Hoy, después de casi cuatro años, el Gobierno nacional, en cabeza del ministro de la Protección Social, arguye que la ESE Policarpa Salavarrieta es inviable financiera y operativamente y que, por eso, es necesario liquidarla. El mismo cuento, el mismo argumento utilizó cuando, por decretos, también liquidó la ESE José Prudencio Padilla de la Costa Atlántica, que atendía la población afiliada al ISS en los departamentos de Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y San Andrés, y la ESE Rafael Uribe Uribe que prestaba la atención en servicios de salud a la población usuaria de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó".

Es sorprendente la estrategia que utiliza el gobierno para cerrar clínicas y CAA, al militarizarlas en horas de la noche e impedir, al día siguiente, el acceso de los trabajadores a sus sitios de labores, y a los usuarios a que se les atienda debidamente.

Está desprestigiando a los trabajadores y a las instituciones que los agremian, pues ante los medios de comunicación del país y la opinión pública nacional ha tildado a estas instituciones gremiales y sindicales de ser "generadoras de disturbios". Ante esta medida, el país se escandaliza y se cuestiona la forma improcedente del gobierno nacional de buscar soluciones a la crisis de la salud y, para rematar, el Ministro de la Protección Social afirma en los diferentes medios de comunicación que es una estrategia que volverá a utilizar si es necesario en tanto ha invocado el respeto al Derecho Internacional Humanitario, por el incidente ocurrido entre los trabajadores del Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Ibagué, con un de los médicos ortopedistas, durante el proceso de desalojo, quien protestó por el irrespeto, según sus palabras, al personal médico y a las instituciones de salud en cualquier circunstancia, pero con su mismo silencio justifica que personal de policía encapuchado, en actitud de asalto y seguido de un grueso piquete, rompiendo candados y violentando las instalaciones, se haya tomado a las 3:30 de la madrugada del día 28 de julio de 2007, esas instalaciones, en un acto de guerra que pudo comprometer la integridad de los pacientes.

Hechos como estos constituyen un claro ejemplo de violación de respeto a la misión médica, la cual está consagrada en la normatividad internacional y que seguramente será denunciado por los trabajadores como un acto de guerra y de barbarie que se vive en el país. Así, se queja el Ministro de los actos de protesta de los trabajadores, como actos de intolerancia y de barbarie, mientras justifica su responsabilidad en los actos de violación a la misión médica, sea cual fuere su causa. Yo pregunto a la población colombiana: ¿será que pueden los trabajadores de la salud creer en la no violencia en la solución de las diferencias, cuando el Ministro mostró lo contrario?

Aunque el Gobierno trata de hacer las cosas muy prudentemente, en el fondo, ya son bastante notorios ante la misma opinión pública nacional, su actitud y sus nefastos propósitos: lo que están preparando el Gobierno y sus áulicos es la venta a las multinacionales, que negocian con la vida y la enfermedad de los pacientes, de las instalaciones tanto de clínicas como de centros de atención ambulatoria de la ESE, a sabiendas que se trata del patrimonio público construido por trabajadores y usuarios con sacrificios, trabajo, entrega y amor . Otra prueba contundente del objetivo del Gobierno de ponerle fin a la seguridad social pública en pro de su privatización.

Hoy es totalmente comprensible la estrategia gubernamental de haber dividido a la empresa más importante de seguridad social del país, como en otrora lo fuera el Instituto del Seguro Social, "dizque" en la búsqueda de mejorar la salud de los colombianos; como ya lo dice el reconocido refrán "divide y vencerás". Primero debilitó al Seguro Social, lo desprestigió, lo marchitó, lo hirió de muerte; claro, es necesario acabar con todo lo que tiene carácter de social, porque lo social se constituye en un estrobo para las ganancias económicas. Las cosas se le han facilitado al crear siete (7) empresas sociales del Estado (ESE) que, poco a poco las ha ido debilitando, no sólo financieramente el negarle los recursos necesarios para su subsistencia, sino también al recortar el personal de salud que allí se ha venido desempeñando honesta y responsablemente.

Dejo constancia en esta plenaria y denuncio una vez más ante los medios de comunicación y ante la comunidad colombiana en general, la forma inmisericorde del Gobierno nacional, en cabeza de su Ministro de la Protección Social, con que ha burlado los derechos de los usuarios de la salud y de los trabajadores de este sector Centro Oriente del país, dejándolos a la intemperie y sin ningún tipo de protección. Rechazo que la liquidación de la ESE se haya realizado sin haberse solucionado los problemas de los usuarios, cuya mayoría está afiliada a la EPS Seguro Social y argumentando que el déficit institucional superaba ya los quince mil millones de pesos ($15.000 millones). Además, estoy totalmente convencido que esta medida gubernamental continuará incrementando el desempleo pues son cerca de mil diez (1.010) trabajadores que serán liquidados: inicialmente, quinientos setenta y siete (577) trabajadores saldrán en esta primera fase de liquidación, en tanto cuatrocientos treinta y tres (433) se dejarán para posterior despido por encontrase unos próximos a jubilarse y otros gozando de fuero sindical.

