Polo Democrático Alternativo

1. La crisis política

Fue durante la afrentosa visita del presidente Bush a Colombia, el pasado 11 de marzo, cuando respecto de las relaciones entre políticos y paramilitares, volvió a escucharse “la explicación del presidente Álvaro Uribe de que gracias a su Gobierno se están destapando esos nexos”(1). El mandatario norteamericano no sólo dio pábulo a la versión sino que reafirmó su “apoyo”a la administración Uribe y en especial a su política respecto a los paramilitares. En realidad, las cosas se dieron precisamente al contrario: tales nexos se destaparon no “gracias a su Gobierno” sino a pesar suyo y enteramente contra su voluntad. Pues lo cierto es que el llamado proceso de reinserción de las AUC fue iniciado por el gobierno Uribe con muy definidos propósitos. Se trataba de crear, mediante la Ley de Justicia y Paz, un marco legal e institucional no sólo para consolidar el poder económico y político que estas organizaciones armadas ilegales implantaron sobre extensas regiones del país sino para incorporar, como elemento permanente, el paramilitarismo a los más altos niveles del poder del Estado.

En efecto, del texto original presentado por el gobierno a las Cámaras se desprendía con claridad que el plan se concibió sobre la base de burlar la necesaria reparación a las víctimas, de eludir la justicia con penas irrisorias para los jefes de dichos grupos, de permitirles el derecho de ejercer la actividad política y sobre todo, de mantener intacto el enorme poder económico y político forjado mediante las armas y la intimidación sobre regiones enteras. Todo ello presuponía que se mantuviese celosamente oculta a la opinión pública la verdad de fondo sobre el fenómeno paramilitar. El plan oficial, empero, encalló cuando ante él se alzaron poderosos escollos. Entre los más sólidos, las denuncias del Polo –principalmente los debates de Gustavo Petro- y de otros sectores de la oposición en el Congreso, de organizaciones de masas, de desplazados y víctimas, de ong, como las valiosas informaciones de algunos medios de comunicación, las declaraciones de testigos, las confesiones de ciertos acusados detenidos por orden de la Corte Suprema, las investigaciones de la Fiscalía y las nuevas evidencias obtenidas en el curso del proceso judicial, así como determinados aspectos del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz. Sin olvidar algunas cosas ya dichas por los jefes de las AUC y muchas más que podrían decir debido a las contradicciones surgidas por el incumplimiento de algunos de los pactos con ellos del que acusan acremente al gobierno.

Como resultado, precedidos por la confesión del detenido ex jefe de informática de la agencia de seguridad del Estado, empezaron a aflorar ante la opinión pública hechos y circunstancias hasta entonces ocultos, de una gravedad sin precedentes. Entre otros, salieron a flote el alto grado de influencia y predominio de las AUC sobre dependencias y órganos enteros del Estado, no sólo de ahora sino de años atrás, en especial sobre secciones de las fuerzas armadas, como la apropiación de ingentes recursos del erario público. Se reveló la coacción ejercida sobre el electorado y los políticos de numerosas comarcas para someterlos y obtener elevadas votaciones por los candidatos impuestos por la ilegal organización armada; se destapó que el fraude electoral tuvo un peso significativo en los comicios presidenciales del 2002 que llevaron a Uribe a la jefatura del Estado al igual que en los de Congreso de entonces. Se conoció que más de una multinacional norteamericana, la Chiquita Brand y la Drummond por ejemplo, han estado envueltas en tratos con grupos paramilitares para asesinar dirigentes sindicales, para suministrar cuantiosos recursos o traer armas de contrabando a tales fuerzas ilegales. Se filtró un informe de la CIA aparecido en Los Angeles Times en el cual se revela que en octubre de 2002 el entonces comandante de la IV Brigada de Medellín y hoy comandante del Ejército, colaboró con grupos paramilitares. Si bien tanto el gobierno como el militar implicado han negado veracidad al informe y alegan que la CIA advierte que se trata de “inteligencia en bruto”, no corroborada, la noticia tuvo amplio despliegue en el país(2). Se publicaron, en fin, valiosos estudios sobre el fenómeno paramilitar, se advirtió en ellos la enorme magnitud de los capitales ilegalmente acumulados; la Contraloría, con anterioridad, había difundido un informe oficial acerca de la gran extensión de las tierras obtenidas mediante el despojo de campesinos o la compra forzada(3).

