Polo Democrático Alternativo

Según el texto de ese “memorando” la empresa extranjera Telmex, de propiedad del multimillonario Carlos Slim, se hace propietaria de más de 50% de las acciones de Telecom aportando sólo 260 millones de dólares en efectivo y una pequeña y desconocida empresa subsidiaria que arrojó cuantiosas pérdidas el año anterior llamada “Telmex de Colombia”, la cual se valora en la exagerada suma de 90 millones de dólares.

Con ese aporte toma el control y más de la mitad de la propiedad accionaria de Telecom que hoy según comunicado de la Presidencia de la República es “el principal operador de Colombia de servicios de larga distancia nacional e internacional, presta servicios de telefonía local a través de tres millones de líneas, tiene 130000 clientes de internet y más de 4000 canales de transmisión de datos, cuenta con la mejor infraestructura en telecomunicaciones del país compuesta por tecnología de última generación y la red de fibra óptica y microondas más extensa y robusta de Colombia”. De todos estos bienes actuales de Telecom y de sus doce empresas teleasociadas no se hace mención detallada en el “memorando” y ni siquiera se menciona la necesidad de hacer un avalúo de ellos antes de entregárselos a Telmex, pese a que su valor real está por encima de los 5000 millones de dólares.

Como si fuera poco el beneficio obtenido por el capital extranjero, adicionalmente 3% de los ingresos netos de la nueva Telecom deberá entregarse a Telmex anualmente como pago “por su asistencia técnica y asesoría”. Se hace el compromiso de hacer una alianza comercial entre Telecom y el mayor operador de telefonía celular en Colombia, Comcel, también propiedad de Telmex; alianza que pondrá la red de Telecom en poder de Comcel y colocará en dificultades a Movistar y a OLA, porque todas las empresas de celulares usan la red de comunicaciones de Telecom.

El “memorando” prevé que en el futuro Telmex pueda comprar al gobierno colombiano la otra mitad de Telecom e incluso se fijan desde ya criterios para determinar el valor de esa venta. Cualquier controversia que pudiere presentarse entre Telmex y la contraparte colombiana se tendrá que llevar obligatoriamente a un tribunal de arbitramento y no ante los estrados judiciales colombianos adelantándose este pacto aberrante a las pretensiones norteamericanas en las negociaciones del TLC. Además existe un “Acuerdo de confidencialidad” entre las partes que hace parte integral del “memorando” y cuyos términos los desconocen los colombianos y cualquier persona, empresa u organismo oficial de control que quiera hacer críticas o denuncias a lo pactado por considerarlo contrario al interés de la nación.

Se dice que la principal contraprestación que la nueva empresa debe pagar a Telecom en liquidación, dueña hoy de la red y de toda la infraestructura de comunicaciones del país, es la deuda pensional con los trabajadores que asciende a 6.5 billones de pesos (Un billón de pesos está depositado en el patrimonio autónomo para pago de pensiones desde el año 2000). Esa contraprestación consiste en destinar anualmente, por quince años, una suma proveniente de los ingresos de Telecom, igual a $402.000 millones de pesos el primer año (La cifra se reajustará anualmente hasta el año quince con un incremento igual al índice de precios más cuatro puntos). Debe señalarse al respecto que ya Telecom viene cumpliendo con esa obligación en virtud del contrato suscrito con Telecom en Liquidación para operar la red dado que ha aportado de sus utilidades operacionales los recursos destinados a cancelar las pensiones desde el 2003 hasta hoy. Es decir, no será Telmex, ni el capital extranjero, quien aportará al pago de pensiones, serán los ingresos operacionales de la nueva empresa.

Colombia entera debe movilizarse para impedir este mayúsculo zarpazo contra el patrimonio público y los intereses de la nación. Como siempre, la dignidad nacional será defendida en primera línea por los trabajadores organizados y las organizaciones políticas democráticas, que se oponen al proyecto neoliberal y fascista del presidente-candidato Uribe Vélez. Pero la opinión pública espera que el Congreso de la República y los organismos de control fiscal contribuyan decididamente a impedir este atentado de proporciones inauditas.