Por: Martha Yaneth Sandoval Salazar
Asesora de Lobbyng
Corporación Viva la Ciudadanía

¡Si! El país apoyó, pese a las diversas misivas del gobierno que tildaron al referendo por las transferencias como un recurso electorero de los comicios de octubre ¡SI! pese al llamado del gobierno a no firmar pues para éste el referendo atenta contra la recuperación de la economía. El Polo Democrático, el Partido Liberal, FECODE y otras organizaciones sociales le entregaron a la Registraduría Nacional 1.642.800 firmas que respaldan el referendo al Acto Legislativo 011 de 2006, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Colombiana.

En un mes la Registraduría, luego de revisar las firmas determinará si cumplen con el criterio del 5% del censo electoral, con lo cual la iniciativa será llevada a debate en el congreso; de ser aprobado allí la Corte realizará control Constitucional y será ella quien dé el último aval. Renace el debate: nuevos argumentos o al fin el gobierno ¿dice la verdad?

Durante los debates previos a la aprobación del acto legislativo, el gobierno no escatimo esfuerzos para afirmar que los opositores al recorte de las transferencias confundían a la opinión, pues la reforma en ningún momento significaba una disminución de los aportes a departamentos y municipios, es más hasta de “panfletarios” fueron catalogados representantes del Polo Democrático y de FECODE en algunas sesiones del congreso, esto simplemente por decirle al país sin enredos, ni arandelas la verdad de lo que significaba el acto legislativo sobre la descentralización y la garantía de derechos consagrados por constitución, como si hablar llano y describir claramente fuera sinónimo de penuria en los argumentos.

En retrospectiva, durante los debates, abiertamente en distintos escenarios con diversos actores políticos, académicos e institucionales, alertaron sobre la incongruencia de los argumentos esgrimidos por la bancada uribista, pues el proyecto significa que las regiones recibirán menos recursos; en todos estos escenarios el gobierno siempre dijo que NO habría una disminución de los recursos, que no era cierto que se estuviera recentralizando al país y mucho menos que se afectaran los derechos a la educación y a la salud.

Ahora, ante el panorama de ganar la decisión colectiva frente a la recuperación del derecho efectivo a la educación y a la salud, el gobierno ha comenzado a enviar mensajes en contra del referendo sólo que ahora su discurso evidencia que la reforma aprobada por el congreso SI significa un recorte a las transferencias: “Lo peor para la descentralización es quebrar a la Nación. Qué ganamos con decir que transferimos no seis sino diez mil millones de pesos para aumentar el populismo y luego dejamos puras frustraciones”1, dijo Uribe en uno de sus consejos comunales. Este reconocimiento de la disminución de los recursos esta acompañado de una amenaza: de ganar con el referendo se haría una reforma tributaria, señaló en una entrevista a Caracol Radio el ministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga,: “Espero que la iniciativa no sea exitosa porque sería muy grave para la estabilidad de las finanzas públicas…“Nos llevaría a una situación muy delicada porque tendríamos que volver a la fórmula del 91. Eso tendría un gran impacto no solo en la disponibilidad de inversión del gobierno nacional sino que seguramente nos llevaría a la discusión de nuevos impuestos"

No es necedad seguirse preguntando porque la falta de prioridades en la asignación del gasto público que realiza el Gobierno Central, así como la ausencia de austeridad y disciplina fiscal, tienen que ser compensadas castigando la inversión social, la democracia participativa y ahora ante la posibilidad de ganar, entonces serán castigados los bolsillos de los colombianos de darse una reforma tributaria.

Y tampoco es necedad recordar los argumentos en contra de la modificación del sistema general de participaciones, menos aún cuando Uribe pide: “manejar el debate con argumentos y explicando por qué no se puede aprobar”. La reforma al sistema general de participaciones significa una disminución de $89 billones en los recursos transferidos a municipios (datos de Gloria Inés Ramírez) lo que se traduce en:

Retrocesos en la descentralización: el recorte a las transferencias, resta autonomía territorial, y genera un desequilibrio de poderes entre lo nacional y lo local, generando consecuencias graves sobre la descentralización. Este recorte permite concentrar recursos y capacidad de decisión en el gobierno central, y restar poder y capacidad de inversión a departamentos y municipios, posibilitando que estas inversiones se puedan realizar desde el gobierno central, tal como se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. No se debe olvidar que las transferencias en ningún momento fueron una concesión del gobierno colombiano, sino que son componente fundamental para cumplir un acuerdo político expresado en mandato constitucional

La no garantía del derecho a la salud y a la educación: porque los derechos en la constitución tienen dos componentes el derecho formal, es decir el mandato establecido en la carta magna y el derecho efectivo, que depende de la financiación que se le otorgue, si se reducen los recursos a los municipios entonces se limita el derecho formal que se establece por constitución. Esto será particularmente grave para 35 municipios colombianos que cuentan con el 100% de su población sin ninguna necesidad básica satisfecha.

Este recorte significa que para el año 2019, según datos del CID, 3.171.320 de personas no podrán tener acceso al POS-C Ahora a todo esto le sumamos una posible reforma tributaria y para saber lo que nos espera habría que recordar la ya propuesta por el gobierno. En dicha ocasión, a las grandes empresas se les reducía la tarifa del impuesto a la renta de 38,5% a 32%, y para compensar esta disminución a los trabajadores se les eliminaba todas las exenciones, a las rentas de trabajo se eliminaban los gastos como créditos por vivienda, los pagos de salud, los aportes a pensión voluntaria, es decir el 25% de la renta exenta laboral y finalmente la propuesta ampliaba la base gravable a todos los productos de la canasta familiar, esto es, productos como la papa, el pan, el queso, la carne, los huevos, la leche, lápices y cuadernos tipo escolar que se encontraban exentos de IVA, pasaban a ser gravados.

Por defender los derechos, por preservar la descentralización, ahora el gobierno amenaza con imponer un mayor esfuerzo tributario de los asalariados, con incrementar el IVA; en otras palabras, los pobres, la clase media, los desempleados y los trabajadores deberían pagar más impuestos y como ya lo dice la historia, muy seguramente a los ricos se les reducirá la tributación.

Que más necesita este país para darse cuenta, que no estamos hablando simplemente de datos, de cuestiones técnicas, por el contrario los argumentos, también son políticos, los argumentos también, son sobre el tipo de sociedad que queremos, que más necesita este país para darse cuenta que las políticas de Uribe, no han hecho otra cosas que afianzar un modelo de sociedad desigual y excluyente, modelo de sociedad que tiene a mas de la mitad de su población en condiciones de pobreza, modelo que nos ha colocado en los no honrosos primeros puestos en materia de desigualdad frente a Latinoamérica.

Por ahora, hay que continuar, el referendo significa que aún se puede incorporar a 1,7 millones de niños que están fuera del sistema educativo y a los 6 millones de colombianos que aún están por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El referendo a las transferencias significa que los habitantes de Campamento, Solano, Argelia, Piamonte, Medio Atrato, que hacen parte de los 35 municipios colombianos, que tienen el 100% de su población sin ninguna necesidad básica satisfecha, pueden esperar que por lo menos la educación y la salud sea una realidad.