Y sobre todo, por primera vez, la atención de la opinión pública nacional fue obligada a concentrarse en los estrechos y permanentes nexos de altos funcionarios de la administración, de parlamentarios y otros dirigentes políticos del uribismo, con los paramilitares. El tropel de revelaciones abarcó numerosos congresistas de las facciones uribistas e insólitos pactos como el de Ralito y el de Casanare, militares, gobernadores y alcaldes, y llegó nada menos que hasta la jefatura misma de la principal agencia de seguridad del Estado, que se halla bajo la dependencia directa del presidente. Así, las terribles verdades expuestas a la luz del día empujaron al gobierno de Uribe a una crisis política que aún se halla en curso y cuyas mayores consecuencias pueden estar por verse.

Varios de los más importantes diarios de Estados Unidos, no obstante la absolución que le extendió a Uribe el republicano The Washington Post, han registrado con alarma la trascendencia de lo expuesto a la luz pública y ello empieza a hacerse sentir en el Congreso norteamericano. Los demócratas pidieron condicionar la ayuda militar a Colombia, demandaron la observancia de las normas laborales en el TLC y señalaron como “paragate” la crisis política del país. El senador Patick Leahy observó: "Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, que los paramilitares han infiltrado el establecimiento económico y político de la sociedad colombiana. Y debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando"(subrayados nuestros)(4). Contrariamente a ello, el respaldo de la Casa Blanca al gobierno Uribe ha sido inconmovible. Mediante el más obediente de los gobiernos vasallos, el Pentágono prepara la fase 2 del mal llamado Plan Colombia. Y no obstante que el anterior embajador norteamericano en Bogotá hablaba todo el tiempo de “bandidos” cuando se refería a los paramilitares, viene muy al caso recordar que el primer entrenamiento militar de estos en el extranjero tuvo lugar en Israel, algo impensable sin el visto bueno y la anuencia de Estados Unidos(5).

Tampoco puede pasarse por alto que el presidente Bush, durante su fugaz visita de inspección a Bogotá, puntualizó –en implícito énfasis sobre el carácter de súbdito del gobierno de Colombia ante Washington- que en lo concerniente a la decisión de una eventual extradición de jefes de las AUC, ello "será una decisión entre los dos Gobiernos"(6). En la aseveración del mandatario norteamericano se puso de presente, sin miramientos, quién dicta las condiciones y puede intervenir en las decisiones de Colombia y quién obedece. Tal como quedó condensado en el indignante episodio ocurrido luego del aterrizaje de Bush en el aeropuerto Catam, en el cual oficiales de la fuerza aérea colombiana fueron objeto de una requisa por los guardaespaldas del emperador gringo.

2. El pulso entre Uribe y las fuerzas democráticas, clave de la situación del país.

En un momento dado, bastó con el anuncio del senador Gustavo Petro sobre el debate del paramilitarismo en Antioquia y con la referencia a una investigación de la misma índole contra uno de los hermanos del primer mandatario, suspendida por un auto inhibitorio, para que la ira presidencial se desatara contra los críticos del proceso desenvuelto bajo el alar de la ley de Justicia y Paz. El presidente arremetió entonces contra los dirigentes del Polo e intensificó su esfuerzo, tan robusto de epítetos como raquítico de argumentos, con la vana pretensión de convencer a los colombianos de que tanto las filas del PDA como las de otras fuerzas de oposición se componen de “terroristas de civil”. Para muchos quedó claro que para un presidente alarmado y furibundo, impedir que siguieran fluyendo trozo a trozo partes de la terrible realidad que ha asolado por años al país y por consiguiente, frenar la emergencia a pleno sol de toda la verdad, se había constituido en asunto de vida o muerte para su régimen. Así, en el punto al cual han llegado las cosas en Colombia, o el gobierno Uribe logra detener el afloramiento pleno de las revelaciones relativas a los nexos del Ejecutivo con el paramilitarismo, con las consiguientes efectos políticas que de ello se derivarían –deterioro total o derrumbamiento del régimen uribista-, o las fuerzas democráticas de toda procedencia, con el Polo a la cabeza, consiguen que el país conozca la plena verdad del asunto con todas sus consecuencias.

