Panzerung für das neoliberale Modell

Los países de la Comunidad Andina de Naciones han manifestado su intención de negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en momentos en que la aprobación del TLC entre Perú y Colombia con Estados Unidos parece estar enredada en ese país. Sin embargo, las agendas comerciales de los países de la CAN son distintas entre si, pues mientras Ecuador y Bolivia buscan unas relaciones en condiciones de igualdad, Colombia y Perú están empeñados en entregar todo el patrimonio nacional a los inversionistas extranjeros. En este documento daremos un vistazo a la situación actual de la CAN, mostraremos los antecedentes de los acuerdos de asociación de la UE y analizaremos las repercusiones que tendrá para los países de la CAN y específicamente para Colombia.

INTRODUCCIÓN

Se ha programado para septiembre la iniciación de negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la CAN. Esta noticia se da en medio de la más profunda crisis del acuerdo andino y cuando una Unión Europea fortalecida se apresta a jugar el papel de competidor global en la carrera por la supremacía mundial. El tratado puede profundizar la crisis de la CAN y consolidar un tipo de inserción en la economía mundial que mantiene las falencias seculares de nuestra economía. Contexto: proliferación de acuerdos regionales, crisis de la integración regional, incertidumbre sobre la suerte del TLC con Estados Unidos

1.LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAN

La CAN se encuentra en una de las peores crisis de su historia, como resultado de la persistencia de los gobiernos de Perú y Colombia en pactar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual provocó el retiro de Venezuela y el rechazo de Ecuador y Bolivia, quienes prefirieron alejarse de este tipo de tratados. Bajo una aparente unidad y del compromiso verbal de profundizar la integración y preservarla, se esconde una profunda contradicción entre naciones que tienen opciones diferentes tanto en materia de desarrollo interno como en política internacional.

Mientras que Ecuador y Bolivia se enfocan hacia el desarrollo de un mercado interno y a mirar más hacia los países del Sur y hacia Latinoamérica y se alejan de EEUU y de Europa, Perú y Colombia han colocado todas sus esperanzas en el libre comercio y en las bondades de la inversión extranjera, buscando desesperadamente negociar tratados de libre comercio con quien aparezca, dentro de los cuales hay que resaltar, en lo inmediato, el de la Unión Europea y los que empezaron a negociarse con Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza).

Las diferencias entre los dos sectores fueron manifiestas durante la cumbre presidencial de la CAN, realizada en Tarija, Bolivia, a mediados de junio de 2007, la cual , mediante la decisión 667, estableció el marco negociador con la UE, el cual reconoce “la existencia de diferentes niveles de desarrollo y enfoques económicos entre sus Países Miembros, los cuales se tomarán en cuenta en la negociación conjunta de un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea y el derecho a expresar sus diferencias y negociar, según sea el caso, diferentes niveles de alcance y profundidad en los temas y compromisos de dicho Acuerdo”. También señaló que las “asimetrías existentes entre la Comunidad Andina y la Unión Europea y al interior de la Comunidad Andina serán reconocidas y reflejadas en los compromisos que las Partes asuman, asegurando un Trato Especial y Diferenciado para Bolivia y Ecuador”.

Los lineamientos de Tarija le permiten a Bolivia y Ecuador excluir ciertos temas y hacer primar su legislación nacional, pero también permiten a Perú y Colombia la suscripción de un tratado dentro de los moldes más neoliberales. De todas maneras Bolivia y Ecuador lograron que cualquier definición que altere la normativa andina solo pueda ser tomada por consenso, con lo cual le ponen un cerrojo a las debilitadas normas de la CAN y logran capacidad de veto sobre cualquier decisión. Las negociaciones formales han comenzado en septiembre, en Colombia, y se harán de bloque a bloque, lo cual significa que en las diferentes mesas los andinos tendrán que llevar una posición unificada, cosa bien difícil cuando Bolivia y Ecuador ya plantearon la exclusión de ciertos temas y Colombia y Perú están en disposición de firmar cualquier cosa que se les pida ya que la “pela” se la dieron en el TLC con Estados Unidos.

