Polo Democrático Alternativo

El anterior panorama contrasta fuertemente con las grandes ganancias obtenidas por la EPS y ARS privadas, cuyos dueños son principalmente el sector financiero especulativo. Ganancias que superan las tasas de la intermediación del capital financiero y las bolsas de valores. Lo que demuestra claramente que el actual modelo de salud está en crisis para los usuarios y los trabajadores pero favorece a los especuladores, últimos beneficiarios de la Ley 100 que se implantó desde 1993, cuyo coautor es el actual presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y su cúpula de asesores del Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional, quienes siempre han visto la salud y la prestación de los servicios como un negocio a usufructuar en aras del interés particular y no general.

Hoy, más del 70% de 17 billones de pesos le son entregados por el sistema a las EPS y ARS privadas y en cálculos hechos por estudios académicos se puede afirma que cerca del 36% le quedan como ganancias al sector financiero especulativo, lo que demuestra que, habiendo dinero importante en el sistema, este está siendo usufructuado por intereses privados y pone hoy más que nunca de manifiesto la necesidad de echar abajo el negocio haciendo una nueva ley que reivindique el derecho a la salud como derecho fundamental y que acabe de una vez por todas con los oscuros negociantes del sufrimiento de amplias capas de la población.

Es importante resaltar en este desastroso panorama, cómo el 48% de la población no tiene acceso a las más mínimas atenciones pues no está afiliado a ninguno de los denominados régimen: contributivo y subsidiado, sino que cabe en la mentirosa denominación de vinculados siendo realmente los desvinculados y excluidos, los cuales no reciben atención ni en los hospitales denominados públicos pues estos o están cerrados o están en déficit financiero.

La desfinanciación de la red pública hospitalaria es tal que sólo en Antioquia a las ESE (Empresas Sociales del Estado) antes denominados Hospitales, las EPS, ARS, DLS, SOAT, entre otros aseguradores, les adeudan más de 164.000 mil millones de pesos, cifra de la cual el 46% es cartera a más de 180 días, es decir impagable, y a nivel nacional se calcula en cerca de 3 billones de pesos. Igual cifra se le puede adeudar a los prestadores privados llamasen clínicas, cooperativas o trabajadores independientes. Esta situación, en pocas palabras, quiere decir que son los prestadores y obviamente los usuarios de los servicios los grandes perdedores del momento, lo que configura una de las mayores corrupciones ante la cual el Gobierno y los organismos de control hacen oídos sordos y pasan de agache como coloquialmente se denomina.

La actual reforma en salud fue concebida en el denominado consenso de Washington en 1989, uno de cuyos ejes fundamentales está en la privatización de las entidades Estatales y la entrega al sector financiero especulativo para su explotación y usufructúo; además, paralelo a ello, la deslaboralización y la implementación de formas de tercerización del talento humano como hoy lo estamos viviendo en casi la totalidad de las ESE del país.

La pregunta a resolver ahora es, entonces, ¿qué hacer?

La primera consideración es afirmar que el actual Gobierno y el Congreso mayoritariamente no están interesados en hacer una reforma que conduzca a un cambio de modelo.

Partiendo de esta premisa, tendríamos que resolver, entonces, el problema de lograr un nuevo gobierno que permita empezar a realizar cambios relacionados con reformas estructurales y no solamente de retoques a la actual ley, teniendo como punto de partida el elevar a nivel constitucional el principio de la salud y la prestación de atenciones asistenciales como un derecho humano fundamental, para lo cual propondríamos una reforma constitucional.

Acabar con la intermediación de los recursos de la salud y buscar formas diferentes de financiación, no sólo con cotizaciones mediante el mecanismo de castigo al salario que podría ser mediante impuestos a la renta, estableciendo una bolsa común, un pagador único de orden público y que, además, garantice que todo prestador, sea público o privado, reciba el pago justo y oportuno.

Recuperar la red pública hospitalaria y el ISS mediante su refinanciación con recursos del presupuesto nacional y estableciendo una verdadera red prestadora, mediante niveles claros de atención que obedezca a consideraciones de orden socio-cultural-geográfico y de facilidad para el usuario; además, facilitar con aportes estatales su desarrollo organizacional y tecnicocientífico que obedezca a consideraciones de orden académico y necesidades de atención con calidad, oportunidad y calidez, y no sólo de mercado.

Establecer nuevamente las plantas de personal con estabilidad y salarios justos, rescatando de contera la autonomía en el ejercicio profesional, legislando en torno al desarrollo del artículo 53 de la constitución que ordena hacer un estatuto del trabajo con principios mínimos tales como: “igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; el pago oportuno del salario y los reajustes periódicos a las pensiones, entre otros”.

Poner la salud pública como conjunto de políticas y saberes al mando de la dirección del sistema, recuperando el Ministerio de Salud y la direcciones de salud como instituciones de dirección del sistema y no como hoy ocurre que sólo son contratantes y giradores de los recursos a las EPS y ARS.

Un plan de salud amplio de acuerdo a las necesidades e impactos de los problemas de salud más frecuentes y hacia las poblaciones con mayor carga de enfermedad, dejando que sean las instituciones académicas las que definan cómo y con qué se manejan las patologías, partiendo del principio de que la promoción y prevención de las enfermedades sea el hilo conductor en la atención se respete la autonomía en el ejercicio de las profesiones.

Desarrollar la industria nacional de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios, para lo cual es necesario el apoyo financiero estatal en una clara política de soberanía nacional que es incompatible con la del actual TLC firmado por el Gobierno, el cual deberá ser ratificado por el Congreso, la Corte Constitucional, pero, más importante aún, por el propio constituyente primario el cual, creemos, va a rechazarlo por inconveniente al interés nacional y al interés de la propia salud de los colombianos.

Recuperar para las Universidades el papel protagónico en la investigación científica, que conduzca a que el país pueda desarrollar y apropiar conocimiento rompiendo con la dependencia extranjera que no sólo produce indignación sino altos costos al sistema de salud.

Como se puede entender, los anteriores y otros criterios serían un verdadero revolcón a lo que hoy vivimos pero, con entera seguridad, es el único camino y sólo es posible andar por él siempre y cuando todas y todos los colombianos decidan acompañarnos.