Polo Democrático Alternativo

Más allá de los duros cuestionamientos del senador opositor Gustavo Petro al presidente Álvaro Uribe y de la floja defensa del Gobierno, hay que decir que el esperado debate del martes en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia constituye un signo de vitalidad y madurez de la democracia colombiana. Fue un intenso ’toma y dame’ oposición-Gobierno que duró nueve horas, pero en el que no se presentaron las salidas de tono, insultos, gritos y descalificaciones personales que muchos temían.

Al margen de las denuncias entregadas por Petro, que exigen un análisis detallado, su presentación, basada en documentos y testimonios, fue más argumental que emotiva. Y en lugar de atacar, como se esperaba, a la bancada parlamentaria antioqueña por sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares, centró sus cuestionamientos en el presidente Uribe y en su hermano Santiago, dedicado hace décadas a la ganadería y manejo de haciendas.

Las acusaciones de Petro contra el Presidente y su entorno familiar tienen al menos dos niveles. El primero, los cuestionamientos que se basan en testimonios de personas que participaron en la comisión de delitos y afirman que algunas acciones criminales de los paramilitares fueron planeadas en fincas propiedad de la familia Uribe Vélez.

En este caso, Petro reveló apartes de documentos de inteligencia e investigaciones judiciales cuya conclusión el senador no aclaró. Lo que sí es claro es que un testimonio, en especial si proviene de reconocidos delincuentes, no puede servir como herramienta de condena contra el Presidente de la República ni contra acusado alguno.

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El segundo paquete de interrogantes es más delicado. Se trata de la firma, por parte de Uribe, en su calidad de gobernador de Antioquia, de las resoluciones que autorizaron la conformación de dos cooperativas Convivir, una en cabeza de alias Julián Bolívar, en Yarumal, y otra en cabeza de alias ’Chepe Barrera’, en La Ceja. Según el senador, sobre estos personajes existía ya información judicial delicada que desaconsejaba semejante autorización.

Estos hombres, vinculados tanto al paramilitarismo como al narcotráfico, convirtieron las dos Convivir en grupos que cometieron masacres en sus regiones de influencia. Para Petro, lo anterior demuestra que el entonces gobernador "tuvo la guardia baja" y no tomó las precauciones debidas para evitar que esto sucediera.

Era un punto central que los voceros del Gobierno estaban obligados a responder. No lo hicieron. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, optó por sacarle en cara a Petro su pasado guerrillero en el M-19 y volver sobre la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Son salidas huidizas y poco convincentes.

No cabe duda de que el M-19, por sus secuestros y acciones terroristas, tuvo gran responsabilidad en el surgimiento del paramilitarismo. Pero sus miembros renunciaron a las armas, se reincorporaron a la legalidad y les pidieron perdón a las víctimas de su violencia. Y la sociedad los perdonó, como lo demostró el hecho de que, en las elecciones de 1990 para Asamblea Constituyente, sacaran un millón de votos y eligieran más de una tercera parte de los constituyentes. Que hubieran despilfarrado semejante capital político es otro cuento.

En todo caso, no resulta inteligente insistir en descalificar a los opositores como Petro por ex guerrilleros o, más insólito aún, por exponer sus posiciones ante el "imperialismo" en Estados Unidos (ya quisiéramos ver a las Farc renunciando a las armas y al narcotráfico e incorporadas a la vida política legal y pacífica). Estos argumentos pueden causar efecto en la galería de los gobiernistas incondicionales, pero fuera del país y entre las capas más pensantes resultan débiles y repetitivos.

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En cuanto al otro miembro del gabinete que participó en el debate, el ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien trabajó en el gabinete departamental de Uribe en aquella época, se dedicó a hacer una defensa del honor de la familia del Presidente y un recuento de la historia de la violencia en Colombia, que poco aportó al fondo de la discusión.

En consecuencia, las acusaciones de Petro contra Uribe por la autorización de esas dos Convivir quedaron en el aire y pendientes de respuesta. Con la atención que ha puesto la comunidad internacional, y en particular la mayoría demócrata del Congreso estadounidense, sobre la evolución del tema de la ’parapolítica’, mal haría el Gobierno en minimizar el impacto de estos debates. Basta ojear los titulares de la prensa internacional de ayer.

También merecería discutirse la propuesta que al final de su intervención hizo Petro de realizar un acuerdo nacional por la verdad, que ha recibido el significativo, cuando no paradójico, apoyo de la senadora Gina Parody y también de los jefes paramilitares recluidos en Itagüí, los cuales, en su carta de marzo al Presidente, declaraban la verdad peligrosa para la estabilidad institucional. La historia reciente del país tiene demasiados episodios oscuros y demasiados odios acumulados, que no ayudan a la reconciliación sino a la polarización.

El debate del martes debe convertirse, entonces, en una oportunidad para mirar hacia adelante, garantizar que la desmovilización paramilitar culmine de manera efectiva y revisar cuatro décadas de violencia con un solo propósito: que el ciclo de crímenes, asesinatos y venganzas que ha encadenado una guerra a otra termine algún día.

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