Polo Democrático Alternativo

NOTA DE PRESENTACIÓN

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, presenta a la discusión publica, con el carácter de documento de trabajo, el texto anexo, que contiene los ejes de la reforma que se propone por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de que sirva como base para un debate nacional en el interior del partido y en otros espacios académicos, sociales o políticos.

Para tal propósito el CEN, convoca a las coordinaciones locales y departamentales, a los comités de base y a los afiliados en general a desarrollar un debate de fondo sobre las propuestas contenidas en el presente documento y hacer conocer del CEN, sus criticas, sugerencias o propuestas sobre el tema.

En desarrollo de la decisión de construir de manera democrática una solución radical, seria y eficaz a la crisis desatada por la expansión del control paramilitar sobre el estado y la sociedad, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, designó una Comisión de nueve miembros, con la coordinación de Guillermo Asprilla, con la responsabilidad de preparar una propuesta para la discusión del partido, que exprese los contenidos, el alcance y el sentido de las reformas que el Polo presentará al país para que se aborden mediante el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente.

Dicha Comisión, que contó con la colaboración de un grupo de expertos, presentó como un primer informe el documento anexo que fue objeto de una discusión preliminar, no concluida, en la sesión del día 12 de mayo, en la cual se decidió someter el mismo a la discusión nacional.

Agradecemos remitir sus críticas, recomendaciones o sugerencias sobre el proyecto de asamblea constituyente a la Secretaria General o a Guillermo Asprilla en el correo .

DANIEL GARCIA-PEÑA
SEGRETARIO GENERAL
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

LAS PROPUESTAS DEL PDA PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Documento preparado por la Comisión del CEN, presentado para la discusión el 8 de Mayo de 2008

I.- RAZONES Y ALCANCES DE LA PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

La investigación judicial en curso, que ha establecido los vínculos entre la mafia del narcotráfico, los grupos paramilitares y un número muy importante de miembros del Congreso de la República, autoridades locales y departamentales y funcionarios del poder ejecutivo a nivel nacional, así como las grotescas revelaciones sobre los turbios negocios adelantados para lograr la aprobación del Acto Legislativo que dio paso a la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, han conducido al país a una situación que torna inaplazable la necesidad de realizar transformaciones de fondo en el sistema político para evitar que el Estado colombiano sea controlado por grupos privados que mediante el ejercicio de la violencia y de otras prácticas de manipulación de los procedimientos propios de la democracia representativa, se hacen al poder político y económico.

Aun cuando la crisis se presenta ante la opinión pública como un fenómeno cuyas consecuencias afectan principalmente al Congreso de la República, sus implicaciones y ramificaciones se extienden a la totalidad del sistema político, afectan prácticamente a todas las ramas del Estado y a la sociedad en su conjunto y deben ser tratadas y abordadas a partir de una comprensión global que considere sus determinaciones históricas, sociales y económicas y permita delinear una salida que responda a la complejidad, extensión y profundidad del desafío que implica erradicar las causas que condujeron al país a una situación de seria distorsión funcional del sistema democrático, cuya más grave expresión es el control de buena parte de las instituciones públicas, de la empresa privada, del territorio y de la población por grupos de paramilitares y narcotraficantes.

El objetivo prioritario y directriz de las reformas que el PDA propone que se adopten mediante el mecanismo de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE, aplicado en la forma y con los procedimientos previstos en la Constitución Política, es el de depurar las instituciones públicas de la influencia del paramilitarismo y el narcotráfico y del imperio del dinero, mediante transformaciones que profundicen la democracia y eviten que la misma sea desvirtuada, utilizada o manipulada, es decir negada, por actores violentos o por grupos privados cuyo fin es la expoliación de las rentas públicas o la acumulación de riqueza mediante el sometimiento del interés público a los intereses privados.