La definición práctica de uno u otro rumbo, y con ello del futuro inmediato de Colombia, se efectúa mediante el pulso que actualmente se libra entre los contendientes en liza y tal encrucijada constituye la clave de la situación política nacional. El decurso de los demás asuntos sustanciales, la aprobación legislativa del TLC, del Plan de Desarrollo 2006-2010, del proyecto de recorte de las transferencias territoriales, como la continuación de la privatización de las principales empresas y entidades públicas, entre otros graves problemas, depende, a su vez, del resultado del conflicto entablado entre el proyecto de consolidación de un régimen represivo y paramilitar y el empuje de las fuerzas democráticas. A su turno, la resolución de tan trascendente puja –que termine con la implantación del siniestro proyecto o, por el contrario, con la derrota de la protuberante tendencia fascista del gobierno- mejorará o empeorará sustancialmente las condiciones para continuar la lucha contra el desueto esquema neoliberal y por la defensa del nivel de vida del pueblo. He ahí, en el más candente de los asuntos de la vida nacional, la clave del desenvolvimiento inmediato de toda la lucha política en Colombia.

3. Toda la verdad, todas las garantías, toda la democracia

La consigna actual del Polo, “Toda la verdad, todas las garantías y toda la democracia”, expresa con exactitud los objetivos tácticos a lograr por las fuerzas democráticas y progresistas. El más inmediato, la revelación de toda la verdad sobre los nexos del gobierno de Uribe con los paramilitares, está en plena marcha. Es claro que del conocimiento público de la verdad emana un poder políticamente explosivo en la situación actual de Colombia; ya le ha generado al gobierno Uribe su mayor tropiezo. Si lograra explayarse a fondo podría no sólo socavar su estabilidad sino incluso precipitar su caída.

Para que salga a flote la verdad deben tener vigencia las garantías que lo permitan: el Congreso debe permanecer abierto, y en este escenario parlamentario debe poder debatirse a fondo todos los capítulos de esta tragedia nacional; la prensa y los medios de comunicación deben seguir informando sobre ello, rechazando todo intento de censura; las víctimas de los paramilitares, los líderes políticos de la oposición y los dirigentes obreros y populares deben tener protección oficial efectiva para ellos y sus familias; y el derecho de las masas a reunirse, a la movilización y a la denuncia, como de reclamación de sus reivindicaciones, ha de preservarse en los hechos. Por supuesto, debe buscarse la presencia de observadores internacionales de diversa índole que limite u obstruya la intimidación y el fraude durante las elecciones de octubre. Naturalmente que en la prosecución hasta el fin del proceso judicial del cual emerja toda la verdad, la independencia de la Fiscalía y de la Corte Suprema reviste una importancia vital. Hay que denunciar masivamente el tremendo poder que la facultad discrecional de extraditar coloca en manos de Uribe para acallar eventuales revelaciones de los jefes de las AUC que puedan resultarle comprometedoras. Para que puedan realizarlas, a estos y a sus familias debe otorgárseles garantías efectivas de protección de sus vidas. El afloramiento de toda la verdad sólo puede lograrse con la profundización de la crisis política y ello, a su vez, como la vigencia de las libertades públicas y las garantías constitucionales, con un empuje permanente y creciente del movimiento de masas para tomarse las calles.

