Al evento que fue presidido por la Senadora Gloria Inés Ramírez, Vicepresidenta de la Comisión, asistieron representantes del Ministerio de la Protección Social, del Consejo Superior de la Judicatura, de los gremios económicos (Consejo Gremial, ANDI y ACOPI), del movimiento sindical (Centrales obreras y numerosos sindicatos), de la academia, de organizaciones de profesionales del derecho laboral y, desde luego, los parlamentarios de la Comisión VII de Senado y algunos de su correspondiente de la Cámara de Representantes, quienes expusieron sus opiniones sobre el proyecto de ley. También se hizo presente una delegación de sindicalistas de Estados Unidos y la Gran Bretaña, cuya representante, Linda Chávez Thompson, brindó un saludo a los asistentes.

De las exposiciones escuchadas se concluye que la propuesta del gobierno se limita a trasladar la facultad de calificar las huelgas a la justicia laborar y modificar algunas normas sobre con sobre convocatoria de tribunales de arbitramiento, pero sin tocar temas sustanciales como los derechos de negociación y huelga para los servidores públicos, la calificación de servicios públicos esenciales, las caudales de ilegalidad de las huelgas, los contrapliegos patronales y la composición de los tribunales de arbitramento, cuya comunidad conexidad con el tema en discusión es indiscutible. Su verdadero afán es demostrar ante la OIT y ante los sectores que en Estados Unidos se oponen al TLC, que cumple con los requerimientos internacionales en materia laboral, cuando en realidad está lejos de hacerlo.

Los empresarios, por su parte, aunque dicen apoyar el proyecto, pretenden que el traslado de la facultad de calificar las huelgas a la justicia laboral sea sólo para el sector estatal y que el Ministerio de la Protección Social mantenga esa atribución cuando se trate de huelgas en el sector privado.

En cuanto al movimiento sindical, fue evidente que comparte la propuesta de entregarle a la justicia laboral esa facultad, pero la gran mayoría considera que también deben contemplarse en el proyecto los temas conexos para armonizar la legislación laboral con los convenios y recomendaciones de la OIT y para que en Colombia tenga vigencia real la libertad sindical.

Lo importante es que el debate está abierto y que si se articula el trabajo de los parlamentarios amigos de los trabajadores con la acción de masas del movimiento sindical, será posible obtener al final una ley que avance en el reconocimiento de derechos fundamentales que hasta hoy les han sido negados a los trabajadores.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2008