Polo Democrático Alternativo

Qué ironías las de la vida política colombiana, cuando a 95 años de fundado el Periódico El Colombiano (06 de febrero de 1912), se hace completamente válido nuestro epígrafe, el cual convoca, además, a repensar y volver a repensar el sentido y contenido del valor de la p-a-l-a-b-r-a y de la v-e-r-d-a-d.

Hoy asiste el país al más alto debate, a veces salido de tono y de prudencia, con respecto a los efectos de la parapolítica sobre las diversas estructuras del establecimiento y el statu quo, los cuales permitieron y avalaron, tanto con su acción como con su "hacerse el de la vista gorda", el desarrollo de los múltiples grupos de autodefensa, diseminados por diversos territorios de la geografía nacional, con sus perversas consecuencias de masacres y expropiaciones.

Pero además de aquellas macabras acciones, nos encontramos con una situación que compromete en los últimos 5 años a diversos estamentos políticos, empresariales y gubernamentales, que colaboraron impunemente con las estructuras paramilitares, las cuales a la vez aprovecharon este apoyo, no sólo para acceder al presupuesto público territorial y nacional (recordemos la infiltración al DAS), sino que colocaron a varios congresistas activos al servicio de sus intereses, lo cual posibilitó, a la vez, su crecimiento político, social y militar, que aún ostentan algunos de los ex comandantes paramilitares.

Poder paramilitar que comienza a entrar en crisis, en razón a cuatro circunstancias:

1. El debate comenzado en el Congreso de la República el año pasado y que por fin logró que la Corte Suprema de Justicia asumiera su rol e iniciara una investigación seria y responsable, para esclarecer la relación perversa entre algunos congresistas y los grupos paramilitares, y en razón de la cual ya se encuentran detenidos varios de ellos y otros más están en tránsito hacia esa condición. Y ya congresistas de la oposición anuncian otros debates concretos al respecto de vinculación de políticos del oficialismo con el movimiento paramilitar, en regiones como Antioquia y Córdoba, lo cual nos va a exigir a los antioqueños la mayor atención y seguimiento.

2. La exigencia contenida en la Ley de Justicia y Paz de la confesión y de establecer la verdad por parte de los grupos paramilitares; situación que entró en una nueva fase, cuando los medios de comunicación filtraron las primeras confesiones de Salvatore Mancuso, las cuales se convirtieron automáticamente en un nuevo ventilador, hasta el grado de volverse exigencia nacional su transmisión en vivo y en directo, petición avalada por el gobierno nacional, pero confesiones y transmisiones que se encuentran congeladas. Y nos preguntamos ¿Cuándo volverán las confesiones y... las transmisiones públicas?

3. La creciente organización y demandas del movimiento de familiares de las víctimas que asumieron en serio los derechos establecidos por la Justicia Internacional y por el Derecho Internacional Humanitario, asumiendo el protagonismo que les da la historia hoy en Colombia. Hecho que exige del gobierno nacional y local la mayor atención y protección, ya que se avecinan tiempos tormentosos de orden público y de guerra sucia, desafortunadamente anunciados la semana pasada en Montería con el asesinato de una de las líderes del movimiento de Víctimas, la señora Yolanda Izquierdo, que se convierte en otra "crónica de una muerte anunciada" en Colombia y en otro hecho de impunidad que sólo resolveremos dentro de muchos años, cuando nos lo recuerda un Tribunal Internacional de Derechos Humanos o la amante de Pablo Escobar, ¿o no?

4. La creciente conciencia en diversos sectores y generaciones en Colombia, que "ya no tragan entero" y que está llevando el país por el sendero de la imperiosa necesidad de esclarecer la v-e-r-d-a-d, v-e-r-d-a-d del paramilitarismo y de la parapolítica, llegando hasta el final, es decir, hasta sus últimas consecuencias, ya que sólo de esta manera se volverá a reinventar "el valor de la palabra y la verdad"...