En sentido contrario, al gobierno le conviene y propicia un clima de amenazas e intimidación, de inoperancia o restricción de las garantías democráticas, de desprestigio de la oposición y de cacería de brujas. Las sindicaciones del presidente Uribe contra los líderes de la oposición de mantener supuestos vínculos con la guerrilla buscan no sólo el descrédito público del Polo y del liberalismo antiuribista; constituyen también una verdadera incitación a las fuerzas más reaccionarias del país a la violencia contra ellos. Resultó curioso que, como en respuesta a una especie de conjuro nada casual, de pronto resucitara, 13 años después, el llamado proceso 8.000; Fernando Botero y el narco “Rasguño” coincidieron en reeditar acusaciones que en último análisis jalan la atención pública hacia otro lado, inflingen una suerte de castigo renovado a un liberalismo en la oposición y de modo obvio, auxilian a un Uribe en apuros. Con sus propuestas de revocatoria del Congreso, reforma electoral y proyecto de régimen parlamentario, el gobierno y sus voceros en el Congreso persiguen con desespero atraer el debate público hacia cuestiones relativamente inocuas en relación con su estabilidad y alejarlo del asunto que constituye el centro de la tormenta, los nexos del Ejecutivo con el paramilitarismo. De ahí la importancia decisiva de que los dirigentes del Polo y del liberalismo de oposición no muerdan el anzuelo. Por más atractivas que puedan parecer las consignas sobre la elección anticipada a nuevas elecciones de Congreso o la convocatoria a una eventual asamblea constituyente para ventilar reformas democráticas, en los hechos brindarían una vía de escape al gobierno para sortear el enorme brete en que se debate. Para que consignas tales como la convocatoria a una constituyente u otra de mayor calado se pusieran al orden del día haría falta una mejor correlación de fuerzas, un punto alcanzado por el movimiento de masas cualitativamente más alto que el actual. En un plano más mediato, la consecución de “toda la democracia”, presupone que la lucha política en Colombia haya pasado exitosamente por la derrota de la tendencia fascista que encarna el régimen uribista.

4. Las elecciones de octubre y la política de alianzas

La crisis política en curso ha de transitar por una circunstancia nacional crucial: las elecciones territoriales de octubre del presente año. No hay duda de que la premisa política para la consolidación del proyecto uribista consiste en que las fuerzas ilegales hoy bajo el alar de la Ley de Justicia y Paz ganen dichas elecciones, especialmente las de gobernaciones y alcaldías. Es cierto que la crisis política las puso a la defensiva, como al mismo gobierno de Uribe; que los obstáculos políticos, de opinión pública e incluso institucionales, son ahora mayores para su actividad abierta y que esta ha sido limitada considerablemente. Mas también lo es que sus enormes capitales y grandes concentraciones de tierras, la base de su poder económico y social, siguen intactos; que no todos sus lazos con la maquinaria estatal en sus distintas ramas –ni probablemente los más importantes- han sido cortados, que se ha conocido de la formación de nuevos grupos paramilitares que ya sobrepasan los 5.000 efectivos y que –esa es la cuestión de fondo- Uribe sigue en la jefatura del Estado. Continúan, si bien sofrenados por el ambiente de denuncia de la crisis política, los asesinatos, desapariciones y detenciones, como la macartización y obstrucción de las actividades de la oposición. La plausible acción judicial e investigativa emprendida por la Fiscalía y la Corte Suprema en general va por buen camino pero aún está lejos de concluir(7). Aunque se atribuyó a un error procesal del que se dice pronto se corregirá, Noguera fue puesto en libertad. No puede descartarse, ni mucho menos, una decisión oficial en el sentido de lanzar una oleada de intimidación, legal e ilegal, con miras a asegurar la iniciativa del gobierno en las elecciones de octubre, en una pugna feroz para mantener o hacerse al control de alcaldías y gobernaciones, especialmente en aquellas extensas regiones donde la voluntad de las aludidas fuerzas irregulares ha sido ley de tiempo atrás.

