Columna de opiniónBogotá-. Las largas horas de deliberación del Consejo Nacional de Seguridad no produjeron un plan de acción frente a la crisis de las fuerzas armadas. La alocución presidencial del pasado domingo se limitó a tratar de controlar los estragos causados por la cadena de acciones delictivas con participación de efectivos y oficiales de la fuerza pública, la más reciente de ellas, la prefabricación de atentados terroristas en Bogotá en la antesala de la posesión presidencial.
En evidente esfuerzo por frenar el descrédito en ascenso y recuperar la confianza agrietada en las fuerzas armadas, el Presidente acudió a su prestigio personal y también a informes y estadísticas oficiales que indican que las quejas por violaciones de derechos humanos han venido disminuyendo.
Los hechos, sin embargo, van en contravía de las afirmaciones presidenciales. Puede que se hayan reducido las quejas, pero las sindicaciones confirmadas de la participación de integrantes activos de las fuerzas militares han aumentado ostensiblemente. Todo parece indicar que ya no se trata de casos aislados sino de un decaimiento creciente de los controles y de la disciplina castrense que allana el camino para la utilización del poder militar con fines criminales. Con ello se crean condiciones negativas alrededor de los resultados de la guerra irregular en que participan.
La alocución presidencial puede aliviar momentáneamente la presión que ejerce la opinión pública sobre el comportamiento nocivo de destacamentos de sus fuerzas armadas, pero no contribuye a resolver el problema esencial que tiene que ver con la necesidad de imbuir a esa institución en los valores y fines del Estado social de derecho. Las contemplaciones del dejar hacer, dejar pasar, del “tapen, tapen”, no lograran más que agravar la incidencia de la corrupción, la violación de los derechos humanos y la actuación delictiva en el seno de la fuerza pública. Lo curioso y desconcertante es que el primer mandatario, después del pronunciamiento del general Mario Montoya, resuelva poner el énfasis en investigar cómo se produjo la filtración de la información sobre la participación de militares en los auto-atentados.
La pregunta que surge es si este gobierno tiene la voluntad política y la capacidad de actuar enérgicamente para conducir un proceso de depuración de la fuerza pública que la convierta en factor e instrumento de confianza y seguridad para todos los colombianos. De la respuesta positiva a este interrogante depende el fortalecimiento del orden institucional actual y las posibilidades reales de ganar la paz y la reconciliación para poner al país en el camino del desarrollo social y económico.
De lo contrario, de seguirse profundizando la descomposición de las fuerzas del orden como todo parece indicar, se podría estar gestando un estado de ingobernabilidad que podría, incluso, desembocar en un vacío de poder de consecuencias impredecibles. Ante la crisis de las fuerzas militares, el sabio adagio popular aconseja mejor prevenir que lamentar, no las filtraciones inconvenientes sino los hechos delincuenciales, con reformas profundas que no dan espera.
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