El reconocimiento de las asimetrías con Ecuador y Bolivia fue descrito diplomáticamente por los bolivianos como que algunos países quieren tener una osadía mayor y otros van más lento por que quieren fortalecer su capacidad interior para ser mas competitivos y aunque la prensa colombiana acuso a Bolivia de desatar la crisis al intentar excluir temas sensibles de la negociación, la realidad es que los temas que Bolivia excluye son los llamados “temas de Singapur”, inversión, compras estatales, facilitación del comercio y aspectos de servicios que no han sido aceptados como temas de negociaciones comerciales en la OMC y que Europa exige que se negocien.

Esta contradicción al interior de la CAN es importante y decisiva para el futuro de la integración y aunque no se puede negar a Bolivia y Ecuador el derecho a fortalecer sus relaciones económicas con países que tengan orientaciones económicas y políticas diferentes como Perú y Colombia, que además son vecinos, el hecho de que según lo acordado en Tarija, Ecuador y Bolivia puedan hacer valer sus asimetrías y diferencias en el nivel de desarrollo, entraña el peligro de que esto pueda servir de coartada para que Perú y Colombia promuevan la concepción neoliberal de la integración con reconocimientos simplemente retóricos al desarrollo social y a la democracia que todos los días niegan en sus políticas internas.

Es de dominio público y ni Uribe ni García lo ocultan, que sus gobiernos son voceros de los intereses de EEUU y las multinacionales y no se encuentran en disposición de defender los intereses de sus naciones como lo demostró la aceptación de todas las exigencias norteamericanas en la firma del TLC con EEUU.

Un TLC con la UE dentro del formato negociado con EEUU, con dos países que intentan darle un rumbo nacionalista a su desarrollo y dos que se entregan a las trasnacionales hace que los propósitos de mantener la integración sean una ficción. El hecho de que Bolivia haya logrado un tratamiento especial en numerosos campos, incluyendo la liberación de servicios financieros y otros en los cuales se reserva el derecho de adoptar políticas sectoriales independientes en su relación con sus socios andinos, más que hablar de la debilidad relativa de Bolivia, indica que este país no está dispuesto a seguir el camino de la liberalización a ultranza. Lo mismo se puede decir de Ecuador.

Es evidentemente utópico tratar de integrar países que en muy pocos años liberarán sus mercados completamente a Estados Unidos con países que prefieren proteger sus economías de los embates de esta potencia. Quienes aseguran que la CAN esta mejor que nunca pueden simplemente leer en la declaración la afirmación de que “es necesario reformular el componente comercial de la CAN respetando y reconociendo las diferentes visiones que existen en su interior”, para darse cuenta de que tan grave es la crisis. Ni hablar de las diferencias en materia de participación de la sociedad civil, pues mientras que en Colombia es inexistente y el clima es autoritario, en Ecuador y Bolivia hay una permanente movilización social que incluye la conformación de sendas asambleas constituyentes. Recientemente importantes núcleos de organizaciones populares, establecieron mecanismos para influir decisivamente en el rumbo de las negociaciones.

Colombia asumió la presidencia de la CAN en julio pasado y anunció que se dedicaría a hacer cumplir la normativa andina y a flexibilizar las relaciones con terceros países, Uribe ha seguido invitando a Venezuela a reincorporarse a la CAN, cosa que choca con la posición pública de Bush que usa como argumento para que el Congreso de ese país apruebe el TLC con Colombia, la necesidad de hacer un contrapeso a Chávez. Por su parte Perú y Colombia en forma bilateral han venido estrechando lazos para fortalecer el proyecto neoliberal como lo puso de presente la visita de Alan García a Colombia en mayo y el pronunciamiento conjunto de los cancilleres de ambos países del 24 de mayo en el cual dan prioridad al tratado con Europa y a la proyección hacia el Pacífico, en lo cual coinciden con Chile y, con lo cual se afianza en América del Sur el bloque proestadounidense: Colombia, Perú, Chile, país este último que piensa en todo menos en la integración latinoamericana o suramericana y quiere volverse plataforma exportadora de la región hacia Asia.

