Polo Democrático Independiente
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El reto que enfrenta el Polo en Bogotá
* Documento preparado por Alvaro Villarraga.


Miércoles 28 de marzo de 2007

El 3 de marzo de 2007 sesionó con la nutrida asistencia de los más de 800 delegados y presidida por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional la Asamblea Distrital del Polo Democrático Alternativo en Bogotá. Sus trabajos se redujeron a dos hechos importantes, las intervenciones de los precandidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la elección del Comité Ejecutivo de la Coordinadora del Distrito Capital. Ahora se abre un período de consolidación política y organizativa que también conlleva la definición de la candidata o el candidato a la Alcaldía Mayor, bien por amplio respaldo mayoritario interno o mediante consulta popular. Pero a la vez, corresponde avanzar en la estructuración partidista desde la base, las localidades, los sectores sociales y poblacionales, en medio de la movilización política y social y en la construcción de los consensos políticos necesarios.

Puntos de partida necesarios de abordar son el balance de la rica y amplia experiencia del gobierno distrital; discutir y definir el contenido programático básico de la próxima alcaldía y organizar los mecanismos de selección de la candidatura y la campaña electoral. En tal perspectiva, se requiere que de manera organizada fluyan informes, discusiones y los acuerdos, bajo la consideración de que se trata de responder ante un reto político muy importante. Esto porque hay que reconocer que en Bogotá D.C. se tiene la más importante experiencia de gobernabilidad del PDA, de forma que corresponde asimilarla y defenderla, lo que constituye el desafío político más significativo de las elecciones territoriales. Pero también porque existen notorias divergencias en la valoración del actual gobierno distrital, a lo que se suman incomprensiones y expresiones de sectarismo.

Por consiguiente, el Comité Ejecutivo de la Coordinadora Distrital del PDA tiene la misión, a partir de su propio plan de trabajo, de orientar las acciones organizativas, las discusiones y las acciones tras los asuntos planteados. En especial se destacan la evaluación de la alcaldía de Lucho Garzón, la definición del programa de gobierno con apoyo en los aportes de las precandidaturas y la amplia movilización de la militancia y de la opinión en medio de la compleja situación política actual. En esta dinámica, un aspecto necesario de resolver es mejorar la relación entre la Alcaldía Mayor y el PDA, pues a pesar del efecto positivo del Congreso de Unidad y la coordinación recuperada entre el Alcalde Mayor y la bancada del Consejo, aún subsisten notorias dificultades, vacíos e inconsecuencias.

Importantes logros, algunas falencias y desafíos que demanda la Alcaldía Mayor:

En el ámbito de Bogotá, D.C. es preciso reconocer el impacto de diversos conflictos, del conflicto armado y de la violencia; graves niveles de desempleo, subempleo, marginalidad, exclusión, pobreza e indigencia; difícil situación en materia de seguridad. Estas circunstancias han menoscabado principios y valores éticos de la vida en sociedad; deterioran el tejido social y ocasionan temor y aislamiento en la población. El crecimiento de la ciudad no fue planificado ni armónico, arrasó a las poblaciones que dieron origen al distrito y las continuas migraciones de los desplazados conformaron los cordones de miseria. Sólo a partir de la Constitución Política de 1991 aparecen posibilidades para conseguir el desarrollo político institucional, la descentralización, el tratamiento de la crisis social y el desarrollo de iniciativas de participación política que contrarresten la corrupción y el acentuado clientelismo.

Pero adicionalmente, en la ciudad también se registran circunstancias propias de la guerra irregular, con la presencia de actores armados en los ámbitos rural y urbano y de los graves efectos de la crisis humanitaria. Se presentan, entre otras situaciones, la mayor recepción de desplazados, atentados terroristas, amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos y las organizaciones sociales que promueven la movilización ciudadana. También suceden desapariciones forzadas, victimización y homicidios contra jóvenes y reclutamiento de jóvenes, niños y niñas, en barrios de Ciudad Bolívar y de otras localidades.