En esta crisis, fiel a sus postulados fundacionales, el PDA propone una salida INSTITUCIONAL, en el marco de la Constitución Política, pero parte de la constatación elemental y evidente de la inhabilidad absoluta y de la ascendente ilegitimidad del actual Congreso de la República para aprobar las reformas o medidas, constitucionales y legislativas, necesarias para superar los males que infectaron su elección y para erradicar las factores que, al amparo de la criminalidad, determinaron su composición mayoritaria.

Tanto el mecanismo del Referendo Constitucional, como el del Acto Legislativo implicarían que el actual Congreso, discutiría y aprobaría, en primera instancia y como condición sine qua non, no sólo el sentido, el alcance y el contenido sino la letra misma de las reformas y ello, en las condiciones de su vigente y espuria integración, es no sólo un imposible político, sino un sinsentido moral.

Si bien es cierto que la Asamblea Constituyente, también requiere una Ley para su convocatoria, también lo es que en los precisos términos del artículo 376 de la Carta, en dicha Ley el Congreso sólo puede fijar la competencia, duración y composición de la Asamblea, pero le está vedado predeterminar en manera alguna el sentido o significado de las decisiones que la Asamblea adopte.

Fundados temores gravitan sobre la conciencia de muchos colombianos sobre la suerte de las conquistas y avances de la carta de 1991 en un escenario constituyente que se integre con mayorías afines a las del actual Congreso o que refleje las tendencias de las manidas y reiteradas encuestas de favorabilidad.

El PDA, no es ajeno a tales inquietudes, ni desconoce la magnitud de los riesgos, en una situación en la cual, la inestabilidad y el ritmo vertiginoso de los sucesos políticos, impide toda previsión racional que pueda asegurar un resultado acotado de antemano, pero no considera el inmovilismo, o el mantenimiento del statu quo, como opciones responsables en la Colombia de hoy, y asume su obligación ética y política de esforzarse a fondo, no sólo en una cabal y acertada identificación y desarrollo de las reformas necesarias sino en la búsqueda del necesario compromiso democrático del pueblo colombiano para la consolidación de las mismas, única y real garantía de que podamos evitar que en los años venideros el país patente ante la historia el ominoso honor de haber inventado una nueva forma de gobierno: la paracocracia.

Ni debemos, ni queremos, poner en peligro los avances de la Constitución del 91 que sobreviven al uribismo y a la ofensiva neoliberal, pero el noble ideal del Estado Social de Derecho, que es el de la dignidad humana como ethos del estado, no solo no se realizará, sino que desaparecerá del ordenamiento jurídico, si no somos capaces de eliminar las causas estructurales que permitieron a la alianza de la mafia, el gran capital y el clientelismo, capturar parte sustantiva del estado y poner a las instituciones al servicio de su horizonte primordial: el lucro rápido y violento.

Por esa razón proponemos una Constituyente limitada a cuatro ámbitos de competencia:

 La reforma política.
 La reforma electoral.
 La reparación de las victimas del paramilitarismo y los crímenes de estado.
 Las bases sociales y económicas del narcotráfico y el paramilitarismo.

La delimitación de competencias en la forma prevista, supone una determinación explícita de un mínimo intangible o no negociable de la Constitución de 1991, aspectos tales como la Carta de derechos, la circunscripción nacional para el Senado, las acciones de tutela, populares y de grupo, la rama judicial, la prioridad del gasto social y otros harían parte de este intangible, vedado al conocimiento de una asamblea constituyente convocada para resolver las causas de la actual crisis.

Si bien la Constitución estipula que la asamblea se sujeta a las competencias previstas en la ley que la convoca, algunos constitucionalistas afirman que dicha limitación devendría ineficaz, por la falta de claridad respecto del control de una posible extralimitación y citan en respaldo del carácter necesariamente soberano de una asamblea constituyente, la experiencia de la constituyente de 1991, a la cual se pretendió infructuosamente limitar en su competencia.

No obstante es necesario recordar que no existe antecedente de una asamblea convocada en los términos de la Constitución Política y que, en cualquier caso, al ser sometida la ley de convocatoria que precisa la competencia, a la aprobación del constituyente primario, sería de éste, que no de la ley, de donde provendría directamente la delimitación de la competencia o de los temas de una asamblea constituyente.