La crisis es profunda y su aparente solución no es satisfactoria. Ya a finales de mayo, había fracasado un intento de llegar a un acuerdo para el inicio de conversaciones con la UE y Ecuador manifestó la necesidad de hacer revisiones a la aplicación del Arancel Externo. Bolivia se retiro del Centro Internacional de Arbitramento de Diferencias en Inversión, CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que simplemente protege los intereses de las multinacionales y mediante el cual se castiga a los países que quieren que la inversión extranjera se canalice hacia proyectos de desarrollo nacional. De allí la insistencia boliviana en la creación de un tribunal que dirima las diferencias comerciales y en el fortalecimiento del mecanismo andino de solución de controversias.

Ecuador, por su parte hace rato está inconforme con el curso del proceso de integración. Hace pocas semanas pidió flexibilidad e independencia en la aplicación del Arancel Externo Común y el Sistema Andino de Franjas de Precios, considerando que la suscripción de los TLC de Colombia y Perú afecta las condiciones de competitividad en el mercado andino e incluso planteó la renegociación de los aranceles consolidados ante la OMC y se orienta hacia una fuerte protección de la producción agraria y a establecer una política arancelaria que tenga en cuenta las cadenas productivas cosa que como se sabe fue abandonada en el TLC firmado por Colombia y Perú.

2.¿CÓMO SON LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA?

En octubre de 2006 la Unión Europea presentó el documento “Una Europa Global-Competir en el Mundo”, en el que se plantean las metas de su política de comercio exterior. La estrategia es sencilla y directa: firmar acuerdos de libre comercio, que vayan más allá de la OMC, con países y regiones cuyos mercados sean atractivos para la Unión Europea, con el objetivo de desregular al máximo las economías eliminando las barreras comerciales, incluyendo la apertura del sector servicios, aumentar su acceso a materias primas y mano de obra barata, abrir los mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual, y facilitar la penetración del capital europeo promoviendo la inversión, entre otros; todo -por supuesto- en beneficio de las trasnacionales europeas. La meta es firmar acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones, Centroamérica, Corea del Sur, India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Entre las motivaciones que la UE persigue con la firma de estos acuerdos, se destaca su necesidad de evitar verse desplazada de los mercados latinoamericanos, por la fuerte presencia de Estados Unidos en la región por medio de la firma de acuerdos bilaterales (TLC con México, Centro América, Chile y posiblemente con Panamá, Perú y Colombia).

Al igual que Estados Unidos, la Unión Europea tiene una importante experiencia suscribiendo acuerdos económicos y comerciales con diversas naciones, la mayoría de ellas, por supuesto, subdesarrolladas. Los “Acuerdos de Asociación”, como se denominan a los firmados por la Unión Europea, tienen el mismo componente económico y comercial que los negociados por Estados Unidos, sin embargo, pretenden diferenciarse dándole un tinte más social al incluir capítulos de cooperación y diálogo político, para -supuestamente- promover el desarrollo de sus socios, pero que en últimas es utilizado como un medio para lograr sus objetivos comerciales y de inversión.

Al final, los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea terminan alcanzando definiciones idénticas a los TLC suscritos por Estados Unidos, como sucedió en el caso de México y Chile, los cuales, inclusive, terminan siendo el piso a partir del cual la UE exige nuevas concesiones.

