Pocas avenidas en el mundo deben haber tenido tanta inversión y reformas como la Caracas de Bogotá, que recordamos con hermosos árboles que separaban los carriles, reemplazados después por aparatosos cajones de cemento, con chuzos de hierro como para atajar elefantes. Aunque el elefante blanco ha sido la misma Caracas. Hoy pasa por allí TransMilenio, para lo cual hubo que tumbar los separadores y construir la troncal con las tristemente famosas losas de concreto, obra que se dio al servicio en el año 2000. Y que costó 92.823 millones de pesos. Se decía que las losas resistirían 20 años.

Esperanza inútil. No se contaba con que debajo iba el polémico relleno fluido, por el que las losas se vienen partiendo como barro fino. El costo para el Distrito ha sido enorme, pues el IDU tuvo que reconstruir, hasta el 31 de octubre pasado, 1.029 losas que han costado 6.654 millones de pesos. Casi lo que vale hacer un megacolegio para niños de menores recursos. El deterioro sigue y ya hay 649 losas más con "daños severos". Tocará reponerlas y costarán otros 4 mil millones de pesos. Y se seguirán quebrando y Bogotá agotando sus fondos, como si la malla vial no estuviera en tan malas condiciones. Tanto, que recuperarla vale unos 12 billones de pesos.

¿Quién responde? ¿No hay pólizas de cumplimiento?, se dirá cualquiera. Claro que las hay, por 17 mil millones de pesos, y, en el 2005, el IDU emitió una resolución para hacer efectivas las pólizas. Pero el consorcio constructor, conformado por las sociedades Castro Tcherassi y Equipo Universal S.A., interpuso una tutela -en la ciudad de Barranquilla-, alegando presuntas fallas en el debido proceso y atribuyendo los líos al relleno fluido. Los dos jueces que conocieron el caso, en primera y segunda instancia, frenaron la resolución del IDU.

La directora de esta entidad ha acudido a la Corte Constitucional para que revise el fallo, pues está de por medio el interés publico, y aduce que habría sido el contratista el que decidió el uso del relleno fluido. Si la Corte no toma el caso, será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde en el 2004 los contratistas solicitaron la nulidad de la mencionada resolución, el que tendrá que fallar. El proceso, que podría llegar hasta el Consejo de Estado, tomaría un lustro.

Entre tanto, las losas se quiebran y el tiempo corre en contra de Bogotá, pues las pólizas tienen vigencia hasta mayo del año entrante. Todo apunta a que otro ’error’ de construcción va a terminar siendo pagado por los contribuyentes de la capital.