Por otra parte, sería necesario dotar a dicha asamblea de facultades legislativas en los ámbitos de su competencia, pues temas como el de la reforma electoral carecerían de toda eficacia, si no se les da un desarrollo legislativo inmediato.

De tal suerte que en la práctica lo que proponemos es una asamblea constitucional y legislativa.

II.- LA VIABILIDAD POLITICA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

En el panorama actual la posibilidad de que las reformas propuestas se conviertan en una realidad depende en alto grado de la posibilidad de lograr un Acuerdo Nacional con fuerzas políticas, sociales y sindicales, que compartan el núcleo básico de la defensa del Estado Social de Derecho, así como de una eficaz labor de pedagogía política de masas, que construya una fuerza ciudadana capaz de soportar las reformas.

Tal acuerdo, entiende el PDA, presupone como condición no susceptible de negociación, el compromiso entre quienes lo subscriban de rechazar toda posibilidad de reelección del Presidente URIBE VELEZ, dado que su proyecto político está directamente ligado al proceso que se pretende subsanar.

Por otra parte, seria necesario someter a la discusión con los demás actores políticos las posibilidades de que en un escenario constituyente se encuentren nuevas alternativas para un proceso de paz en el país.

III.- EL PARAMILITARISMO COMO PROYECTO POLÍTICO.

La primera condición para acertar en la determinación del alcance y el contenido de las transformaciones requeridas para superar tal situación radica en una adecuada identificación de las características del fenómeno, de su magnitud y de sus causas así como de los elementos estructurales del estado y de la sociedad colombiana que pudieron haberlo permitido o estimulado.

Definimos el proyecto paramilitar como el resultado de la alianza entre el narcotráfico, empresas multinacionales, los grandes terratenientes, el clientelismo y el capital financiero, legitimado bajo el pretexto de la lucha antisubversiva, soportado en la estructura de la propiedad agraria y en el apoyo del poder estatal que se sirvió del mismo como mecanismo de contención y control social para la aplicación a fondo del modelo neoliberal.

La respuesta a condiciones de inseguridad, o al hostigamiento guerrillero, el secuestro y la extorsión, que aparentemente no asumía el Estado se presentó en un primer momento como la justificación de las elites locales para adoptar la vía paramilitar, pero pronto fue claro que su objetivo era también influir en los procesos de configuración del poder debilitando la resistencia social o forzando resultados en los procesos electorales.

En ese proyecto paramilitar, el combate a las prácticas violentas de la subversión, así como sus continuas y graves violaciones de los derechos humanos proporcionaron el medio de legitimación público y el factor ideológico de cohesión, pero no son la razón de ser ni el verdadero fin. El paramilitarismo es en realidad un proyecto económico de lucro privado y acumulación de riqueza cuyo éxito y continuidad dependen directamente del grado de control que sus agentes puedan ejercer sobre el estado y la sociedad civil.

En el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo se conjuga la lógica depredadora del conflicto armado interno que se degrada hasta extremos indecibles con la lógica depredadora del modelo neoliberal que en forma implacable arrasa con las resistencias sociales, la opinión crítica y las opciones políticas de oposición y alternativas.

En el nivel regional, el paramilitarismo pretendía asegurar el disfrute impune de las rentas del narcotráfico, capturar las rentas públicas (erarios municipales y departamentales, monopolio de rentas de juegos de suerte y azar, empresas de salud, regalías) y permitir un modelo rentista de la propiedad agraria fundado sobre la expoliación de la fuerza trabajadora y el campesinado.

Los actores e intereses del proyecto paramilitar son en su orden:

 El narcotráfico.
 El clientelismo organizado en partidos y grupos locales, regionales y nacionales.
 Empresas multinacionales.
 Los terratenientes (empresarios agroindustriales y ganaderos).
 El capital financiero y un conjunto de empresas privadas de distintos sectores económicos.