En busca de respuestas a tales problemas es preciso reconocer que las administraciones de Antanas Mockus fueron producto de la reacción del voto de opinión que castigó a los partidos tradicionales y posibilitó una gestión positiva en términos de transparencia, promoción de cultura ciudadana y diseño de una política de seguridad apoyada en presupuestos democráticos. A su vez, la gestión de Enrique Peñalosa realizó básicamente obras de infraestructura pública, las cuales si bien entregaron dotaciones importantes estuvieron sujetas a intereses de grandes inversionistas. Pero además, estas administraciones no reconocieron ni asumieron políticas ni estrategias efectivas frente a la pobreza y la profunda crisis social existente. Además más allá del boom inicial del transmilenio se revelaron problemas de contratación y de mala calidad en las obras que las comprometieron.

Se produjo entonces el triunfo de Luis Eduardo Garzón con la divisa del naciente Polo democrático y en alianza con el Partido Liberal, cuyo gobierno priorizó la política social. Su Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia se sustenta en programas como Bogotá sin Hambre y Salud a su Hogar, en la gratuidad y atención especial para garantizar la educación de las niñas y niños de menores recursos y desarrolla programas para atender otros asuntos como la atención del voluminoso desplazamiento forzado. El asunto crítico del espacio público y los vendedores ambulantes fue tratado con acierto dentro de los parámetros constitucionales y mecanismos de concertación. Configura una política de seguridad ciudadana sustentada en presupuestos democráticos, lo cual confronta el enfoque autoritario de la política de seguridad del Gobierno Nacional. Y en materia política promueve los temas de la paz, la reconciliación y la exigencia del acuerdo humanitario. Merece reconocerse que el gobierno de Bogotá enseña que la seguridad debe ser parte de la agenda de los gobiernos alternativos y que demanda una importante inversión en lo social, estrategias de prevención, dispositivos de protección, defensa de los derechos de la ciudadanía y actuación legítima de la Fuerza Pública para reprimir el delito. En el 2006 se apreciaron los mejores resultados en seguridad de los últimos siete años, con notorio descenso de los hechos de violencia y los delitos. Esto a pesar de sortear un período difícil por la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en la ciudad y por otros factores, ante lo cual la administración obró con medidas, recursos e intervención coordinada con autoridades de distinto orden. Así mismo promovió la suscripción de pactos locales y sectoriales por la convivencia y propuestas como el desarme generalizado de la población civil. En la actualidad la administración distrital ha demostrado que la izquierda democrática está en capacidad para gobernar y que consigue articular políticas que responden al desarrollo institucional, la inversión en infraestructura y el desarrollo de la política social enfocada a superar las áreas críticas de la pobreza y la indigencia. La reforma político administrativa lograda es importante; en materia de nutrición, educación y seguridad se presentan innegables logros y deja proyecciones con la definición de planes maestros y el manejo presupuestario sano que garantiza recursos al siguiente gobierno. Sobresale también la política favorable a la no discriminación que ha permitido el reconocimiento de los derechos de sectores vulnerables, de los LGTB, afrodescendientes y pueblos indígenas. El programa complementario para la población desplazada consigue logros importantes, a la vez que el programa complementario para la reinserción adelanta una política diferenciada ante el discutido y poco eficaz programa nacional.

No obstante estos y otros avances, aún son críticos los márgenes de pobreza e indigencia existentes, notorias las falencias en el tratamiento del tema ambiental, la consecución de resultados parciales en materia de vivienda y no se superan los altos márgenes de desempleo. Aunque aparecen algunas medidas tributarias progresivas y hay el interés de frenar los altos grados de evasión, no se cuenta con suficientes políticas ni medidas que permitan avanzar hacia la redistribución del ingreso, ni dimensionar los esfuerzos y las políticas sociales con medidas estructurales, ni fomentar la producción con nuevos renglones que consigan real impacto hacia la superación del desempleo. Además, es claro que se abrió un debate sobre el tema de la movilidad urbana y, en especial, sobre las opciones en torno al sistema de transporte público de carácter masivo.