Los acuerdos de la UE se realizan sin ninguna participación de las organizaciones sociales y civiles de ambas partes y termina aprobándose en los congresos sin mayor discusión, como sucedió en el caso de los TLC con Estados Unidos. Es importante resaltar que aun en vísperas del comienzo de las negociaciones y cuando los gobiernos llevan un buen tiempo preparándose, no se habían establecido mecanismos ni de información ni de participación de la sociedad civil

Como se muestra a continuación, la experiencia europea en la firma de acuerdos de libre comercio con naciones en vías de desarrollo es un adelanto de lo que tendrán que afrontar los países de la CAN quienes se aprestan a iniciar negociaciones con este bloque. Tanto el Acuerdo de Asociación de Cotonú entre la UE y los países del África, El Caribe y El Pacífico (ACP)1, como el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (ACDC) con Sudáfrica, el Acuerdo de Asociación con México y el Acuerdo de Asociación con Chile, presentan características comunes:

Si bien los aranceles de los bienes manufacturados son eliminados de forma recíproca, cuando el comercio de bienes agrícolas cause algún perjuicio grave a sus productores nacionales, o graves distorsiones en cualquier sector de la economía, la Unión Europea pone significativas trabas como: contingentes arancelarios, umbrales, restricciones según la temporada y exclusión de ciertos productos de cualquier tipo de preferencia. La liberalización de productos agrícolas todavía es muy limitada y está sujeta a numerosas excepciones, según las disposiciones comunitarias establecidas en la Política Agrícola Común (PAC). Con ello se revela que aunque se habla de libre comercio la UE no está dispuesta a desmontar su fuerte proteccionismo.

Al igual que los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea exige a sus socios desmontar todos los mecanismos de protección a la agricultura y hace casi imposible acudir a cualquier tipo de salvaguardia, mientras ellos mantienen los recursos otorgados a sus agricultores a través del PAC, que sumaron 51.412 millones de euros para el año 2006.

Para los productos agrícolas elaborados que la UE importa, se aplica un componente industrial y uno agrícola en lo referente a los derechos de aduana; así, mientras los industriales reciben un trato preferencial, las reducciones arancelarias para los componentes agrícolas son limitadas. Estas protecciones pueden llegar, en algunos casos, hasta 167%. Para cereales, por ejemplo, el promedio es de 55.2%, y en países como Francia y Luxemburgo los agricultores reciben subsidios directos que pueden alcanzar hasta 63 euros por tonelada; en azúcar el arancel promedio es de 39%. Los productos agrícolas tropicales que no compiten con los productos europeos (como el café o el cacao) entran libres de barreras comerciales. La UE mantiene 91 cuotas arancelarias para el 38% de sus bienes agrícolas (arroz, azúcares, aceites y grasas, lácteos, cárnicos, frutas y hortalizas) y para productos estratégicos como acero, carbón, carbón de coque y armas.

De igual forma, una serie de restricciones técnicas imposibilitan el libre comercio: regulaciones especiales sobre colorantes para teñidos en textiles y cueros; normas técnicas, controles de calidad, normas sanitarias, fitosanitarias, veterinarias, ISO 9000, normas respecto al medio ambiente, requisitos de etiquetado de comercio justo, entre otras.

En áreas de vital importancia para el desarrollo de las naciones las imposiciones de la Unión Europea violan el derecho de los Estados a implementar políticas autónomas y soberanas en beneficio de sus productores nacionales. A continuación se muestran algunos de los sectores más sensibles que son expuestos a las pretensiones europeas en los acuerdos de asociación:

SERVICIOS: se aplican las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), propugnando por la liberación recíproca de los servicios, y se reiteran los compromisos establecidos en el protocolo sobre servicios básicos de telecomunicaciones del AGCS, presionando a los países que no lo han suscrito para hacerlo.

En el caso de México, por ejemplo, la Unión Europea consiguió un nivel similar de concesiones que las obtenidas por Estados Unidos en el TLCAN, incluyendo el principio de Trato Nacional, el Trato de Nación Más Favorecida (NMF), y en general todo lo contenido en los acuerdos de última generación.

Éste capítulo es negociado a través del sistema de listas positivas, por lo tanto, la cobertura del acuerdo se extiende a todos los servicios, con excepción de los que explícitamente haya eliminado una de las partes.

Un aspecto importante del capítulo de servicios de los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea es la liberalización de los servicios financieros, incluyendo servicios de seguros, bancarios y demás financieros como: depósitos, préstamos, garantías y compromisos, intercambio comercial en bolsa o mercado bursátil, emisiones de valores, corretaje de cambios, entre otros.

