Polo Democrático Alternativo

Marzo de 2005

Quiero referirme a un elemento central de la discusión actual: la magnitud del perdón. El hacerlo no invalida la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación, conceptos con los cuales se enriquecen hoy los procesos de paz en un mundo globalizado.

Empiezo por decir que el perdón no es una obligación de la sociedad, ni mucho menos un derecho de quienes se incorporan de nuevo a la vida pacífica. El perdón no puede exigirse. El perdón hay que ganarlo. No en un acto jurídico, sino en un proceso político. Quienes perdonan no son los jueces o los congresistas, sino los pueblos, que al hacerlo obligan a aceptarlo así a la comunidad internacional.

Todos los procesos de paz negociados en el mundo corresponden a ese patrón de conducta. Todos ellos reconciliaron sociedades, total o parcialmente. La voluntad ciudadana permitió que sus firmantes no fueran a la cárcel.

En Irlanda del Norte, la paz se hizo para poner en libertad a los presos y no para poner presos a los que estaban libres. En Suráfrica, pese al delito enorme que significó el apartheid y la violencia brutal, nadie que cumplió los acuerdos de paz fue a la cárcel. En la antigua Yugoeslavia, Milosevich fue preso porque fue derrotado y repudiado por su propio pueblo. En El Salvador, la sanción mas fuerte fue la interdicción temporal de derechos políticos para Joaquín Villalobos.

En Colombia la historia es larga. Para citar los dos últimos casos, la violencia liberal conservadora terminó con un acuerdo de tales características que algunos de sus mas importantes contendientes llegaron hasta la Presidencia del país, como en el caso de Carlos Lleras Restrepo. La paz del M-19 fue refrendada por un generoso indulto que nadie objetó en su momento y condujo a la Asamblea Constituyente con los exguerrilleros como el fenómeno político electoral de la época.

Ese perdón se lo ganaron los gobiernos de Barco y Gaviria y el M-19 menos de cinco años después de los dolorosos hechos del Palacio de Justicia. Fue el producto de un proceso de paz bien diseñado, bien conducido, transparentemente ejecutado. La tregua que duró 14 meses, se cumplió sin un solo incidente de parte del Eme. La desmovilización fue total y definitiva, pese a que mataron a Carlos Pizarro sólo 45 días después de la firma de los acuerdos. La confianza de los colombianos en esa paz era incuestionable. Aún hoy, nuestros contradictores políticos no pueden menos de reconocer que nuestra palabra se ha cumplido totalmente, aunque intentan empañar algunos de sus logros.

Otra es la situación con las autodefensas. El cese a las hostilidades que declararon hace mas de dos años se ha violado sistemática y permanentemente. Las desmovilizaciones parciales han mantenido estructuras clandestinas. La conducción del proceso ha sido errática, improvisada, a salto de mata. Las oportunidades para darle un timonazo se han desperdiciado una y otra vez. Por eso le falta apoyo público interno y externo.

Hoy parece inevitablemente orientado a ser el primer caso en el mundo de una negociación de paz que termina con sus firmantes en la cárcel. Es el perdón, insuficiente, que el gobierno y las autodefensas han sido capaces de ganarse.