Polo Democrático Alternativo

El texto de la Declaración es el siguiente:

Ante la insólita situación que viven miles de colombianos por las llamadas pirámides financieras, el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO manifiesta un total rechazo a la Declaratoria de Emergencia Social que, con el pretexto de intervenirlas, decretó hace pocos días el gobierno nacional. Esta declaratoria que de manera arbitraria ha llegado incluso a modificar el Código Penal, esconde los siguientes hechos:

— Que desde hace varios años las llamadas pirámides venían captando públicamente el ahorro de los colombianos de manera masiva en diversas regiones y ciudades del país. Hoy, dos millones de colombianos que invirtieron aproximadamente $2 billones de pesos, se encuentran ante la inminente pérdida de sus patrimonios con las graves consecuencias sociales que ese hecho acarrea.

— Que el gobierno nacional y las autoridades responsables de vigilar estos intermediarios financieros y comerciales no sólo permitieron que funcionaran, sino, que además, las promovieron. Efectivamente, en el artículo 83 del proyecto de reforma financiera que actualmente cursa en el Congreso de la República, proyecto presentado por el ministro de Hacienda, se propone la legalización de la venta de tarjetas prepago, que son precisamente el distintivo comercial de DMG. Igualmente, reconocidos voceros políticos del uribismo han utilizado los servicios de esa misma intermediaria. La empresa de transportes TRANSVAL que cedió de manera gratuita el transporte hasta las instalaciones de la Registraduría, de los formularios con las firmas a favor del referendum reeleccionista de Uribe, iniciativa de reforma constitucional coordinada por Luis Guillermo Giraldo, incluye como uno de sus socios fundadores a PROVITEC, sociedad, que a su vez es socio de DMG, según lo denunció el representante a la Cámara y miembro de la bancada del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero.

— Que es de público conocimiento que funcionarios del Estado utilizaron, igualmente, los servicios de estas intermediarias. Ello ha quedado en evidencia con las declaraciones de congresistas, que como en el caso del representante a la Cámara por Nariño Javier Alvarez reconoció que su familia había invertido $50 millones en DRTE, añadiendo en sus declaraciones que él estaba convencido de que “la casi totalidad de los parlamentarios” habían realizado inversiones similares. Igualmente ha quedado en evidencia con las declaraciones del Fiscal General, en las que reconoció que muchos de los fiscales regionales en Nariño se habían declarado impedidos para investigarlas, por cuanto muchos de sus familiares accedían a esos servicios. La evidencia recae también sobre la policía, institución que se vio obligada a destituir a algunos de sus miembros por apropiarse de dineros de DRTE, momentos después del allanamiento de sus oficinas en Pasto. La justificación de los policías destituidos fue la de que estaban intentando salvar los ahorros de sus compañeros de trabajo.

 El señor David Murcia representante legal de DMG, y su asesor jurídico Abelardo De la Espriella, han declarado ante los medios de comunicación que a DMG pertenecen miembros de la clase política, del ejército y hasta del propio gobierno,por lo tanto, el PDA exige que se publiquen los registros jurídicos y los libros contables de estas intermediarias. El control financiero de éstas, oficializado por el gobierno mediante el mecanismo del estado de excepción, no puede servir de pretexto para esconder una información a la que tenemos derecho todos los colombianos.

El Estado de Excepción no va a solucionar el enorme conflicto social que se ha creado por una grave y culposa omisión presidencial. La fórmula presentada por el ministro de Hacienda, supuestamente para restituirlos, lejos de resolver el problema, lo agrava. Por el contrario, lo que estamos presenciando es un rechazo popular que se expresa cada día que pasa con más fuerza. A las movilizaciones de protesta en las ciudades capitales se añade la convocatoria ciudadana a un paro cívico en el Putumayo, que podría generalizarse a otros departamentos del sur-occidente. El PDA llama a una solución concertada de este conflicto social y a que se reconozca la interlocución de los representantes de la comunidad para que los ahorradores, particularmente los más pobres, no queden en la ruina. La utilización de métodos autoritarios y una eventual militarización de esta protesta, solamente llevaría a aumentar el listado de víctimas que ha dejado la larga guerra que vive el país desde hace varia décadas.

La solución no está en la apelación a las medidas de fuerza. Lo que expresa la afiliación masiva de usuarios del crédito a las llamadas pirámides es la ausencia de opciones en el sistema bancario formal. La banca en Colombia cuenta con una de las tasas de interés y de intermediación del crédito más altas del mundo. No existe crédito de fomento, el cual posibilita un endeudamiento por debajo de la tasa de interés del mercado para conseguir vivienda, educación y salud, necesidades básicas que afectan la calidad de vida de la población y deben ser resueltas en un Estado social de Derecho. De hecho, la responsabilidad de que muchas familias hayan perdido sus viviendas por incapacidad de pago obedece al esquema de financiamiento usurero de los bancos. Adicionalmente, cobran cuota de manejo por cualquier forma de depósito y cargas adicionales por servicios complementarios al mismo, como es el caso de cajeros automáticos, llamadas telefónicas para pagos de servicios públicos, chequeras, talonarios de cuentas de ahorro, etc. Como si fuera poco, el usuario debe pagar el impuesto del 4 por mil en la mayoría de las transacciones, impuesto que fue creado para salvar la quiebra del sistema financiero durante el gobierno de Andrés Pastrana y convertido luego en impuesto permanente. Todo ello sumado explica las grandes ganancias de los bancos. Al mes de Octubre de 2008 éstas ascendieron a $9 billones de pesos.

Para el PDA la solución a esta crisis social y económica debe ser la de realizar una Reforma Democrática al sistema financiero que recupere el crédito como servicio público esencial para todos los ciudadanos, que facilite la inversión productiva y garantice los derechos colectivos de la población. El PDA declara ante la opinión pública nacional que esta propuesta será un objetivo prioritario a conseguir en el actual período y convoca a todas las organizaciones sociales y políticas, que compartan este propósito a conformar una gran frente amplio y unitario, para lograrlo.

CARLOS GAVIRIA DÍAZ Presidente Polo Democrático Alternativo (PDA)