Con relación a los servicios de telecomunicaciones, el acuerdo con Chile incluyó disposiciones que van más allá de todos los acuerdos de la UE. Los operadores públicos que suministran redes o servicios de transporte de telecomunicación deben ofrecer la interconexión a otros operadores de manera no discriminatoria en términos de sus tarifas, condiciones y calidad. Esto fue lo mismo que Colombia concedió a Estados Unidos y la UE pedirá algo similar a la CAN

En cuanto al tema de energía, los acuerdos establecen que una empresa de cualquiera de las partes podrá establecer, adquirir u operar plantas de generación o de cogeneración de electricidad para satisfacer sus necesidades de suministro. También se permite la producción independiente de electricidad y la celebración de contratos para el comercio transfronterizo de electricidad.

En el tema del agua, se define un esquema de semi-privatización, mediante el cual el Estado preserva la propiedad del recurso hídrico pero los privados administran y ejecutan todos los procesos y detentan un 49% de las acciones de las empresas.

INVERSIONES: es realmente difícil diferenciar entre los propósitos del componente de cooperación económica y el capítulo de inversiones de los acuerdos de la UE, puesto que en ambos se incluyen la mayoría de las actividades productivas de los socios. En efecto, las disposiciones generales sobre la cooperación económica están orientadas al apoyo de la inversión en acciones como: mecanismos para proporcionar información sobre reglas y oportunidades de inversión; establecer, cuando sea el caso, un marco jurídico favorable a través de acuerdos bilaterales; asistencia técnica; y desarrollo de procedimientos uniformes y simplificados.

El capítulo de inversiones establece: medidas para crear y mantener condiciones estables de inversión, fomentar la inversión del sector privado de la UE en los países, apoyos a la inversión mediante mecanismos de financiación a largo plazo, sistemas que aseguren las inversiones de riesgo, facilitar la negociación de acuerdos bilaterales relativos al fomento y la protección de las inversiones, un modelo de acuerdo de protección de las mismas, garantías legales para asegurar un trato equitativo a los inversores extranjeros, así como la protección de los mismos, la cláusula de Nación Más Favorecida, protección en caso de expropiación y nacionalización, facilidades para la transferencia de capital y beneficios, arbitraje internacional inversionista – Estado. En últimas, las mismas exigencias de Estados Unidos en sus acuerdos.

Como aspecto similar de todos los acuerdos de la UE, se establece la liberalización de los pagos corrientes y la libre circulación del capital, con las siguientes disposiciones: el capital (o los beneficios derivados de él) referente a la inversión directa puede ser liquidado o ser repatriado libremente; los pagos se pueden hacer en moneda libremente convertible; en circunstancias excepcionales se permiten usar medidas de salvaguardias ante preocupaciones sobre la política monetaria y cambiaria, o por la existencia o amenaza de dificultades financieras en la balanza de pagos.

Con referencia al tema de acceso al mercado para los servicios financieros se establece que ninguna de las partes puede imponer límites cuantitativos al número de operadores extranjeros, transacciones, operaciones o empleados. La toma del sector financiero de los países subdesarrollados genera una alta concentración y poca competitividad, frena el crecimiento económico y genera abuso hacia los consumidores. Estas medidas menguan la capacidad de desarrollo industrial porque los créditos están dirigidos a actividades que persiguen las trasnacionales.

Los países tampoco podrán aplicar medidas para limitar la cantidad de capital extranjero invertido en firmas domésticas. En el mismo sentido, se prohíbe aplicar medidas que restrinjan a un operador extranjero formar parte de entidades legales específicas o de una empresa a riesgo compartido. En el caso del sector agrícola y manufacturero, se concede el Trato Nacional sin ninguna restricción, sobre el establecimiento de los inversionistas de la UE.

