Doctor

JULIO CÉSAR TURBAY QUINTERO

Contralor General del República

EDGARDO JOSÉ MAYA V.

Procurador General de la Nación

Bogotá

En reunión realizada el 14 de agosto de 2007 en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, para promover la venta de acciones de Ecopetrol, los funcionarios de la petrolera explicaron que quien adquiera acciones de la empresa conseguirá utilidades del 42,39 por ciento en los primeros doce meses. La misma ganancia fue anunciada, luego de estudios de su parte, por la empresa Correval, de acuerdo con lo publicado en La República el 13 de agosto de 2006.

¿Negocios lícitos con utilidades de 42,39 por ciento en un año? ¿Cómo se da la certeza, y de antemano, de ganancias de ese calibre, sin que estén garantizadas nuevas y grandes utilidades de Ecopetrol? De una sola manera: porque las acciones de la empresa estatal se van a vender por debajo de su valor real y del que pueden alcanzar sin necesidad de privatizarla, hecho que significa que está en ciernes una operación financiera que defraudará el interés nacional.

Además, la venta a menos precio de las acciones de Ecopetrol fue oportunamente advertida por nosotros en el Congreso, al igual que en la prensa por reconocidos analistas. Según Eduardo Sarmiento Palacio, “como ha ocurrido en todas las privatizaciones en Colombia y en América Latina, adquirirán la empresa por debajo de su valor real” (El Espectador, 13 de agosto de 2006). Y Mauricio Cabrera Galvis explicó: “Es lógico que los compradores privados van a exigir un precio muy bajo por las acciones de Ecopetrol. Inclusive inferior al que pagaron por ISA, el cual fue muy criticado en su momento” (Portafolio, 8 de agosto de 2006).

Este asalto al interés nacional, de otra parte, pretende justificarse mediante la engañifa de que Ecopetrol se privatizará en beneficio de “los colombianos”, como si hoy el ciento por ciento de la empresa, por ser de la Nación, no le perteneciera a todos y cada uno de los 43 millones de colombianos.

Es evidente, por otra parte, que la publicidad que busca crear la impresión de que las acciones de Ecopetrol serán adquiridas por compradores de clase media –no de origen popular, como también sugieren– pretende dos propósitos turbios: convertir a esos pequeños accionistas en defensores de una decisión que lesiona el interés público y utilizarlos para ocultar a los compradores de tipo monopolístico.

Por tanto, cordialmente, les solicitamos que de manera inmediata ordenen suspender la venta de las acciones de Ecopetrol, de manera que se impida una operación que le generará un evidente y grave detrimento al patrimonio nacional.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo Hugo Serrano Gómez

Senador Senador