En tales condiciones, debiera ser claro que en la lucha contra el gobierno de Uribe, contra el peligro del mantenimiento y la consolidación del poder paramilitar, por el afianzamiento del ascenso de la tendencia democrática del país, el Polo no debe adoptar la táctica de marchar con sólo sus fuerzas a la batalla política. Con todo el avance que para el fortalecimiento de la fuerza democrática y antineoliberal del Polo implicaron los guarismos de las elecciones presidenciales del 2006, lo cierto es que las fuerzas sumadas de la oposición diminuyeron ligeramente en términos absolutos respecto de las presidenciales del 2002(8). Y en la hora actual, una cosa es que mientras el gobierno Uribe atraviesa la más severa crisis, el Polo se perfila cada vez más como la opción de transformación y de cambio del país y sea la única fuerza política en ascenso. Y otra, confundir este alentador hecho real con la apreciación de que ya el Polo reúne por sí mismo la suficiente fuerza para enfrentarse al régimen uribista y salir victorioso en una contienda como la que está planteada. Esperanzador signo al respecto lo constituye la resolución que considera el Comité Ejecutivo Nacional del PDA sobre la política de alianzas, en la que alienta un genuino instinto de conservación polista. Al parecer, el amenazante cariz que presagia la marcha de la situación colombiana para las fuerzas de izquierda y de oposición ha forzado, en lugar del viejo y pueril sectarismo, el retorno de un cierto y sano sentido común, es decir, de la política amplia y unitaria que debe presidir la acción del Polo.

Es hora de que el papel del Polo en la actual crisis se oriente resueltamente por la más amplia y audaz política de alianzas con todas las fuerzas antiuribistas. En la actualidad, el punto de mayor convergencia entre las fuerzas que han adoptado una definida política contra el gobierno y aquellas que expresan inconformidad, críticas o reparos frente al mismo, es el rechazo a la favorabilidad del presidente Uribe hacia los paramilitares y al proyecto en pro de que se afiance y se imponga de modo generalizado y total un régimen político de esta naturaleza. Como ninguna otra, esta coincidencia abre la perspectiva de ampliar al máximo posible –en las actuales condiciones de Colombia- la resistencia civil frente al proyecto uribista de consolidación del poder del paramilitarismo. Si tal coincidencia conllevara a la concreción de una alianza entre el más amplio haz de fuerzas democráticas y antiuribistas, los resultados exitosos de la misma elevarían la lucha a un escalón superior. Podrían conquistarse mejores condiciones democráticas para proseguir el combate a fondo contra el modelo neoliberal y por un gobierno de transición.

Con el partido liberal deben buscarse y pactarse acuerdos en torno al respaldo conjunto a candidaturas para alcaldías y gobernaciones, del Polo o del liberalismo según lo aconseje la concreta relación de fuerzas, de modo primordial en Bogotá y las principales ciudades del país, en los departamentos y especialmente, por interés y protección mutua, en aquellas regiones de acentuada influencia paramilitar. Un apoyo de los liberales al candidato a la alcaldía del Polo, por ejemplo, en una capital de departamento, podría dar lugar al respaldo de este al candidato liberal a la gobernación en el mismo o en otro departamento. Con la explícita cláusula de que los candidatos que resultaren elegidos conformarían gobiernos territoriales básicamente integrados por el Polo y el liberalismo. Una política tal resultaría no sólo aconsejable sino practicable, inclusive teniendo en cuenta las disensiones internas del liberalismo. Pues una propuesta concreta del Polo al respecto podría contribuir a catalizar en sentido positivo las mismas, a dificultar los flirteos de la dirección de César Gaviria con el gobierno -dadas sus conocidas afinidades en materia del modelo económico vigente-, y a fortalecer las repetidas observaciones críticas del liberalismo a la cercanía del régimen con los paramilitares. En todo caso, resulta evidente que hoy la tendencia más cercana a la posibilidad de un acuerdo del Polo con el partido liberal es la conformada en esa colectividad por Horacio Serpa y Piedad Córdoba, y que en numerosas ciudades, municipios y departamentos lo que se infiere de una lógica política antiuribista consecuente, son los acuerdos con dichos efectivos liberales. Esta política sería clave en Bogotá para derrotar la candidatura neoliberal y uribista de Peñalosa, enfrentándole una del Polo, a ser posible respaldada conjuntamente con el liberalismo.