Las responsabilidades de miembros de las fuerzas armadas, funcionarios públicos de los distintos niveles de la administración, integrantes de organismos de investigación y otros agentes estatales en la promoción y desarrollo del paramilitarismo están probadas en investigaciones judiciales tanto de autoridades judiciales nacionales como internacionales y sus métodos criminales y terroristas de control social son conocidos, así como su el saldo tenebroso de su accionar en asesinatos, genocidios, desapariciones forzadas y desplazamiento.

El paramilitarismo es la vía colombiana al neoliberalismo. Su papel en el exterminio de sindicalistas y líderes sociales y políticos de oposición y en el debilitamiento de las organizaciones sociales y en la destrucción del tejido social, fue definitivo para permitir la aplicación de las privatizaciones, la flexibilización laboral, la entrega de la totalidad de la banca pública al sector financiero privado y el montaje de megaproyectos agrícolas y de extracción de materias primas. La guerra sucia, la represión de la protesta social, los obstáculos a la organización, movilización y expresión de los sectores populares en el campo y en la ciudad, proporcionan el entorno político necesario para la aplicación del modelo neoliberal.

Como lo demuestran distintas investigaciones, el control del estado por el paramilitarismo siguió una dinámica ascendente de abajo hacia arriba empezando por el control territorial que permitió la toma de los poderes locales, gobiernos municipales y órganos de control y siguió hacia las gobernaciones, el congreso y el ejecutivo nacional.

El control no pudo lograrse con base exclusivamente en la fuerza y el terror, se requirió una estructura del estado, notoriamente predispuesta a formas de estructuración clientelista del poder político.

Así, ya no es posible hoy pretender circunscribir el ámbito de influencia del paramilitarismo a la rama legislativa del poder público y desconocer su entrelazamiento estructural con la rama ejecutiva y otras áreas de la vida nacional.

Enfrentar el fenómeno y extirpar las causas que lo prohijaron implica diseñar medidas estructurales que respondan a la complejidad del mismo bajo una óptica comprehensiva y remuevan las bases económicas, políticas y sociales que permiten su reproducción.

Tal cometido implica depurar las fuerzas militares de gestores y cómplices del paramilitarismo y de autores de crímenes contra la humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos y profundizar el proceso de la verdad.

Desde esta perspectiva salta a la vista la notoria ineptitud e ineficacia de medidas que sólo se ocupen de proveer sanciones para partidos o personas judicialmente investigados o condenados, como las que cursan en el Congreso con el aval del gobierno nacional, bajo el pomposo título de “Reforma Política”, pues la misma dejará intacta la estructura que originó el fenómeno y éste fatalmente se repetirá, además de que se limita al Congreso y deja intacto al ejecutivo.

IV.- EL CONTENIDO BASICO DE LAS REFORMAS PROPUESTAS.

Las reformas se proponen con el objetivo de proveer una solución tan integral como lo amerita la complejidad del fenómeno y van encaminadas a afrontar los componentes fundamentales del proyecto paramilitar. El PDA, propone siete grupos de medidas constitucionales y legislativas que conformen una reforma política integral.

1.- Primera condición de una reforma política de fondo: reformular la política pública sobre el tráfico de drogas ilícitas.

A menos de que se logre reducir drásticamente el fenómeno del narcotráfico en nuestro país y disminuir su impacto sobre la economía, los niveles de violencia a él asociados y el poder corruptor de los ríos de dólares que circulan por todo el territorio seguirán necesariamente penetrando todas las instituciones.

Se requiere como primer paso reconocer pública y abiertamente el estruendoso fracaso de las políticas públicas sobre el narcotráfico y rediseñar, en un acuerdo nacional y en interlocución con otros países, actuando de manera soberana, la estrategia de la sociedad colombiana frente al tráfico de estupefacientes.