Distintos factores indican que a pesar de los importantes resultados conseguidos con el sistema transmilenio no se consigue la solución requerida; a la vez, surgen discusiones sobre la alta concentración de intereses privados en sus proyectos, la necesidad de resolver democráticamente otras alternativas y la superación de la presión y los obstáculos impuestos por los grandes transportadores. Adicionalmente, en la nueva concepción de atender el tema de la movilidad urbana, aparecen como delicados temas no resueltos otros como el de la saturación del parque automotor, el deterioro de la malla vial y los nichos de ineficacia y corrupción aún existentes con relación al transporte.

Las definiciones programáticas serán parte esencial en la construcción política:

Sin duda el presupuesto en el tema es la necesidad de esclarecer la justeza de las políticas, los resultados y los nuevos dilemas que entrega la administración de Lucho Garzón. Resulta sintomático de su experiencia el que mantiene, por encima de los anteriores mandatarios, altos porcentajes en las calificaciones, los sondeos y las encuestas de favorabilidad en la opinión ciudadana. De los precandidatos y precandidatas del PDA se escucha el reconocimiento a su labor y la necesidad de retomar y profundizar varias de sus principales políticas, estrategias y programas, a la vez que derivar replanteamientos y nuevas iniciativas ante las deficiencias manifiestas.

La invitación es a iniciar el debate de forma organizada como paso necesario a la adopción de consensos que nutran el desarrollo de la política y de la campaña electoral. Ahora se entiende y está legalmente demandado que no se trata de una postura individual del candidato sino de un compromiso adoptado por el conjunto del PDA, con el positivo concurso de los parlamentarios, concejales, ediles y de las campañas al Concejo de Bogotá, entre otros actores importantes, para presentar de forma coherente ante la ciudadanía la apuesta a conseguir por el próximo gobierno capitalino. La pasada campaña a la Alcaldía de Bogotá dejó como experiencia positiva la interacción con las candidaturas al Concejo, labor que ahora debe ser más sistemática y organizada a instancias del partido.

Resulta ilustrativo como punto de partida reseñar las propuestas presentadas por los precandidatos a la Alcaldía Mayor del Distrito Capital. Vale advertir que se encuentran notorias coincidencias, valiosas propuestas e importantes discusiones en curso. Metodológicamente se entiende que es el programa de gobierno para la Alcaldía Mayor del Distrito Capital para el período 2008 – 2012, es decir que se trata del programa mínimo e inmediato en las actuales circunstancias y posibilidades. Puesto que si bien su contenido y perspectiva debe relacionarse con nuestro programa de gobierno nacional para 2010 – 2014 y con nuestro programa general de reformas democráticas, difiere en su alcance y no podrá conllevar las mayores pretensiones estructurales y de democratización en aspectos de fondo como la concentración de la propiedad y los ingresos y en el alcance del ejercicio de la democracia política y social incluso en términos del régimen político, lo cual trasciende la órbita de sus competencias. En particular los precandidatos oficializados en la Asamblea Distrital propusieron los siguientes elementos:

Hernando Gómez amplio conocedor de Bogotá propone un esbozo de plan de gobierno con las siguientes dimensiones: Político administrativa que profundice la descentralización, consiga la participación y convoque una constituyente regional. Económico financiera con propuestas como un banco de los pobres y presupuesto participativo. Territorial y ambiental soportada en un ordenamiento territorial participativo y la integración regional agroalimentaria. De estímulo cultural, científico y tecnológico. Su estrategia es profundizar los programas de beneficio social, ampliar el apoyo alimentario para conseguir soluciones generales con prioridad a las comunidades pobres y basadas en cadenas de comercialización con zonas campesinas.

