Polo Democrático Alternativo

Bogotá.- Diversas circunstancias parecen levantarse a la vez contra la aprobación de esta iniciativa que se discute en el Congreso.

A las nuevas denuncias sobre presuntas maniobras para lavar activos del narcotráfico, se le suman presiones de los paramilitares para incluir la conexidad entre delito político y otras manifestaciones del crimen (en especial, narcotráfico), y la imposibilidad reiterada de conseguir quórum, se revelaron ayer como los grandes obstáculos para pasar la ley.

El hecho más protuberante, durante la sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara que tramitan el proyecto, lo protagonizó el senador Germán Vargas Lleras -aliado del Gobierno- quien, en tono exaltado y con insistentes golpes de mano sobre su curul, denunció que algunos artículos tienen el propósito de “lavar dineros del narcotráfico”.

Vargas Lleras reaccionó de manera airada al escuchar al viceministro de Justicia, Mario Iguarán, quien consideró “inoficioso” incluir en la ley un artículo que se había acordado durante el almuerzo de trabajo realizado pocas horas antes en la Casa de Nariño entre el Gobierno y sus aliados, a través del cual se pretende impedir que los beneficios de la ley se extiendan a los narcotraficantes y a quienes se hayan lucrado de manera ilícita, como producto del narcotráfico durante su pertenencia a un grupo ilegal.

Cuando Vargas escuchó que el viceministro Iguarán se oponía a su proposición, estalló en gritos. “¡Si hay voluntad política del Gobierno para cerrarle el paso al narcotráfico, hay que aprobar ese artículo!”, dijo con golpes de voz, visiblemente indignado.

El artículo objeto del pleito está dividido en dos partes. La primera dice que para ser elegible de la desmovilización individual se requiere que la persona “no haya realizado actividades de narcotráfico antes de su ingreso al grupo armado al margen de la ley”. Esta parte contaba con el respaldo del Gobierno. La segunda parte dice que para ser elegible de la desmovilización se requiere que la persona “durante su permanencia en el grupo armado no hubiere incurrido en enriquecimiento ni aumento injustificado de su patrimonio derivados del narcotráfico”. Esta parte no es apoyada por el Gobierno.

No menos ofuscado reaccionó el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. El funcionario acusó a Vargas Lleras de no decir la verdad y de incumplir los pactos. Pero, además, generalizó sobre la falta de “seriedad” de los legisladores a los que llamó “espadachines”. Sus palabras hicieron que varios congresistas se retiraran del recinto.

En respuesta a Restrepo, Vargas terminó contando secretos del encuentro privado de Palacio. Confesó que el Gobierno le había pedido que no presentara el artículo y que no generara el debate porque era contraproducente, a lo que él había tenido que acceder. Y que había convenido en últimas dejar la segunda parte del artículo como constancia, pero que había estallado en ira porque el viceministro Iguarán pretendía desconocer el acuerdo de Palacio, hundiendo todo el artículo.

El ministro del Interior, Sabas Pretelt, se apuró a intervenir en el debate y dijo que si se aceptaba la segunda parte del artículo de Vargas, se reduciría el número de beneficiarios de la ley en trámite, lo cual es considerado inconveniente por el Gobierno.

EL TIEMPO conoció que el gran temor del Gobierno es que si se aprueba la segunda parte del artículo de Vargas, la mayoría de los jefes paramilitares de Ralito quede excluida de los beneficios de la ley y las negociaciones se echen a perder.

Mensajes de Ralito

El otro factor perturbador en el trámite del proyecto fue que el Gobierno reveló ayer a los congresistas en Palacio que hay fuertes presiones de los paramilitares para exigir que se incluya en la ley lo concerniente a la conexidad de los delitos políticos con otras expresiones del crimen como el narcotráfico.

El comisionado Luis Carlos Restrepo hizo la confesión a los senadores y representantes reunidos en Palacio, pero les exigió mantener esa situación en silencio. No obstante, EL TIEMPO la conoció de boca de varios senadores y representantes, a condición de su anonimato. Roberto Gerlein confirmó que “hubo un pacto de confidencialidad” sobre los aspectos comentados en Palacio y se negó a hacer cualquier precisión.

La versión es que los paramilitares no aceptan la ley tal como ha sido diseñada y que buscarán otra salida que parece ser el referendo.

La confesión de Restrepo preocupó a algunos congresistas que creen que “el proyecto está en su peor momento”.

El Gobierno pretendía enviar ayer un mensaje de solidez y de firmeza en compañía de su bancada a los paramilitares para cerrarle espacio a la conexidad y obligarlos a aceptar la norma, pero los conflictos internos ahogaron ese propósito. Varios artículos preparados en ese sentido no pudieron tramitarse.

Sin quórum

El Gobierno se volvió a encontrar por segunda semana consecutiva con un problema crónico que parece amenazar el proyecto: la falta de quórum. Este hecho no parece casual. Algunos atribuyen esta situación al resultado de las presiones paramilitares que buscarían hundir el proyecto, antes de que se produzca una aprobación inconveniente para sus intereses.

Las comisiones aprobaron ayer un bloque del articulado (entre el 13 y el 28) que tiene que ver con el aspecto procedimental de la ley, después de dos recesos y dos intentos frustrados por conseguir el quórum mínimo en la Cámara.

Para aprobar el articulado se requería mínimo 18 votos y en dos ocasiones se llegó, de manera desesperada a solo 17 votos. Algunos como Telésforo Pedraza creen que dicho episodio generó vicios en su trámite. Al final, y casi por un golpe de suerte, el Gobierno logró reunir 18 votos para pasar el bloque de artículos.

El Ministro del Interior tuvo que ir a las oficinas de algunos congresistas y correr por los pasillos en busca de votos para salvar el proyecto.

Al cabo de cuatro horas de debate la sesión se levantó porque el presidente del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, confesó que tenía “miedo” de que la oposición consiga sus propósitos por la vía de las demandas.

A las diez de la mañana de hoy se reanudará el debate, pero hay una gran tensión en el Gobierno por la suerte de esta ley llamada a facilitar las negociaciones con los paramilitares.

Uribe se negó a contestarle a López

El presidente Álvaro Uribe Vélez no quiso intervenir ayer en la polémica suscitada el domingo por las declaraciones concedidas a EL TIEMPO por el ex presidente Alfonso López Michelsen, en las que propone conformar una gran coalición de fuerzas políticas para impedir la reelección del actual mandatario.

"Yo tengo que vivir concentrado en las tareas de Gobierno, ese es mi deber. La patria tiene inmensas responsabilidades, inmensas angustias e inmensos retos", dijo Uribe eludiendo así una pregunta en tal sentido durante una entrevista a Radio Caracol.

El mandatario recordó que la última vez que vio a López fue el viernes pasado durante la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. "Él nada dijo", aseguró Uribe.

El ex presidente liberal cuestionó el hecho de que desde las filas uribistas se esté invitando al país a votar por Uribe así la Corte Constitucional produzca un fallo adverso sobre la ley de reelección presidencial. Estarían "brincándose la Constitución, brincándose el fallo de la Corte", señaló.

De nuevo, Uribe dijo que "no hay ni riesgos" que responda a una propuesta de su primo, el senador Mario Uribe Escobar que causó revuelo en la oposición, pero que el mandatario ni rechazó ni descalificó.

El Presidente dijo que lo único que ha hecho es defender y acatar la Constitución y por el contrario lanzó pullas a sus antecesores.

"Este país estaba violando la Constitución, este país le estaba entregando, -pero desde hace mucho rato por obra de muchos gobiernos- la soberanía de la patria a guerrilleros, a paramilitares y al narcotráfico".