Una estrategia integral implica además tomar medidas para superar el actual ambiente de permisividad con los capitales y la riqueza de origen ilícito, de la que se lucran bancos, constructores, importadores de bienes lujosos y múltiples actividades económicas.

Todo bien patrimonial, cualquiera que sea su forma, que por su valor implique inversiones superiores a las posibles con los salarios promedio más altos, debe ser sometido de oficio al escrutinio judicial, se requiere un arsenal normativo y operativo, un verdadero bloque de búsqueda de la riqueza de origen ilícito. Las mansiones, los vehículos, los centros comerciales, las haciendas, los capitales, todo está a la vista y nada se investiga.

La experiencia de tratar el problema de las drogas privilegiando el comercio y producción y desconociendo el otro extremo del problema que es la demanda, es decir el consumo, ha fracasado de manera evidente, ni la sociedad colombiana, ni la norteamericana pueden seguir soslayando la necesidad de afrontar el consumo de drogas, dando al mismo los recursos y el tratamiento que requiere como un grave problemas de salud pública.

Como primer paso de una verdadera reforma política es necesario rediseñar la estrategia de control del narcotráfico.

2.- Se requiere un conjunto de medidas orientadas a extirpar el clientelismo como forma de reproducción y ejercicio del poder político.

A menudo se trata el clientelismo como un problema puramente moral, de actitud o de comportamiento, es decir como una opción de conducta.

Nosotros partimos de la tesis de que el clientelismo es una realidad estructural y objetiva de nuestro sistema político, es la forma de reproducción del poder político desarrollada por las élites y cruza en mayor o menor medida todos los niveles del Estado de suerte que no puede ser tratado simplemente como un problema subjetivo.

Cuando un empresario privado financia campañas electorales lo hace porque el elegido puede retribuir “la inversión” mediante decisiones políticas o administrativas, que puede discrecionalmente tomar y para las cuales queda legalmente habilitado por el hecho de la elección.

El clientelismo subvierte dos principios básicos de la democracia occidental capitalista: la separación de poderes y el control de las ramas legislativa y judicial sobre el ejecutivo. La separación de poderes porque el diseño actual implica un muy alto grado de injerencia del Presidente de la República sobre la designación de la Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Consejo Nacional de Televisión y la Junta Directiva del Banco de la República. Las atribuciones otorgadas al Congreso de la República para elegir dignatarios de tales organismos, que se replican en los niveles departamental y municipal para asambleas y concejos, también hacen a todo el dispositivo de control diseñado en la Carta Política, altamente vulnerable a la influencia de partidos y grupos de interés.

La posibilidad de ofrecer prebendas burocráticas o de otro tipo que, han convertido, por ejemplo, al servicio diplomático, en un vergonzoso mercado, permiten al ejecutivo neutralizar en la práctica la eventual voluntad política de control que pudiesen tener el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales.

Para depurar la democracia colombiana de las prácticas clientelistas nuestra propuesta es atacar a fondo las características del funcionamiento del estado de las cuales se sirve el clientelismo para su reproducción permanente, que es un proceso que se cumple de manera continua antes durante y después de las elecciones.

Los principales mecanismos de reproducción del clientelismo son:

1.- El manejo discrecional de los cargos públicos en todos los niveles de la administración así como el manejo del empleo, mediante la contratación discrecional de servicios personales en formas precarias, mediante la vinculación permanente de cientos de miles de personas para prestar servicios laborales al estado mediante contratos y ordenes de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado y empresas temporales (tercerización de la fuerza laboral del estado).

2.- El manejo de la contratación estatal de obras, suministros y servicios no laborales.

3.- La asignación discrecional de la inversión pública.

4.- La alta discrecionalidad de los gobiernos locales y nacionales para la adopción de decisiones públicas y políticas públicas que pueden favorecer intereses privados ( POT, Salud, aranceles, transporte etc)

5.- El manejo discrecional de subsidios asistencialistas a la población pobre.