Con relación a la coordinación entre el Polo y la Gran Coalición Democrática, deben aclararse las objeciones circunstanciales planteadas al respecto de dicha coordinación en el seno del PDA. El Polo constituye ciertamente la principal expresión y la más promisoria del surgimiento de una gran corriente democrática y antineoliberal de masas en Colombia, pero no la única. El surgimiento de la GCD también plasmó otra de las genuinas expresiones de este gran avance; como organización integrada por centrales obreras, organizaciones sociales y partidos políticos, una mixtura nada habitual, es una creación original nacida de la iniciativa del movimiento popular. Irrumpió en el escenario nacional con la resonante batalla contra el referendo uribista del 2003 al que contribuyó decisivamente a derrotar, y refleja la batalla de más de década y media del sector más avanzado y organizado de la población colombiana, el movimiento obrero, contra la apertura económica, el esquema neoliberal y los gobiernos que lo aplicaron en ese tramo. En su seno bullen todos los partidos obreros de Colombia. No hay movilización de masas en los últimos años en el país, de protesta contra el gobierno Uribe y sus principales políticas, en pro de las reivindicaciones populares, que no se deba a la GCD. Incluyendo las de marzo, la del 7, la del 11 y la del 27. La organización del Polo entre las masas, en plena construcción, no puede ni debe pretender reemplazar la de la GCD ni prescindir de ella. La gran mayoría de dirigentes sindicales y políticos de la GCD son a la vez miembros de la dirección nacional del Polo; y la casi totalidad de sus parlamentarios elegidos obtuvieron notables votaciones provenientes de la CUT y de los trabajadores de las otras centrales obreras. Por consiguiente, ante las incomprensiones y malentendidos existentes en el Polo sobre el asunto, deben recalcarse estas realidades que hacen incuestionable la conveniencia de la coordinación PDA-GCD. El Polo debe estrechar sus lazos con las filas del proletariado; todo distanciamiento del movimiento obrero implicaría un cierto e indeseable giro de varios grados a la derecha.

No es una nimiedad otro aspecto de la situación política: la ausencia de unanimidad del conjunto de la alta burguesía en torno a la cuestión paramilitar,. Las discrepancias en torno al espinoso problema -una evidencia inocultable- datan de tiempo atrás, han trascendido públicamente y siguen en pie. Desde cuando cursaba en el Congreso como un proyecto, la Ley de Justicia y Paz dio lugar a desacuerdos de elementos del uribismo; provocaron la salida de Rafael Pardo de las huestes gobiernistas y su retorno al liberalismo. El ex presidente López Michelsen advirtió en abril de 2005, “Que los paramilitares van a desempeñar un papel capital en la reelección de Uribe, sin escrúpulos, amenazando gente”(9). El ex presidente César Gaviria, ni parco ni tibio, aseguró que su gobierno desmanteló el cartel de Medellín pero “No veo que vaya a pasar lo mismo con los grupos paramilitares en este gobierno”(10). Todo el país conoce las terribles y constantes revelaciones y denuncias sobre los grupos ilegales armados llamados de autodefensa efectuadas por el único diario nacional del país, El Tiempo, y de Semana y Cambio, las dos revistas de mayor circulación. Al igual que el significativo hecho de que ello ocurre no obstante que el control financiero del complejo editorial y de comunicaciones al cual pertenecen las publicaciones mencionadas reposa en manos del mismo grupo familiar que profesa un ostensible uribismo y tiene a dos de sus miembros en el alto gobierno. Llama la atención que la ex canciller Araujo, otrora prima donna del régimen, acusara al vicepresidente Santos de fraguar acusaciones contra su familia. A lo anterior debe añadirse lo que puede llamarse una declarada resistencia institucional, jalonada por sectores democráticos o que por lo menos no son proclives al paramilitarismo, encarnada en el actual papel de la Fiscalía y en algunos fallos y actuaciones de las altas Cortes, la Suprema y la Constitucional. La oposición de los gobernadores y de muchísimos alcaldes, pese a que buen número de ellos ha sido gobiernista, al proyecto de reforma a las transferencias territoriales, revela que, en caso tan sensible, las disensiones pueden extenderse al campo económico y social. De todo ello deben no simplemente tomar nota las fuerzas democráticas del país sino aprovecharlo resueltamente en su acción política y tomar la iniciativa para plantear acuerdos en pro de la democracia y los intereses del pueblo. Que pueden contribuir a mermar o desordenar las fuerzas del uribismo y, en todo caso, a redundar de modo favorable sobre el conjunto de la lucha. Que así sea, dependerá, naturalmente, de la táctica que prevalezca en la dirección nacional del Polo.