Ya se oye en el ambiente el comentario de que este mismo proceder del Gobierno, el de expedir un decreto de liquidación y ocupación de las clínicas y CAA por la fuerza pública, se haría este fin de semana en la ciudad de Bogotá, y es un "run run" que ya empieza a crear terror y pánico entre los trabajadores, usuarios, proveedores y la comunidad en general.

La Superintendencia Nacional de Salud, en su informe 2006, había manifestado que la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento es totalmente viable en el aspecto financiero; igualmente, la misma junta directiva de la ESE, cuya mayoría hace parte del gobierno, aprobó los estados financieros el año pasado, así como lo hizo la Revisoría Fiscal. La Contraloría General de la República aprobó los resultados y concluyó que, con los balances 2005 y 2006 de la ESE, año tras año, desde el 2003, ha arrojado utilidades financieras que, acumuladas a junio 30 de 2007, ascienden a veinticuatro mil novecientos setenta y seis millones de pesos ($24.976 millones), suma que, lógicamente, no pueden dejar pasar desapercibidamente los negociantes de la salud. Además, las evaluaciones técnicas realizadas por el mismo Ministerio de la Protección Social confirman la viabilidad financiera y una adecuada administración. Esta información ha sido corroborada por el Seguro Social frente a la evaluación de los servicios de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, en especial en el último año, pues dicha información permitió que el Seguro Social se haya puesto al orden del día en todos los procesos represados que exige la liquidación para dar paso a la tan favorecida "Nueva EPS" que entraría a reemplazar al ISS. No se puede desconocer que la producción de todos los servicios ha ido aumentando año en año cumpliendo así no sólo las exigencias de calidad, sino también mejorando la oportunidad, no obstante los recortes presupuestales a que ha sido sometida por el Gobierno.

Por eso, dejo constancia en esta plenaria que no hay ninguna razón valedera que justifique la reestructuración ni la liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, como de ninguna de las que ya han sido liquidadas y las que quedan por liquidar.

Hago un llamado al Gobierno nacional para que venda lo suyo, si quiere, pero que respete el patrimonio de los colombianos, que no acabe con el patrimonio público buscando incrementar las arcas del monopolio extranjero. Manifiesto con toda firmeza mi protesta por la forma unilateral, agresiva y arbitraria como el Gobierno nacional continúa liquidando las diferentes ESE que resultaron de la escisión del Seguro Social que, además, no consultó las reales necesidades de sus usuarios ni las de los trabajadores y no tuvo en cuenta la opinión de este Congreso.

Para finalizar, quiero resaltar que, curiosamente, ni en el portal de la Presidencia, ni en el del Ministerio de la Protección, aparece el texto del Decreto 2886 del 27 de julio de 2007, y sólo se conoce por referencias de prensa, con el pretexto que, para brindar calidad y oportunidad en la atención de salud y teniendo en cuenta criterios de estabilidad financiera, se haya decretado el contrato de arrendamiento con la EPS CAPRECOM y FIDUAGRARIA S.A. como ente liquidador, de las clínicas Manuel Elkin Patarroyo de Ibagué y Carlos Hugo Estrada de Villavicencio, mientras los demás centros de atención de Tunja, Duitama y Sogamoso, pertenecientes a la ESE Policarpo Salavarrieta serán liquidados. Es falso lo sostenido por el Ministro, que con el proceso de la toma de las instalaciones hospitalarias de dichas ciudades, se acabó con la liquidación de la entidad, cuando ésta apenas comienza, y que con estas medidas se darán alternativas de atención a los usuarios, bajo la promesa de mejorar la calidad de los servicios.

Como miembro del PDA, en su debida oportunidad adelantaré un debate en torno a la crisis y dificultades de atención en salud que padecen los usuarios de las liquidadas hasta ahora ESE DEL ISS, JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y RAFAEL URIBE URBE. Y me comprometo a que, desde la bancada del Polo, y con mis colegas congresistas, seguiré luchando para que se legisle en beneficio del pueblo colombiano. A su vez, hago un llamado a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse en contra de las decisiones gubernamentales que en nada benefician a la sociedad, y a las organizaciones de los trabajadores, a los pensionados y al pueblo en general a movilizarse en su rechazo.