6.- La ausencia de mecanismos de control de conflicto de intereses para la rama ejecutiva, que permite que personas que representan gremios o intereses privados ocupen alternativamente cargos públicos de alta responsabilidad y cargos en el sector privado al que pertenecen.

7.- El origen político de los organismos de control (personerías, contralorías, procuraduría, fiscalía), que hace de éstos campo fértil para toda clase de injerencias partidistas.

Para atacar de manera radical este fenómeno estructural, sin cuya supresión no hay reforma política que valga, proponemos adoptar un conjunto de medidas constitucionales y legislativas orientadas a eliminar o disminuir de manera significativa los mecanismos de reproducción del clientelismo.

Tales medidas son entre otras las siguientes:

 La aplicación definitiva de un sistema de función pública, meritocrático, o de carrera administrativa en todos los niveles de la administración pública, el cual para los municipios y departamentos, debe estar regido por un organismo técnico nacional.

 Transformar la política laboral del estado, mediante la prohibición de todas las formas de tercerización o contratación de servicios laborales personales, incluidas las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales y normalizar la planta de personal del estado proveyendo a todos los trabajadores condiciones de estabilidad e igualdad.

 Reformar a fondo el sistema de contratación estatal para evitar al máximo posible la discrecionalidad en la asignación.

 Someter las inversiones públicas significativas para un municipio, el departamento o la nación a procedimientos democráticos de aprobación por la ciudadanía.

 someter las decisiones públicas estratégicas (POT, por ejemplo), a mecanismos obligatorios de consulta popular.

 Adoptar el presupuesto participativo como práctica obligatoria.

 Cambiar el origen de los organismos de control, privando a concejos municipales, asambleas departamentales y al Congreso de la República de la atribución de elegirlos y adoptar en cambio, un sistema técnico de carrera para tales entidades (Tribunal de Cuentas).

 Cambiar el origen de la elección del Procurador General y privar al Congreso de toda atribución para elegir magistrados de órganos judiciales y del Fiscal, así como privar al Presidente de la República de las facultades para proponer ternas o intervenir en la designación de tales autoridades de la rama judicial.

 Adoptar una reglamentación rigurosa y estricta de conflicto de intereses para la rama ejecutiva del poder público.

3.- Las bases económicas del paramilitarismo.

El fundamento económico del paramilitarismo, del gamonalismo político regional y de la violencia rural es la estructura de tenencia de la tierra.

Solamente el latifundio es capaz de generar los excedentes de renta suficientes para sostener ejércitos privados, como lo ha hecho durante casi toda la historia del país.

Para extirpar el paramilitarismo de raíz es indispensable realizar una reforma agraria de fondo, expropiando con indemnización los latifundios legalmente adquiridos y extinguiendo el dominio de aquellos apropiados por actores armados ilegales.

La reforma agraria implica un plan de repoblamiento democrático del campo colombiano.

4.- La reforma electoral.

La captura del poder local y nacional por la vía electoral, se realizó con la connivencia de las autoridades electorales y mediante la utilización de las debilidades y fisuras del sistema electoral colombiano, el cual proporciona un entorno proclive a las distintas prácticas clientelistas.

En este tema proponemos reformas en tres áreas específicas:

 La organización electoral.
 Las reglas y procedimientos electorales.
 Los partidos políticos.

El defecto principal de la organización electoral, es su conformación con criterio partidista y el origen de su órgano rector en el Congreso de la República, a tal efecto se propone:

 Cambiar la naturaleza partidista del Consejo nacional electoral y convertirlo en un organismo de carácter técnico, conformado mediante procedimientos de mérito, con período fijo y totalmente autónomo e independiente tanto del legislativo como del ejecutivo, con rango y criterios de funcionamiento análogos a los de las altas cortes.

 Crear una cuarta rama del poder público, la rama electoral, que tenga funciones jurisdiccionales o de control suficientes. Este reconocimiento como rama del poder, se fundamentaría en una garantía total de independencia y autonomía, funcional, administrativa y presupuestal y en un origen de sus organismos rectores no subordinado a otras ramas del poder público.

