Polo Democrático Alternativo

A Édgar Ruiz lo demandaron por supuestas irregularidades en la presa. Él contraataca y dice que demandó a los que adjudicaron el contrato. ¿Por qué cambiaron a fiscales?

Ruiz es uno de los hombres más cercanos al alcalde Luis Eduardo Garzón, y gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

El proceso se adelanta por los presuntos sobrecostos por 18 mil millones de pesos en la construcción de esta presa, una megaobra que se levantó en el suroriente de la ciudad, y que se hizo para evitar las constantes inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Tunjuelo, que afectaban a un millón de residentes.

Los líos por la construcción de esta presa -que se entregó el pasado 30 de abril- se iniciaron en diciembre del 2006, tras una demanda interpuesta ante la Fiscalía por Quality Couriers International.

Esta empresa cubano-española y la compañía colombiana Diconci integraban el consorcio Obras Tunjuelo, que se ganó la licitación del Acueducto para construir la presa. Las obras las iniciaron el 21 de febrero del año 2005. Pero 13 meses después, el 31 de marzo del 2006, el Acueducto decidió ponerle fin al contrato, de manera unilateral y anticipada.

Ruiz se defiende de demandas

El contrato de Obras Tunjuelo con el Acueducto ascendía a 47.412 millones de pesos y comprometía a este consorcio a entregar la obra el 21 de junio del 2007.

La decisión de cancelar el contrato, según explicó el Acueducto, se tomó por "incumplimiento grave del contratista" y por los "retrasos injustificados en la construcción de obras fundamentales de la presa, que ponían en riesgo la vida de los habitantes de la ribera del Tunjuelo".

Ante esto, Quality no se quedó atrás y demandó a Ruiz, por considerar que actuó ilegalmente. Pero Ruiz niega haber actuado en contra de la ley, y dice que demandó a los funcionarios que adjudicaron ese contrato, en el 2004, durante la administración de Alberto Merlano.

En julio pasado, el fiscal del caso, Gerardo Jiménez, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, llevaba tan adelantada su investigación que ya había solicitado una audiencia para formularle cargos a Ruiz. Los delitos eran prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La audiencia estaba programada para el pasado 23 de agosto, pero un sorpresivo hecho cambió los planes. La Fiscalía autorizó relevar al fiscal Jiménez y entregarle el caso de Cantarrana a Ernesto Velasco, fiscal anticorrupción.

Esa decisión, revelada por la revista Cambio, y tomada el 25 de julio, fue autorizada por el fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza.

Este relevo levantó suspicacias. A juicio de penalistas, como el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, "cuando un fiscal pide la audiencia preliminar de imputación es porque ha encontrado evidencias para hacer acusaciones por violación a la ley penal".

Y según las evidencias, el juez de garantías puede, en esa o en posteriores audiencias, dictar o no medida de aseguramiento.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que el cambio obedeció a una nueva demanda en contra de Ruiz, el pasado 15 de junio, por presuntas irregularidades en Cantarrana. Lo llamativo fue que provino del Polo Democrático, su propio partido, a través del representante Wilson Borja, y el concejal José Fernando Rojas. A raíz de esa demanda, fuentes de la Fiscalía indicaron que "se requería de un fiscal especial, dada la connotación de la investigación".

Las denuncias de Borja y Rojas tienen que ver también con la posible ilegalidad que hubo en la caducidad del contrato con la firma Quality, y la posterior contratación de esta obra con la firma Mincivil, que concluyó Cantarrana.

Borja y Rojas, además del concejal liberal Jorge Salamanca, cuestionan la entrega de la obra a Mincivil, pues esa firma había participado en la licitación inicialmente y fue descartada por incumplir requisitos técnicos. Incluso, fue declarada por el Acueducto como "no hábil".

Rojas afirmó que " Quality, mucho antes, había sentido las presiones del Acueducto para que tuviera como socio a Minciviles".

"Lo peor -afirmaron Rojas y Salamanca- es que el contrato firmado con Minciviles fue por 49.384 millones de pesos (1.972 millones más que lo pactado con Obras Tunjuelo), como si este consorcio no hubiera hecho ningún trabajo cuando ejecutó un 27 por ciento de la obra". En ese punto radican los sobrecostos que se denuncian.

Hoy, la resolución del Acueducto que declaró la caducidad del contrato con Obras Tunjuelo se encuentra revocada, por orden de un juez que falló así una tutela.

Al tiempo que el Acueducto, por la caducidad de ese contrato, enfrenta dos demandas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, de prosperar, le podrían costar a esta entidad, y en últimas a los bogotanos, más de 44 mil millones de pesos.

Y la investigación de la Fiscalía continúa.

* Tomado de eltiempo.com.co