Polo Democrático Alternativo

Durante su campaña y tal como lo reiteró en su discurso de posesión, una de sus principales propuestas fue la de promover un modelo de ordenamiento basado en una ciudad compacta y densa que evite el crecimiento descontrolado sobre la Sabana, propicie procesos de renovación y redesarrollo urbanos con oferta de vivienda de interés social y contribuya a reducir la segregación socio-espacial. Entre tanto, el candidato Enrique Peñalosa centró su programa en un macro-proyecto promovido con el gobierno nacional, localizado en Soacha y Mosquera, evidentemente contrario a sus planteamientos.

En la época de la última campaña electoral a la Alcaldía, la Nación, por boca del presidente Uribe había hecho el anuncio de una partida del presupuesto nacional para el aludido proyecto, muy de la mano de las propuestas que en su momento presentó el candidato Enrique Peñalosa. De hecho en el mes de noviembre el presidente Uribe expidió el decreto 4260 de 2007, en virtud del cual se reglamentan los llamados “megaproyectos de interés social nacional”, lo que de suyo constituyó una intromisión en la órbita de las competencias de los distritos y municipios para regular su desarrollo territorial.

Ante el anuncio realizado a comienzos de año, cuyo contenido se recoge en lo fundamental en el proyecto del Plan de Desarrollo, de la celebración de un acuerdo entre el Distrito Capital, encabezado por usted, y la gobernación de Cundinamarca, a instancias del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, a partir del cual se construirían viviendas en los municipios aledaños a la ciudad –Soacha, Mosquera, Funza, Girardot, Facatativa y Zipaquirá-, deseamos expresarle algunas preocupaciones que ameritan una seria reflexión.

El proceso de urbanización de Bogotá y de los municipios de la Sabana se ha caracterizado desde hace muchos años por dos fenómenos esenciales: la urbanización informal y el crecimiento de territorio formal a partir de un modelo especulativo derivado de la presión de algunos grandes propietarios de tierras, que han adquirido terrenos periféricos a precio de suelo rural para venderlo a precio de suelo urbanizable. Uno y otro fenómeno tienen efectos desastrosos para el crecimiento ordenado de la ciudad y, en particular, para la solución real a los problemas de vivienda de los sectores más pobres de la población.

Resulta por tanto inquietante la sola posibilidad de que el Gobierno Distrital se comprometa en su Plan de Desarrollo con un proyecto que no sólo responde a un modelo expansivo y depredador de la Sabana sino que se basa en una producción masiva de vivienda de baja calidad, desarticulada de la ciudad, alejada de las zonas de empleo, que propicia ghettos de pobres y da lugar a desarrollos en zonas como la ya de por sí conflictiva Soacha. Este modelo no plantea ningún correctivo a los problemas de oferta de vivienda digna de bajo precio de Bogotá y mucho menos contribuye a cumplir con su promesa de gobierno de garantizar a todos los habitantes de Bogotá el “derecho a la ciudad”.

Una de las razones por la cuales no fue posible cumplir con las metas en materia de vivienda de interés social (70 mil) del Alcalde Luís Eduardo Garzón guarda relación con la aceptación pasiva de las políticas nacionales de subsidios directos a la demanda. Estas políticas han mostrado escasa eficacia y no ofrecen alternativas para la población que no puede acceder a un crédito bancario o que no acepta las precarias condiciones de tamaño y calidad de la vivienda, urbanismo y sometimiento al régimen de propiedad horizontal que ofrece el sector formal en la actualidad.

Por otra parte, en los últimos años, a partir del esquema de banco de tierras de Metrovivienda, Bogotá ha generado un modelo de atención al problema de la vivienda calcado de la política nacional que se caracteriza por lo siguiente: las instancias públicas distritales adquieren grandes extensiones de tierra a partir de esquemas de negociación directa o de mecanismos expropiatorios que elevan los precios del suelo y generan una ganancias excesivas para sus propietarios. Éstos, por lo demás, han contado con información privilegiada desde antes de iniciar el proceso.