Notas

 1. “Culpable de ¨parapolítica¨ pagará su pena: Bush”, www.eltiempo.com, marzo12, 2007.
 2. “La CIA intentó frenar el artículo”, El Tiempo, 26 de marzo de 2007, pág. 1-4.
 3. En 4,4 millones de hectáreas se estimó por un estudio de la Contraloría General, que recoge estudios anteriores, la extensión de tierras acaparadas por los narcotraficantes y paramilitares. Cfr. Flórez Enciso Luis Bernardo. “Extensión de dominio, reforma agraria y paz” en Economía Colombiana revista de la CGR, julio-agosto 2005, pág. 9
 4. En E.U. ya se habla de ¨paragate¨.www.eltiempo.com, febrero 18, 2007.
 5. Lo dice un testimonio de excepcional importancia: el de Carlos Castaño. Casi inmediatamente después de la organización de los llamados grupos de autodefensa, en 1983, el jefe paramilitar Carlos castaño viajó a Israel a recibir instrucción militar, según relato incluido en sus memorias. Dijo Castaño: “…el concepto de autodefensa en armas lo copié de los israelitas ;…”. Cfr. Aranguren Molina, Mauricio, “Mi confesión – Carlos Castaño revela sus secretos”, primera edición, Editorial La Oveja Negra, Bogotá, 2001, págs. 108,107-123.
 6. “Culpable de ´parapolítica´ pagará su pena: Bush”, www.eltiempo.com, marzo 12, 2007.
 7. Algunos columnistas han puesto de presente que los jefes de las AUC exigen del gobierno el cumplimiento de pactos acordados en Ralito, como la reclusión de los mismos en colonias agrícolas en lugar de cárceles y la renuncia del Estado a la aplicación de la extensión de dominio sobre sus bienes. Se dice que a esto último ya habrían accedido el gobierno y la Fiscalía. Y se advierte que de seguir la Fiscalía con el ritmo que lleva en sus llamados a rendir versión libre, una por mes, sólo para que los 53 jefes de las llamadas autodefensas alcancen a ser llamados en su totalidad se necesitarían varios años. Cfr. María Jimena Duzán, “¿ Por qué se calló Mancuso?”, El Tiempo, 19 de marzo de 2007, pág. 1-19.
 8. En las elecciones presidenciales del 2002, el Polo y el liberalismo sumados, 3´514.779 + 680.245, obtuvieron para el conjunto de la oposición 4´195.024 votos, el 37.9% del total de la votación; para el 2006 obtuvieron 4´009.496, el 33.8%, una disminución en términos absolutos y relativos.
 9. “López propone fórmula para derrotar a Uribe en segunda vuelta”, El Tiempo, 3 de abril de 2005, pág. 1-19. 10. “Uribe no tiene los títulos para reclamar reelección”, Vanguardia Liberal, 14 de junio de 2005, pág. 3ª.