Escribe Jairo N. Espinosa

La Haya, 20 de marzo de 2007

“Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá... constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales”. “El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad” (Veredicto del Tribunal Internacional contra la Impunidad – Casos de Ciudad Bolívar y Cazucá – Bogotá, noviembre 25 de 2.006. “Tribunal contra la impunidad Ciudad Bolívar y Cazucá”, Publicación de Justicia y Vida, Bogotá, Noviembre 2006, pags. 166-167).

Frente a tan irreprochables conclusiones, el Estado Colombiano respondió con un sepulcral silencio y con el olímpico desconocimiento de la fuerza moral del Tribunal Internacional. Con ello se dio un mayor soporte a la evidencia de la justeza de este fallo, pero igualmente se demostró que, por carecer de fuerza vinculante y un respaldo coercitivo de los organismos internacionales, ese valioso aporte a la justicia resulta jurídicamente nugatorio. De ahí que la Corporación “Justicia y Vida” representada para el efecto por la Profesora Universitaria LILIA SOLANO, el Abogado Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Senador ALEXANDER LOPEZ, de la bancada del Polo Democrático Alternativo y Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia, tomaran la iniciativa de formular la demanda pertinente reclamando ante la Corte Penal Internacional que, en el ejercicio de sus competencias y en aplicación del Estatuto de Roma, se analice por parte de esa Corte la situación de Colombia, con el fin de sancionar a los responsables.

En efecto, el 20 de Marzo, ante el Fiscal General de la Corte Penal Internacional Sr. LUIS MORENO OCAMPO, fue presentada la comunicación (denuncia formal) sobre crímenes cometidos contra niños y jóvenes de la zona de Ciudad Bolívar y Cazucá, en Bogotá, Colombia. Los hechos y pruebas aportadas demuestran que de los 170 crímenes cometidos, la mayoría por las fuerzas regulares del Estado Colombiano y los para-estatales o para-militares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, solamente en el 1% se adelantó alguna diligencia investigativa, sin que haya providencia de fondo, con lo cual se construye un nuevo monumento a la impunidad, un reto a la justicia y una expresión de que el debilitado estado de derecho en Colombia ha sido reemplazado por un régimen autoritario, desconocedor en materia grave de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La Haya, capital de los Países Bajos, es una de las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Funcionan allí la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, La Corte Penal Internacional, la Organización para la prohibición de las Armas Químicas, la Oficina Europea de Patentes y otros organismos de los cuales las fuerzas democráticas en Colombia o no tienen conocimiento o no hacen uso de ellos. A pesar de ello, el Colectivo de Abogados Darío Alvear de nuestro país ha formulado denuncias contra el estado colombiano en representación de afectados por la violencia estatal y crímenes de lesa humanidad.

Igualmente la Campaña Internacional “Libertad para los Luchadores políticos….soberanía para los pueblos”, lanzada en septiembre pasado desde Bruselas se fijó como una de sus tareas “desarrollar una campaña universal orientada a que el Tribunal Penal Internacional (de La Haya) inicie y lleve hasta su culminación una investigación y un juicio a ALVARO URIBE VELEZ, actual presidente de Colombia por sus vinculaciones con el narco-tráfico, el favorecimiento al para-militarismo desde las Convivir hasta el actual proceso que deja en la impunidad los crímenes de lesa humanidad ejecutados por los grupos paramilitares y las fuerzas militares”. Es deseable, entonces, que en el evento a escenificarse en Dresden (1º. Al 3 de junio/07), los colectivos del Polo Democrático Alternativo, los grupos que en Europa trabajan en solidaridad con las luchas de los colombianos, las diversas fuerzas políticas, sindicales y sociales refuercen estas iniciativas que desarrollan en la práctica aspectos trascendentales del “Ideario de Unidad” del Polo Democrático Alternativo en lo atinente al “Estado y Régimen Político”, “Paz, Justicia y Seguridad” y “Lucha de masas democrática”.

Un antecedente inmediato en esa vía lo constituyó la presentación de la demanda de los casos de Ciudad Bolivar y Cazucá, en torno a la cual el naciente Polo Democrático Alternativo de Holanda tuvo el acierto de organizar una rueda de prensa y, además, una conferencia sobre la Para-política en Colombia, a cargo de la Profesora LILIA SOLANO. Estas iniciativas permitieron a los colombianos residentes en Holanda hacer presencia solidaria y sentirse vinculados con la realidad palpitante del país. Además se sintió el respaldo de delegados internacionales que hacen seguimiento al caso ante la Corte Penal Internacional, entre otros del sacerdote belga François Hutart y de organizaciones como el PDA de Bélgica, Arlac y el Grupo Colombia, que se desplazaron desde Bruselas. Las actividades contaron con el apoyo de la Federación Internacional de Derechos Humanos, rodeando de calor solidario y amplitud generosa la ejemplar jornada.