Finalmente, en el caso de México, el acuerdo incluyó un compromisos de revisar toda la legislación en materia de inversiones para hacerla compatible con los acuerdos internacionales, en clara inconstitucionalidad en el sentido de obligar a que se cambie la carta magna para hacerla coherente con los compromisos internacionales.

COMPRAS ESTATALES: estos acuerdos de asociación definen a las empresas públicas sólo por su propiedad, mas no por la función y sentido que tienen para el desarrollo nacional, desnaturalizándolas y sometiéndolas a criterios de precios y calidad, bajo una lógica rentística y no como un compromiso social del Estado. Los gobiernos de los países europeos, con el pretexto del diálogo político incluido en los acuerdos, presionan para que sus socios abran sus sectores estratégicos al manejo de poderosas trasnacionales. En términos prácticos, las demandas europeas van en el sentido de que se les otorguen los mismos privilegios que se brinda a Estados Unidos en los TLC, exigencias que ni siquiera pretenden ser escondidas. En el acuerdo de asociación con México, por ejemplo, hay grandes apartados transcritos literalmente del TLCAN y otros que son simple y descaradamente referencias a los artículos del TLCAN que corresponden al tema de compras estatales.

PROPIEDAD INTELECTUAL: los acuerdos de asociación de la Unión Europea son OMC Plus, es decir, van más allá de lo definido en el ADPIC de la OMC. Sudáfrica, por ejemplo, adhirió a tres acuerdos sobre propiedad intelectual, por exigencias de la UE y reafirmo la importancia del UPOV y del Tratado de Budapest.

Para concluir este punto, es importante mencionar que los acuerdos de asociación de la Unión Europea han recibido numerosas críticas desde las organizaciones de la sociedad civil, sustentadas bajo los argumentos que: los acuerdos no reconocen las asimetrías entre las partes ni se establecen mecanismos compensatorios, hay una ausencia clara de participación ciudadana, no se define ningún tipo de requisito de desempeño a las inversiones, se renuncia a regular la inversión directa y especulativa, entre otras.

Algunos elementos que deberán tenerse en cuenta en la discusión que adelantan las organizaciones sociales de la CAN, tiene que ver con que la pregonada liberación recíproca a través de los acuerdos con la UE, la cual fue tan defendida y aplaudida por los gobierno de Perú y Colombia en el TLC con Estados Unidos. Lo que realmente significa esto es que los países latinoamericanos tendrán que implementar los mismos niveles de apertura de mercado que la UE, sin considerar la gigantesca brecha económica entre ambas partes. La asimetría entre los dos bloque es de tal naturaleza que mientras el PIB per cápita de los 15 países más desarrollados de la UE era 23.340 Euros el de la CAN es 2364. De esta forma se pretende obligar a los gobiernos de Bolivia y Ecuador a tomar el mismo rumbo de sus socios neoliberales.

Adicionalmente, el Sistema General de Preferencias (GSP) que otorga de forma unilateral la UE y que hoy gozan los países de la CAN y centroamericanos, se convertirán, al igual que el ATPDEA de Estados Unidos, en un instrumento de extorsión para intimidar con su pérdida a quienes vayan en contravía de las imposiciones europeas.

Por último, un aspecto de mucho interés para la CAN, tiene que ver con la posibilidad de que, por medio del arancel externo común, la integración regional se vea afectada nuevamente en el caso que Bolivia y Ecuador, quienes han mostrado posiciones críticas, terminen siendo miembros de facto del acuerdo de asociación, gracias a que quienes lo suscriban se pueden ver obligados a reducir los aranceles a los bienes procedentes de la UE.

Este marco general de las experiencias de otros bloques o países que han ratificado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, nos debe servir de antecedente para que las organizaciones sociales del continente conozcan a que deberán enfrentarse en las discusiones venideras. Este será un tema que deberemos estudiar con todo rigor para cualificar tanto a dirigentes como a sus bases y comprometerlos en las luchas que los movimientos sociales necesariamente tendrán que librar para evitar la implementación de esta estrategia de recolonización. A continuación se presentan algunos elementos de análisis sobre el interés de la Unión Europea en el mercado de la CAN y las amenazas que afrontaremos en la discusión.

