Polo Democrático Alternativo

Por: Marcelo Torres
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo
Secretario General Partido del Trabajo de Colombia
PTC (moirista)

Las decisiones anunciadas por el presidente Uribe el 27 de junio colocaron a Colombia al borde del desmantelamiento del Estado de derecho. Se pretende implantar una suerte de precepto, tan turbio como inadmisible, consistente en que si la justicia actúa contra los intereses del primer mandatario, se arriesga a desatar su cólera y no puede esperar menos que ser defenestrada y castigada. De llegar a realizarse la potestad del presidente de decidir qué es y qué no es delito, postulada sin disimulo en la mencionada alocución, se instauraría un monstruoso orden de cosas en el cual Álvaro Uribe, además de cabeza del Ejecutivo sería erigido en juez supremo. Quedaría autorizado el país para alzarse contra este golpe de Estado, que no otra cosa traería la culminación del proceso en marcha, para enfrentar la involución a que sería arrojado por el despotismo ruralizante uribista en vísperas del bicentenario de nuestra vida republicana.

La ofensiva desatada contra la Corte Suprema de Justicia claramente busca, mediante el ejercicio de las aplastantes prerrogativas del Ejecutivo, impedir la acción de la justicia respecto del esclarecimiento de los actos de soborno de congresistas por el gobierno, calificados por el alto tribunal de cohecho propio, que rodearon la aprobación de la reforma constitucional que le dio paso a la reelección de Uribe en el 2006. Exaspera al presidente que al fuerte cuestionamiento público del apoyo paramilitar a su reelección de ese año la Corte haya agregado ahora la devastadora revelación de que el aparente fundamento constitucional que la autorizó estaba viciado desde antes de nacer.

Pero al mismo tiempo, con la iniciativa de un referendo que repita las elecciones de ese año, la acometida del presidente Uribe contra la Corte quiere deslizar de contrabando el objetivo de provocar un respaldo plebiscitario a su ambición de prorrogar su estadía en el poder ¡por doce años según lo cantan sus áulicos!, para convertir la engañosa repetición de las elecciones presidenciales en una segunda reelección. Si la Corte Suprema nunca cuestionó la legalidad de las elecciones presidenciales en mención sino que simplemente ha acusado de desviación de poder a la actividad del gobierno que hizo aprobar el acto legislativo que dio luz verde a la reelección, entonces la treta de restaurar la legitimidad de la elección presidencial de ese año mediante un referendo que la repita, carece de todo fundamento. Que el truco es burdo y denota gato encerrado, lo ha puesto de presente la advertencia de conocidas publicaciones del mismo establecimiento en las cuales se plantea sin tapujos la sospecha de que la pretendida repetición de las elecciones presidenciales del 2006 no sea más que un camuflaje para la anticipación de la segunda reelección del 2010.

Confía Uribe en que sus relativos éxitos sobre la insurgencia armada le granjearán el apoyo de amplios sectores sociales a su nueva reelección, al igual que el repudio nacional a aquella, mal encauzado, lo catapultó antes a la presidencia. Mas si incluso un Estado genuinamente democrático veríase obligado a hacer campear sus fueros ante una eventual negativa de los alzados en armas a pactar la paz en condiciones razonables, también es cierto que los colombianos deben percatarse de las aristas non sanctas de la política de seguridad del actual gobierno, llamada "democrática". Una está basada, con el expediente de la lucha antinarcóticos dictada desde Washington, en la entrega del control de las fuerzas armadas colombianas al control norteamericano; la otra, en el fascismo duro y puro, con el argumento de que las libertades públicas y el Estado de derecho son incompatibles con la eficacia de la acción contra los insurrectos.

Y todo lo dicho sin olvidar un instante que el tal referendo de Uribe sería convocado, al igual que el juzgamiento de los magistrados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por un Congreso cuyas mayorías fueron elegidas, de las filas de todos los partidos uribistas, con el concurso de los paramilitares. El país viene siendo empujado a un punto cada vez más profundo de la crisis, por la contradicción, latente ya desde la primera campaña presidencial de Uribe, entre la inconfundible tendencia fascista que este representa y las fuerzas defensoras de la democracia en Colombia. Entre las de carácter institucional de estas últimas, descuella la Corte Suprema por su rotunda negativa a secundar los planes del presidente, de legalización e impunidad del paramilitarismo y sus colaboradores políticos, tanto del Congreso como del gobierno. El actual, el más grave de una sucesión de choques del presidente Uribe con la alta Corte, apunta al aplastamiento de la rama judicial por el Ejecutivo y a la implantación de una tiranía. Se impone que las fuerzas democráticas del país rodeen y respalden la actuación de la Corte Suprema de justicia. Urge una gran movilización nacional en defensa de la democracia amenazada. Organizada por el Polo, el liberalismo y todas las demás fuerzas democráticas. Empecémosla ya.

Bogotá, junio 29 de 2008