 Suprimir la figura de los registradores individuales y remplazarlos por cuerpos colegiados.

 Sobre el procedimiento electoral se propone el voto electrónico y la reforma de código electoral, para garantizar elecciones transparentes.

 Instaurar el voto a los 16 años de edad para ampliar la participación electoral, así como mejorar el actual el actual esquema de estímulos a la particpación electoral.

 Acerca de los partidos se propone la FINANCIACION ESTATAL TOTAL Y EXCLUSIVA DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS y la prohibición, con sanciones, para la financiación privada.

 Se propone igualmente que en las campañas electorales, el Estado como titular del dominio del espectro electromagnético, obligue a canales de TV, emisoras y demás usuarios del espectro electromagnético a garantizar a todos los partidos, en igualdad de condiciones, el acceso gratuito (al menos una hora diaria en todos los medios) de forma que se garantice a los partidos políticos en procesos electorales, la difusión de sus propuestas de manera equitativa en los canales de TV, emisoras y demás usuarios del espectro electromagnético.

 Finalmente se considera esencial expedir un completo ESTATUTO DE LA OPOSICION, tal como lo consagró el artículo 112 de la Constitución Política.

5.- La reparación de las victimas.

Se propone constitucionalizar el principio de verdad, justicia y reparación para las victimas y desarrollar.

Se propone la creación de un fondo con la totalidad de los bienes incautados a los miembros de grupos ilegales y su destinación exclusiva a la reparación de las victimas, así como la realización del catastro de los seis millones de hectáreas apropiados por los paramilitares y la mafia y regular un procedimiento que garantice su devolución efectiva a los desplazados.

La agresión de los actores armados, legales e ilegales, incluido el Estado, le ha ocasionado enorme daño al tejido social rural y urbano sobre todo en zonas de conflicto agudo, pero también en las medianas y grandes ciudades. Ese daño se debe reparar mediante un intenso trabajo de establecer la verdad sobre lo ocurrido, exaltar ante la conciencia pública a líderes y organizaciones afectados, reconstruir la red ciudadana dañada o completamente destruida. Ello tiene que ver con el sindicalismo, el movimiento campesino, las organizaciones comunales y comunitarias, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y afrocolombianas.

Es necesario desarrollar los mecanismos de nacionalización y expropiación administrativa sin indemnización, para todos los bienes del narcotráfico y la parapolítica, que garanticen un procedimiento inmediato de recuperación de todos estos bienes para la restitución y distribución en las víctimas del desplazamiento y la parapolítica.

6.- El régimen sancionatorio para personas y partidos comprometidos con grupos ilegales.

Como medidas puntuales para afrontar el fenómeno de la parapolítica se propone que se aplique, a cualquier miembro de corporación pública o funcionario de elección popular que sea vinculado a investigación judicial por vínculos con grupos ilegales las siguientes sanciones:

 Silla vacía desde la medida de aseguramiento hasta la condena o absolución ejecutoriada.

 Pérdida definitiva de la curul o el cargo, para el partido, una vez quede ejecutoriada la condena.

 Reasignación de las curules, suprimiendo del umbral y de la cifra repartidora los votos obtenidos por el condenado.

 Suspensión de la personería del partido, en el evento de que estén cobijados por medidas de aseguramiento un número superior al cincuenta por ciento de los congresistas, del respectivo partido en una de las dos cámaras. La suspensión implica, mientras esté vigente, la pérdida temporal del derecho a ejercer los derechos y atribuciones funciones del partido afectado.

 En el evento de que un número igual o superior al treinta por ciento (30%) del total de los congresistas inscritos por un partido político, sea condenado por vinculación con grupos armados ilegales, se producirá de plano la pérdida definitiva de la personería del partido.