3.¿POR QUÉ QUIERE LA UNIÓN EUROPEA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA CAN?

La CAN, un bocado pequeño pero apetitoso

En realidad la CAN tiene poca importancia comercial para la UE, representando solamente el 5% de su comercio, aunque la UE ha tenido un tradicional superávit comercial (para Colombia la balanza comercial con Europa en el año 2006 fue negativa en 129 millones de dólares), mientras que para la CAN representa 8.2%, del comercio siendo el segundo socio comercial.

Un acuerdo de asociación con la Unión Europea en medio de frases almibaradas sobre cooperación y dialogo político esconde el hecho de que se trata de un nuevo tratado de libre comercio que beneficiará ampliamente a las trasnacionales europeas y consolidará el esquema exportador de bienes primarios e importador de manufacturas, perpetuando una lesiva división del trabajo. Las nuevas oportunidades comerciales en Europa no son tantas en la medida en que ya los países de la CAN tienen preferencias comerciales que estarán vigentes hasta 2015. y a pesar de ello estas preferencias no transforman nuestra capacidad productiva.

En los acuerdos de la UE la liberalización comercial en el sector manufacturero es completa, lo que se pretende mostrar como una asimetría a favor de los países subdesarrollados, pero el hecho real es que las cifras muestran que para el año 2006 el 85% de las exportaciones de la UE fueron de bienes manufacturados, mientras el 82% de las exportaciones de la CAN, en promedio, son de bienes primarios (Colombia, 65%; Ecuador, 91%; Perú, 85,3%; Bolivia, 89%). Así las cosas, los acuerdos de libre comercio crean la necesidad de exportar cada vez más recursos naturales para compensar las importaciones de bienes intermedios. Sin embargo esta realidad no garantizará que nuestros bienes primarios tengan garantizado su acceso a la UE, pues siempre se ponen barreras a los productos que compiten con los suyos, gracias a una política dirigida a proteger a los agricultores europeos. La asimetría más importante -entonces- no es que permitan el libre ingreso de bienes industriales, pues no los producimos, sino que los andinos deben permitir la libre entrada de los bienes de ellos, todo bajo el supuesto principio de reciprocidad. Y aún cuando nuestras exportaciones de bienes manufacturados fueran significativas, la globalización de la producción hace que no les convenga poner restricciones a las importaciones de bienes que han sido ensamblados por sus propias empresas en países con mano de obra barata.

Si bien el comercio, como se ha mostrado, pareciera no ser el principal atractivo, si lo son las inversiones. La UE es la principal fuente de inversión directa para Latinoamérica, aunque están concentradas en un pequeño puñado de países: Argentina, Brasil, Chile y México, quienes absorben casi el 85% de la IED europea. Esta inversión es creciente y buena parte de ella se ha destinado a la compra de empresas de servicios públicos, financieras y de telecomunicaciones en el acelerado proceso de privatizaciones que ha vivido la región en los últimos 20 años, de tal manera que se pueden contar con los dedos las nuevas empresas creadas como producto de esta inversión la cual se ha destinado a reemplazar a los inversionistas nacionales y a apoderarse de empresas ya creadas y que son vendidas por el Estado en condiciones muy favorables para el capital extranjero. Las inversiones de las trasnacionales europeas apenas recientemente han sido motivo de escrutinio público pero ya se han documentado decenas de casos en los cuales transnacionales europeas que han invertido en diferentes servicios y países de Latinoamérica otorgan servicios deficientes, violan leyes nacionales, afectan a los derechos humanos y participan en actos de corrupción.

La situación colombiana es bien representativa de la importancia de los mercados Latinoamericanos para la UE. De las -aproximadamente- 219 trasnacionales más importantes que tienen presencia en el país, 110, es decir, el 50% son europeas. Se sabe además que de 11 sectores identificados, 7 tienen predominio de empresas europeas: el 100% de las trasnacionales extranjeras que tienen presencia en el comercio al por mayor son europeas; el 80% de las trasnacionales de servicios domiciliarios (energía, acueducto) son europeas; el 68% de las de servicios financieros; el 57% de las de hotelería y turismo; el 57% de las de transporte, y tienen una fuerte influencia en los sectores de química y farmacéutica, industria, negocios agrícolas, petroleras, minería y telecomunicaciones. El siguiente gráfico ilustra esta situación.

