En San José de Apartadó viven decenas de familias que ya habían sido desplazadas por el conflicto y decidieron volver.

Ocho miembros de la comunidad e paz, entre ellos tres niños, fueron asesinados en 2005. Inicialmente se sospechó de las Farc, pero la Fiscalía investiga una alianza entre militares y paramilitares.

Los indicios con que cuenta la Unidad de Derechos Humanos señalan a miembros de la Brigada XVII del Ejército y un reducto del bloque ’Héroes de Tolová’, el grupo paramilitar de ’don Berna’ en Urabá.

En febrero pasado, la Fiscalía llamó a indagatoria a 69 militares para que dieran explicaciones sobre sus actividades en esa zona del occidente del país, en la que se mueven ’paras’, narcos y guerrilla.

Gordillo es el primer militar detenido por la masacre, que le ha valido al país varios llamados de atención de ONG internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Los cargos? Coautor de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo.

El capitán Gordillo tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa (Antioquia). Los uniformados realizaban la operación ’Fénix’, dirigida a golpear a las Farc en una zona en la que empezaban a desmovilizarse los grupos de autodefensa. Testigos validados por la Fiscalía aseguraron que el oficial acordó patrullajes conjuntos con ’paras’ del ’Tolová’, grupo que se desmovilizó en medio del proceso de paz cuatro meses después.

Supuestamente, los paramilitares eran los guías. Pero cuando llegaron a las viviendas de los campesinos, dice el expediente, "entraron a las casas, intimidaron, torturaron y mataron" usando machetes y armas de fuego.

Uno de los testigos le contó a la Fiscalía que el oficial recriminó a los ’paras’ por lo que habían hecho -según sus palabras, les dijo que "fue una embarrada muy grande"- , pero agregó que los militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a los responsables. Los investigadores han encontrado que las Auc, de tiempo atrás, habían declarado como objetivo militar el caserío, al que señalaban de ser refugio de la guerrilla.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2005 en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, y en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierralta, Córdoba.

Por ahora, el capitán seguirá privado de la libertad bajo una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.

El Ejército, que asegura que para esa fecha no había operaciones militares en la zona, está analizando la decisión antes de hacer un pronunciamiento sobre el caso, que en el 2005 tuvo en vilo la certificación en derechos humanos que cada año hace el Gobierno de E.U. para entregar dineros del Plan Colombia.

10 años de la Comunidad

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se conformó el 23 de marzo de 1997, en respuesta a dos masacres ocurridas en esa zona entre septiembre de 1996 y febrero del 97.

En la declaración que se firmó en esa época se determinó que su territorio es neutral y que no podían entrar ni paramilitares ni guerrilla ni Fuerza Pública, por considerarlos actores del conflicto.

En el 2005, el presidente Uribe ordenó a la Policía que se instalara en la Comunidad, pero los habitantes se opusieron y hasta empezaron a trastear sus ranchos selva adentro. Hasta la Fiscalía se ha visto en problemas para ingresar a investigar la masacre.

Según denuncias de sus habitantes, cerca de 300 personas de San José han muerto en los últimos años por el conflicto.