 Decretada la pérdida de personería de un partido político por causa de la condena penal de sus congresistas, se producirá de manera inmediata la vacancia definitiva de todos los cargos de elección popular, uninominales o en cuerpos colegiados, que estén ocupados por personas que hayan sido avaladas por el partido suprimido y se reasignarán las curules bajo la premisa de la nulidad absoluta de la totalidad de los votos obtenidos por dicho partido. Igualmente se producirá la vacancia de los delegados que dicho partido tenga en el Consejo Nacional Electoral o en cualquier otra instancia.

 En ningún caso, ni en el de vacancia, ni en el de renuncia se perderá la competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar a congresistas.

 La instrucción de procesos penales cuando el investigado sea el Presidente o Vicepresidente de la república se realizará por la Corte Suprema de Justicia hasta la resolución de acusación y el juzgamiento se realizará por el senado de la República.

 La aplicación de sanciones pecuniarias significativas para las empresas privadas multinacionales, extranjeras o nacionales a quienes se pruebe financiación de grupos armados ilegales o vinculación con sus actividades.

7.- La ampliación de la democracia participativa. Democratizar la sociedad.

Necesitamos que surja un poder público ciudadano que participe protagónicamente en las decisiones públicas, que ejerza control y veeduría social, que intervenga en la concertación de las salidas a los problemas del país.

Se requiere estimular el sistema de organización de la sociedad y crear espacios de participación efectiva con el fin de garantizar la defensa y cumplimiento de los derechos humanos, que no responda a una noción formal de participación sino a un proceso social incluyente y autónomo.

Es esencial la educación en los valores y prácticas democráticos en el plano de la educación formal y de la vida cotidiana.

Es importante resaltar la necesidad de un sistema integrado de participación que considere las múltiples reglamentaciones bajo una visión global, como complemento a todas las modificaciones del sistema de representación.

Para profundizar la democracia se debe avanzar en la generalización de mecanismos que permitan a la ciudadanía ser deliberante y decisoria en la adopción de políticas públicas, proveyendo los medios y la regulación necesaria para que dicha participación sea efectiva y no marginal.

Ello debe conducir a:

1. Modificar los obstáculos (porcentajes) que dificultan la puesta en práctica de los mecanismos de participación previstos en 1er parágrafo del Art. 103 de la Carta (Ley 134).

2. Desarrollar de manera efectiva el parágrafo 2º del Art. 103 de la Carta sobre la promoción de las organizaciones ciudadanas.

3. Se adopta el sistema de planeación y presupuesto participativos y la construcción de política pública con amplia participación ciudadana en todos los niveles administrativos.

4. Se adoptará un estatuto especial de contratación administrativa con organizaciones comunitarias, sociales y de utilidad común que incluya los criterios y procedimientos que garanticen la transparencia y la eficiencia sin la carga de requisitos económicos onerosos.

5. Para efectos de la contratación y todos los demás efectos legales pertinentes se organizará el registro de las organizaciones sociales, comunitarias y de interés común en una cámara social financiada con un recurso mínimo provenientes de las Cajas de Compensación Familiar, las Cooperativas, Sena, Ongs y Asociaciones Profesionales, retirando dicho registro de las Cámaras de Comercio donde hoy está reduciendo al mínimo los costos que por los servicios de esta cámara social tengan que pagar las asociaciones ciudadanas. La Cámara Social cumplirán en el campo social funciones análogas a las que en el campo comercial cumplen las actuales Cámaras de Comercio.

6. Se propone reconocer rango constitucional a los procesos constituyentes locales y adoptar medidas para que el Estado promueva y apoye tales mecanismos y les otorgue poder vinculante.

COMISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PDA CONFORMADA PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Cesar Manrique
Daniel Libreros
Carlos Romero
Germán Ávila
Jaime Caycedo
Alberto Tellez
Antonio López
Arnulfo Bayona
Guillermo Asprilla

Agradecemos los aportes en esta discusión de:

Luís Sandoval
Rodolfo Arango
José Gabriel Fonseca
Armando Novoa
Marco Romero
Alejandra Barrios
Álvaro Villarraga
Nicolás Montoya
Gabriel Bustamante
Jesús Antolinez