, dignos de tratamiento político.

Los diferentes colectivos del Polo Democrático Alternativo en Europa, en desarrollo de nuestros principios contenidos en el “Ideario de Unidad”, hacemos un llamado a toda la militancia, amigos y simpatizantes, a los demócratas colombianos, a los gobiernos, parlamentos y autoridades jurisdiccionales del mundo entero, a convertir en realidad el Estado Social de Derecho, consagrado formalmente en la Constitución Política de Colombia, así como el principio de la división de las ramas del poder público, respaldando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, sobre la incompatibilidad del “paramilitarismo” con el delito político, en su lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la para-narco-política, así como a sus fallos que por vía de doctrina desarrollan los aspectos democráticos contenidos en la Constitución Política de Colombia. Bienvenidas todas las acciones solidarias en esa dirección que refuerzan la lucha por la Democracia , los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la salida política al conflicto social y armado que se desarrolla en Colombia.

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