Polo Democrático Alternativo

En verdad, nadie se aventuró a profundizar sobre el tema. Sin duda, el deslizamiento de algunos congresistas y las mezquinas motivaciones que les atribuyen, constituyen una falta inexcusable que pone en evidencia la heterogeneidad de los intereses predominantes en las bancadas. Sin embargo, si nos detenemos a examinar la cuestión, podremos llegar a la conclusión de que la modalidad adoptada para la integración del CNE permanece estancada en los moldes de bipartidismo tradicional. La constatación de los magistrados elegidos y de los métodos de su elección por el Congreso deja al descubierto el viejo bipartidismo amparado en un nuevo realinderamiento partidista. En definitiva, se trata de las mismas personas y políticas bajo nuevos rótulos partidarios.

La composición final del CNE que dirigirá y reglamentará los procesos eleccionarios del los próximos cuatro años no solamente excluye a la primera fuerza de oposición representada en el Polo Democrático Alternativo, sino que ubica las mayorías calificadas de dos terceras partes para todas las decisiones en cabeza de la coalición gobernante. Que la integración de la suprema instancia en lo electoral dependa más de la maniobra menuda que del sano derecho de participación de la oposición en un tema tan sensible para la legitimidad y credibilidad de las instituciones, constituye un exabrupto en una democracia pluralista y hace caso omiso de las garantías esenciales para el ejercicio del disentimiento.

Es increíble que con la reforma constitucional se requieran 28 o 30 parlamentarios, estrategias y alianzas electoreras y hasta suerte en el lanzamiento de una moneda, en lugar del derecho sano, franco y abierto de la oposición para ocupar los estadios básicos de su accionar político. Uno y tal vez el principal de ellos, el de está representada en el CNE con atribuciones y funciones para vigilar y contribuir a la reglamentación de los debates electorales.

La Constitución de 1991, con todo lo que significa como avance democrático, le quedó debiendo al país un poder electoral pluralista y capaz de vigilar y garantizar la pureza de las elecciones. El Congreso, a su vez, tampoco ha sido capaz de legislar para garantizar la presencia de la oposición no bipartidista en la organización de los comicios. Una reforma urgente que democratice el poder electoral resulta imperativa. Solo basta mirarnos en el espejo de la experiencia mexicana para ver la necesidad del verdadero pluralismo político en las autoridades electorales.