Una vez adquirido el suelo, las entidades estatales extienden redes de servicios públicos a costa de las tarifas que pagan todos los ciudadanos y posteriormente venden el terreno a constructores privados para que éstos construyan y comercialicen vivienda de interés social, VIS. Ante los límites del precio de la VIS que trazan las normas legales y el elevado valor del suelo, el constructor privado se ve en la necesidad de construir las unidades habitacionales con condiciones muy precarias en materia de espacio y calidad –viviendas de 30 mts2 entregadas en obra gris con pésimas condiciones de insonorización y espacios internos reducidos. Esta situación, especialmente cuando existe un boom en la construcción en altos estratos, genera una disminución de la oferta de VIS. Aún si se construyen, los sectores de más bajos ingresos no pueden adquirir estas casas debido a que los subsidios no cubren la totalidad de su costo y la posibilidad de acceso al sistema financiero para estos sectores es nula.

En consecuencia, quienes pueden adquirir estas viviendas son familias de estratos medios con cierta capacidad de pago y de endeudamiento. El déficit de vivienda de interés prioritario continúa creciendo y, naturalmente, surge un permanente incentivo para la urbanización ilegal que ofrece condiciones muy malas de urbanismo pero facilidades económicas y de espacio para los sectores más pobres.

La presión por urbanizar sectores de la Sabana de Bogotá en terrenos ubicados en municipios aledaños no será una excepción a este modelo. De hecho, el sólo anuncio del proyecto a través de los medios de comunicación tiene un efecto inmediato en los precios del suelo. Día a día el ascenso de éstos contribuirá a impedir la producción de vivienda de interés social a precios razonables y en condiciones de habitabilidad dignas.

De tal suerte, Bogotá terminará pagando la extensión de la redes a cargo de las tarifas que pagamos todos lo bogotanos sin retribución alguna, la Sabana de Bogotá seguirá sufriendo un fuerte deterioro ambiental a costa del beneficio de unos pocos especuladores que contaron en el momento oportuno con la señal para adquirir predios en los correspondientes sectores y los municipios involucrados, así como el Distrito, serán sometidos a una intromisión permanente por parte del gobierno nacional en el manejo de sus territorios.

La justificación que tradicionalmente ha sido esgrimida para construir vivienda en las zonas aledañas al Distrito de Bogotá es que la tierra en la ciudad se acabó, afirmación que resulta falsa. A partir de datos de la Secretaría de Hábitat extraídos de estudios juiciosos elaborados con información de Catastro Distrital, la ciudad cuenta con suelo suficiente para construir cerca de 800 mil viviendas. En suelo con tratamiento de desarrollo la ciudad cuenta con 5.407 hectáreas (ubicadas en áreas urbanas y de expansión) que permitirían construir, con una densidad de 100 viviendas por hectárea, alrededor de 500.000 viviendas, o 400.000 viviendas con una densidad de 80 viviendas por hectárea. En áreas urbanizadas no construidas de propiedad privada, se cuenta con 1.442 hectáreas distribuidas por toda la ciudad, más 225 hectáreas de propiedad pública. Este suelo permitiría construir cerca de 140.000 viviendas. Y en suelo de renovación urbana Bogotá cuenta con 2.049 hectáreas con potencial de construcción de vivienda de cerca de 110.000 viviendas. Por tanto, estamos muy lejos de poder concluir que la tierra en Bogotá se acabó.

Lo lógico, a partir de todo lo anterior, es que la administración distrital se centre en impulsar los procesos de generación de vivienda al interior de la ciudad a partir de los instrumentos de gestión de suelo, como el esquema de distribución de cargas y beneficios que le brinda la ley 388 de 1997, con el fin de alcanzar una ciudad compacta y densa que permita aprovechar la infraestructura existente, amplíe la capacidad de recaudo de impuesto predial, evite el deterioro ambiental, contribuya a controlar la urbanización ilegal y detenga los procesos de especulación inmobiliaria que enriquecen a unos pocos a costa del esfuerzo de toda la sociedad.

Con un atento saludo,

Carlos Vicente de Roux R.

Antonio Sanguino

Álvaro Argote

Roberto Sáenz

Laureano García

Orlando Santiesteban

Wilson Duarte

Celio Nieves