Clara López sustenta la necesidad de conseguir un nuevo modelo económico que con apoyo en la nueva Secretaría de Desarrollo Económico estimule el desarrollo productivo sostenible, comercial, turístico y de servicios especializados, como soporte para generar empleo. Su propuesta de fondo es conseguir grabar la plusvalía urbana sobre la base de la valorización de la tierra que se ha conseguido con la inversión pública, el desarrollo social y productivo y la reglamentación reciente del uso del suelo, de forma que se cuente con los recursos para profundizar el énfasis en los programas sociales. Retoma el concepto del derecho a la ciudad en clave de responder por los derechos fundamentales que implican obligaciones prestacionales. Explica que en consecuencia no debe existir contradicción entre la inversión social y la destinada a obras de infraestructura y los servicios. Y agrega en materia de hábitat a propuesta de densificar la ocupación de la tierra y evitar la expansión indiscriminada.

María Emma Mejía invita a construir el programa de gobierno a partir de presupuestos de responsabilidad, eficiencia y honestidad y dar continuidad y mayores alcances a programas como Bogotá Sin Hambre, Salud a su Hogar y Bogotá una Gran Escuela. Considera que el mayor problema sigue siendo la desigualdad social lo cual demanda acciones sociales para solucionar problemas básicos como la pobreza, el desplazamiento y el futuro laboral de la juventud que logra niveles de escolaridad. Hace énfasis en la importancia de consolidar al Polo como proyecto político alternativo, del compromiso con una política de oposición al Gobierno nacional pero de ejercicio del gobierno en la capital y otros entes territoriales y expresa la disposición a acoger las reglas de juego partidistas sobre lo cual reafirma su posición militante.

Samuel Moreno estima que el programa debe profundizar los logros conseguidos en materia social pero modificar políticas en temas débiles como el medio ambiente, la movilidad y la vivienda en la cual pone énfasis con el eslogan de que nadie quede sin vivienda. Propone un reenfoque para conseguir un sistema integrado del transporte público multinodal, de forma que cuestiona la prioridad del transmilenio y la sobreoferta de transporte colectivo, e incluye las propuestas de construir el metro, conformar un sistema integrado con opciones de transporte masivo y suspender la expansión del transmilenio por la carrera séptima y la calle 26.

Por su parte, Edgar Montealegre pone de presenta a partir de su experiencia de dirigente cívico los criterios de democracia directa, construcción colectiva del programa y compromiso con las demandas sociales.

Consolidar el PDA como primera fuerza política en la capital: En medio de la profunda crisis política e institucional que vive el país, por diversos factores el PDA, tanto en el ámbito nacional como en la ciudad de Bogotá, cuenta con las mejores posibilidades políticas para proyectarse como opción de gobierno y para consolidarse como la primera y más importante fuerza política. Tema aparte pero que tendrá fuerte repercusión en la actualidad y en la campaña electoral territorial es el alto nivel de ilegitimidad y de compromisos con el paramilitarismo y con las mafias que afectan al Gobierno Nacional y al conjunto de los partidos que conforman la coalición de gobierno.

El PDA, por el contrario, ha sido la fuerza política que con dignidad y valor civilista ha sido capaz de denunciar y confrontar políticamente este grave fenómeno, junto con otros sectores políticos y sociales, de forma que a pesar del ataque al extremo intolerante y arbitrario asumido por el Presidente de la República y su equipo de gobierno, lidera la lucha por la restauración del ejercicio sano de la política, la ética ciudadana, el estado constitucional y la recuperación de un ambiente de garantías políticas. Este posicionamiento, a pesar de los riesgos necesarios de encarar, nos coloca en una situación excepcional en términos de proyección política y posibilita dinamizar el ascenso político tan importante que se consiguió con la exitosa campaña Carlos Gaviria Presidente.

