Polo Democrático Alternativo

Este año 2007 va a culminar en medio de la crisis humanitaria más grave de la historia reciente de Colombia protagonizada por la tragedia de todas las personas privadas de su libertad por parte de todos los actores armados, en los cuales sobresale Ingrid Betancourt y sus 47 compañeros de cautiverio, considerados por sus captores, la guerrilla de las FARC, como “retenidos canjeables” en una condenable operación criminal que viola el Derecho Internacional Humanitario que aún en el 5to año de Gobierno del Presidente Uribe, no se resuelve. Salvo en el caso de los 11 diputados del Valle del Cauca, quienes fueron abaleados de forma inmisericorde, en estado de indefensión, según las propias investigaciones de balística efectuadas por la Fiscalía General de la Nación. Se trató de una tragedia anunciada con plena responsabilidad por la muerte de 11 personas inocentes por parte de sus secuestradores, los guerrilleros de las FARC.

De manera paralela, se ha denunciado la existencia de un número aproximado a las 750 personas que estarían igualmente en poder de las FARC en razón a otros móviles así como otro guarismo igualmente aproximado a los 250 casos de personas en poder de grupos paramilitares. Para el caso de los detenidos desaparecidos, la Asociación de Detenidos y Desaparecidos, ASFADDES, reporta la cifra de 9000 casos a la fecha en sus bases de datos, que muy seguramente podrían llegar a 15000 casos en los últimos 20 años, de casos de personas que salieron un día de sus casas y nunca han retornado a sus hogares y que reposan en las fosas comunes, en los rastrojos, ríos, caños, los extramuros de sitios poblados, las caballerizas, bodegas, los canales, los diques … en una impunidad desoladora.

En el 2007, la guerra se intensifica y sus victimas se repiten. La Seguridad Democrática soporte del modelo que promueve el Gobierno Nacional ha permitido, según los mismos voceros oficiales que algunos puedan volver a sus fincas por las carreteras deterioradas y militarizadas, mientras en muchos municipios de Colombia, sumidos en la pobreza la gente no pueda salir a la esquina del barrio, como es el caso de Buenaventura, municipio tomado por la violencia y la pobreza, con una de las tasas de homicidio más altas del mundo y sumido en el abandono institucional y la miseria, a pesar de ser el principal puerto del país.

En este mismo orden de ideas, las operaciones militares se ensañan contra las comunidades en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en la Guajira, en el sur de Bolívar, en la región del Uraba chocoano, en el nordeste antioqueño, en el Pacífico, en Risaralda, la región del Norte y Centro del Valle, el norte del Cauca, la frontera del departamento del Cauca con el Pacífico Nariñense, Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare, Arauca y Cundinamarca. Para mencionar solo algunos de los epicentros críticos desde donde se han producido muy graves denuncias en el 2007 en materia de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Hechos que se presentan en patrones recurrentes que generalmente evidencian la coincidencia en las distintas zonas de operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía, acciones de grupos paramilitares y de las llamadas “Águilas Negras” además de la presencia cada vez más notoria de grupos de mercenarios y “asesores militares extranjeros” y el desarrollo de grandes megaproyectos e inversiones transnacionales, amen de comercio y tráfico de mercancías de orden legal e ilegal. Presentándose durante este periodo, denuncias repetidas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública contra campesinos y pobladores que son presentados como “guerrilleros dados de baja” en una modalidad que criminaliza a las comunidades en las zonas de orden público y las somete a un régimen de ejecuciones sumarias auspiciadas por el escalamiento de una guerra sin control y que se desarrolla en la mayor impunidad.

En este sentido se han presentado denuncias muy graves este año en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, tales como el caso de los cinco campesinos asesinados en el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño en lo que va corrido del actual periodo de este Senado, los más de 55 casos denunciados en la región del bajo Ariari durante los años 2006 -2007 y las 31 denuncias radicadas por ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, departamento de Arauca durante la administración de este Gobierno. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP ha denunciado solamente durante el primer semestre del 2007, 279 ejecuciones extrajudiciales y la ocurrencia de 100 desapariciones forzadas.

Durante el desarrollo de las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en el año 2007 en los municipios de Buenaventura, Valle del Cauca y Saravena, Arauca se radicaron 300 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en estos territorios y que en la actualidad se encuentran en conocimiento de las autoridades competentes. Denuncias que comprenden hechos tales como atentados, desplazamientos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos, ametrallamientos, corrupción administrativa y conspiración criminal que han afectado a poblaciones y a comunidades victimizadas, tanto en el litoral pacífico, como en las llanuras de Arauca; en ambos casos se trata de zonas de gran riqueza en materia de recursos naturales, biodiversidad, energéticos y con un amplio potencial estratégico. De igual manera, el Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia, celebrado el pasado 22 de Noviembre en el Capitolio Nacional por proposición presentada ante esta plenaria del Senado de la República, denunció a más de 20 compañías transnacionales por ser agentes directos de la expulsión de más de 100.000 personas en mas de 17 regiones del país, que a la par del desarrollo de grandes megaproyectos e inversiones estratégicas en recursos energéticos, minerales, de desarrollo de agro combustibles y de infraestructura, han creado una verdadera emergencia humanitaria en el país, en los últimos años.

A esto se suma, que todavía estamos esperando que tanto la Presidencia del Senado de la República cómo el propio Ministro del Interior, Dr. Carlos Holguín Sardi, acepten dar curso en el Senado de la República el debate de control político citado y aprobado en esta plenaria sobre la política de derechos humanos para los pueblos indígenas de Colombia, que han visto como se han presentado 452 asesinatos de indígenas, 144 casos de desaparición forzada, 28000 víctimas indígenas del desplazamiento forzado y 90.000 integrantes de comunidades indígenas, que han sido, víctimas de múltiples formas de confinamiento durante el periodo de gobierno de la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, durante esta administración según las cifras de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Escuela Nacional Sindical ENS y avaladas por Amnistía Internacional, se han presentado, 558 asesinatos de sindicalistas. Y tan solo se han investigado con éxito 44 procesos, en los cuales se ha producido 16 fallos de la justicia Durante este mismo periodo se han denunciado 3400 amenazas graves contra sindicalistas y 138 Desapariciones forzadas a militantes del movimiento sindical.

De esta manera conmemoramos en Colombia, el Día Internacional de los Derechos Humanos, luchando sin desfallecer por encontrar el camino extraviado hacia la verdad, la justicia y la reparación en Colombia y la posibilidad cierta de una política de Estado y un modelo de sociedad que respete plenamente la observancia, acatamiento y respeto pleno de la vida humana y los derechos humanos. Exigiendo además, que los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia y respondan por sus actos.

POR LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS, PAZ EN SU TUMBA, DONDEQUIERA QUE ESTEN

Y PARA AQUELLOS QUE AUN SE ENCUENTRAN CON VIDA, CLAMAMOS POR SU LIBERTAD INMEDIATA.

Alexander López Maya
Senador
Vice – presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República