Polo Democrático Alternativo

El caso más insólito se presenta en San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá donde el Ejército ha solicitado el traslado de 22 mesas en 13 puestos de votación. Tal decisión, donde el 80% de la población vive en la zona rural, alteraría profundamente el resultado electoral a favor de las maquinarias políticas que dominan el casco urbano.

San Vicente del Caguán, epicentro del Plan Patriota, es uno de los municipios con mayor presencia militar en el país. Ahí se encuentran la Brigada Móvil No. 6, la Brigada Móvil No. 9, el Comando Operativo No. 5 y el Batallón Cazadores.

Esta situación, a juicio del Polo, representa un claro reconocimiento de la incapacidad de la Fuerza Pública de brindar las garantías requeridas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto, pese a los frecuentes anuncios por parte del Presidente Uribe y sus ministros de los éxitos de la política de seguridad democrática. Pero mucho más grave, constituye una flagrante violación del derecho fundamental al voto de miles de compatriotas.

¿Quién ordena? ¿Quién vigila?

De acuerdo con la legislación electoral, dichas determinaciones las deben tomar los registradores municipales previa consulta con los delegados departamentales, las autoridades civiles y los partidos políticos en el seno de la Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales. Pero la norma también establece que en las 24 horas anteriores al debate electoral, el registrador municipal podrá disponer el traslado sin tener que elevar consulta alguna.

Si bien la normatividad establece que el traslado de mesas sólo se puede en casos de fuerza mayor o por caso fortuito, históricamente estas decisiones han sido arbitrarias, sin sustentación alguna y con claras intenciones de favorecer a una u otra fuerza política. La ley también establece que en dichos casos, los alcaldes municipales deben garantizar el trasporte de los sufragantes a los puestos de votación dispuestos para tal fin, pero esto nunca se ha hecho.

Los otros municipios donde se vive la misma situación son Santa Rosa del Sur en el Departamento de Bolívar, Tame en el Departamento de Arauca y Puerto Leguízamo en el Departamento del Putumayo. Existen otros municipios en donde hay solicitudes formales para el traslado de mesas rurales a los cascos urbanos.

El POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO exige que las autoridades civiles y militares garanticen el derecho al sufragio a todos los colombianos y colombianas, evitando el traslado de mesas y que en caso de requerirse, sea realmente la última opción, se llenen los criterios y se cumplan los procedimientos y que en todo caso se haga efectivo el correspondiente trasporte de los electores que establece la ley.

Igualmente, respalda la recomendación hecha por la Misión de Observación Electoral -MOE- de exigir una evaluación posterior de los traslados realizados para verificar si cumplieron con los criterios y procedimientos y de no ser así, abrir las investigaciones disciplinarias correspondientes.

Finalmente, invita a la Misión de la OEA a prestar especial atención a los casos mencionados y otros que puedan aparecer en las próximas horas.