Polo Democrático Alternativo

Bogotá, marzo 14 de 2007. Con la reducción de las transferencias, el gobierno nacional quiere trasladarle a las regiones el costo de sus problemas fiscales, sostuvo el concejal del Polo Carlos Vicente de Roux R., en debate llevado a cabo en el Cabildo Distrital el día de hoy con presencia de varios congresistas.

De Roux mostró que a causa del recorte las entidades territoriales dejarán de percibir 57 billones de pesos durante los próximos 10 años. La pérdida para Bogotá será de 5.6 billones, cifra equivalente a lo que el Distrito Capital gasta e invierte en un año.

Las transferencias deberían ser intocables porque obedecen a un doble propósito: destinar grandes cantidades de recursos nacionales a satisfacer derechos como la educación y la salud, y entregar la ejecución de esos recursos a los entes territoriales. Ellas representan el 80% o más de los ingresos de 16 departamentos, y entre el 60 y el 80% de los ingresos de otros 12; el único ente territorial que financian en menos del 40% es Bogotá. Constituyen, pues, el instrumento por excelencia para construir, a la par, equidad y descentralización.

En 2007 las transferencias ascenderán a 17.5 billones de pesos pero, entre tanto, los gastos en seguridad alcanzarán un valor cercano a los 10 billones y el servicio de la deuda pública nacional (intereses y amortizaciones) pasará de los 40. A estos montos deben sumarse los 12 billones que se destinarán al gasto social del gobierno nacional, para los mismos propósitos que las transferencias, pero cuya inversión, sostuvo de Roux, girará en torno al protagonismo presidencial.

“Mientras tienen un impacto muy alto en la construcción de democracia social y descentralización, las transferencias son apenas un factor, y no el principal, de la problemática fiscal”, afirmó el concejal del Polo.

Dos propuestas

Para contribuir a la discusión ciudadana sobre el tema, de Roux propuso lo siguiente:

En primer lugar, haciéndose eco de algunos expertos de la Contraloría General de la República, planteó la conveniencia de ceñirse al objetivo último de las transferencias, el de garantizar la plena cobertura de los derechos sociales, comenzando por la educación y la salud. Se debería, pues, llegar de inmediato a la universalización de esos derechos, lo que demandaría del erario público 2 billones de pesos adicionales a los 10 previstos en 2007 para educación. En cuanto a la salud, los 18.5 billones de pesos anuales que el Estado, en sus diferentes niveles, las familias y las empresas invierten en la materia bastarían para alcanzar la cobertura universal, si se reestructura el Sistema Nacional de Salud (Ley 100 de 1993) y se replantea el papel de los empresarios privados en la actividad. Una vez se logre la universalización, la parte de las transferencias correspondiente a salud y educación (que el 85% de las mismas) podría reajustarse cada año, básicamente en función de la inflación.

Una segunda propuesta consiste en otorgar un estatuto fiscal especial a entes territoriales que, como Bogotá, estén en condiciones de crear y administrar con madurez tributos destinados a la satisfacción de todos los derechos sociales y a la elevación de la calidad de vida de su población. “Actualmente, solo la ley puede crear tributos y definir su cuantía, lo cual restringe la autonomía que se merece y puede ejercer la capital de la república”, concluyó de Roux.