PARTICIPACIÓN DE LOS BLOQUES EN EL TOTAL DE LAS TRASNACIONALES EXTRANJERAS EN COLOMBIA

Fuente: elaboración propia. Datos de: Las que creen en el país. Revista Semana, 28 de octubre de 2006

Además, en los últimos tres años las trasnacionales europeas han adquirido las compañías colombianas más importantes, solo por mencionar algunas: Correo y Carga, Granahorrar, la Refinería de Cartagena, Telecom y Colombia Móvil, El Tiempo, El Éxito, Telecom, entre otras.

Como elemento adicional, para completar el panorama de las imposiciones europeas en estos acuerdos, es importante mencionar que los componentes adicionales al comercial, es decir, la cooperación y el diálogo político, son estrategias a favor de los objetivos que busca la UE en sus acuerdos. En Bruselas, en noviembre de 2006, la Unión Europea afirmó que “remarca la cooperación como un instrumento para facilitar las negociaciones comerciales”.

Si se revisan los antecedentes, es evidente que la cooperación es usada como un instrumento para preparar a las economías de los socios de la Unión Europea a sus propias necesidades. Los acuerdos crean mecanismos de cooperación en todos los sectores de las actividades económicas de las naciones:

industria, fomento y protección de la inversión, fomento del comercio, MIPYMES, infraestructura y tecnología, cooperación postal, energía, minería y minerales, transporte, turismo, agricultura, pesca, servicios, políticas de los consumidores y protección de la salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, prensa y medios, cuestiones sociales, recursos humanos, información, lucha contra las drogas, salud, protección de datos. Todo bajo supuestos objetivos muy altruistas de modernizar, desarrollar, transformar, armonizar, fomentar, mejorar, reestructurar y abordar los desafíos de la globalización.

Estas acciones reducen la capacidad nacional de promover y aplicar políticas de desarrollo soberanas. Con el pretexto de la cooperación se dictan y acogen políticas dictadas para los intereses de las trasnacionales, convirtiendo todas las áreas de responsabilidad Estatal en un negocio. Un ejemplo concreto es el capítulo de servicios de estos acuerdos, que contiene los mismos sectores que el mecanismo de cooperación: información y telecomunicaciones, tecnologías de la información, servicios postales, energía, transporte, turismo.

En el mismo sentido, el diálogo político es la forma como se materializa la entrega de los intereses nacionales, pues son los mismos gobiernos quienes actúan como puente de las trasnacionales. En el caso Colombiano es sabido que el presidente Uribe, como el rey Midas, todo lo que toca lo vuelve un negocio, pero malo para Colombia.

La UE ha planteado la estrategia de promover “acuerdos de asociación” con el argumento de que, a diferencia de las propuestas de Estados Unidos, busca acuerdos integrales que incluyen la cooperación y el diálogo político. Esto corresponde también a un propósito de moverse con mayor audacia en el escenario mundial y proyectarse como potencia. Acudimos -entonces- a un proceso de recolonización concertado, es decir, no a través de ejércitos, sino negociando la forma, modo y tiempos en que los gobierno nacionales entregarán la soberanía de sus países. Ya no se requieren de militares, sino de tecnócratas, ya no se realiza con armas sino con computadores y lapiceros.

No negamos la importancia de la cooperación y el diálogo político sobre la base de respetar la soberanía, contribuir al bienestar de la población y siempre y cuando se realice en forma incondicional. Desafortunadamente este no es el caso, pues se trata de usar esta cooperación y dialogo como instrumento para la penetración económica y la preservación de un modelo de desarrollo que ya ha mostrado sus falencias.

REFERENCIAS:

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