Se cuenta con el posicionamiento de importantes liderazgos a distinto nivel, en las corporaciones públicas, en la lucha social y en distintos espacios de actuación. Al respecto, merece especial reconocimiento también la labor y los aportes que proporciona en Bogotá la bancada del Concejo así como los logros políticos cosechados desde las instancias distritales, las JAL y las organizaciones sociales en las que el Polo Democrático tiene particular influencia. Además, hay que reconocer ahora, con generosidad y desprevención, que contamos en términos de las precandidaturas a la Alcaldía Mayor con perfiles de alta trayectoria política, participación en cargos públicos y profesional así como con un valioso protagonismo de las mujeres, acumulados indudablemente puestos al servicio del proyecto político y comprometido con el respeto de las reglas de juego y al programa colectivamente definido. Pero al seno del PDA y con el apoyo importante del comité ejecutivo y los organismos en las localidades nos cabe la responsabilidad de actuar con franqueza, transparencia y conseguir la superación de problemáticas que pueden afectar negativamente nuestra integración y desarrollo político. Basta conocer algunas opiniones en el activismo y de leer, por ejemplo, los correos electrónicos enviados a la página web del Polo -si bien no todos son de militantes- para percibir que en parte de ellos se expresan cargas de sectarismo, descalificación, superficialidad e incomprensión del proyecto, de las personas y de las apuestas políticas que tenemos en juego. Mantienen vigencia los llamados hechos en el Encuentro Distrital del PDA de 2006, preparatorio al Congreso de Unidad, hechos por Carlos Gaviria quien advirtió que las diferencias enriquecen y que resulta sano pedir cuentas a los mandatarios pero “sin antropofagia”, a la vez que Antonio Navarro advirtió que en el Polo “no sobraba nadie” y que por el contrario esperamos que muchos sigan llegando.

En las localidades y en muchos sectores aún son fuertes las discrepancias y las rupturas políticas entre los integrantes del PDA, cuando por el contrario se requiere de una construcción política y orgánica conjunta. Si bien de conjunto se buscamos configurar una nueva opción que recupere la política por convicción y que fomente la actuación colectiva pero a la vez libre y autónoma de las personas, se expresan manifestaciones de clientelismo, que exigen, por ejemplo, institucionalizar y controlar el manejo de los recursos en las campañas. Así mismo, el acceso a la institucionalidad y a posiciones de gobernabilidad, en distintos ámbitos, debe conllevar a reforzar una cultura política democrática dirigida hacia el conjunto de la ciudadanía, de forma que se potencie a actores sociales autónomos, lo cual exige contrarrestar expresiones que derivan en redes de favoritismo y en condicionamientos de tipo clientelista.

El escenario actual se caracteriza por la construcción del PDA en medio de la configuración de nuevos agrupamientos y tendencias que expresan tanto la evolución de sectores asociados a anteriores partidos y corrientes políticas de como nuevas convergencias, sin que sea un proceso decantado sino inicial frente a los énfasis en los temas programáticos, las estrategias políticas y las propuestas e iniciativas de actuación, en medio de una diversidad que nos enriquece, pero en el marco del ideario de unidad y las políticas y acciones que nos dan colectivamente identidad y coherencia. Por tanto, tales divergencias no podrían conducir al atrincheramiento sectario que descalifique y ataque a personas o sectores. Menos aún cuando atravesamos una dinámica política particularmente intensa que nos llama a reforzar la unidad ante el fuerte ataque del Gobierno dirigido en particular contra el PDA.

Como lo demandan las conclusiones del Congreso de Unidad: tenemos vocación de poder, “estamos preparados para gobernar”, nos corresponde desarrollar una política de amplia convergencia en las elecciones locales y departamentales y nos proponemos posicionar y crecer el PDA en la dinámica de movilización social. Estamos obligados a consolidar la unidad con el tratamiento político fraterno, de altura, emulación y construcción compartida entre las distintas corrientes o tendencias que se configuran. Reafirmamos la defensa del Estado Social de Derecho por los medios de lucha civilistas. Confrontamos las políticas y los proyectos regresivos del Gobierno Nacional como lo es el Acto Legislativo presentado al Congreso para modificar las transferencias a los entes territoriales, lo cual lesionará el gasto social en Bogotá al igual que en todos los municipios. No cejamos en las luchas por la paz y las demandas humanitarias. Ante los agravias del presidente exigimos toda la verdad y todas las garantías Y destacamos la capacidad de movilización demostrada recientemente en la capital en las jornadas emprendidas contra la arbitrariedad de Uribe, contra el TLC y en rechazo a la visita de Bush.

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